Caso Diamante: Poder Judicial mueve fecha de audiencia clave y dice que renuncia de juez no afectará

El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública movió la fecha de la audiencia en la cual la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) ya tiene fecha para intentar rescatar el caso Diamante, luego de que un juez anuló las pruebas y los allanamientos obtenidos para sostener la causa sobre una supuesta red de corrupción entre alcaldes y la empresa MECO.

CR Hoy dio a conocer que la audiencia de apelación contra esta resolución estaba pactada inicialmente para el próximo 18 de marzo y 19 de marzo, pero a petición de las partes del proceso, se movió para el 6 de abril.

Será de forma virtual, y en ella los jueces escucharán los argumentos de la Fiscalía, así como los de los abogados defensores de los imputados que forman parte del proceso.

La intención de la Fiscalía es echar para atrás una decisión del Juzgado del pasado 10 de diciembre de 2025, con la cual se ordenó declarar inválidas las escuchas telefónicas y, por ende, todo lo actuado a partir de estas: el resto de las pruebas recopiladas con base en las intervenciones; las detenciones de los imputados; los allanamientos y las evidencias recabadas en ellos; las indagatorias de los involucrados; las medidas cautelares impuestas; y las suspensiones del cargo.

Tal como se encuentra actualmente el expediente, con casi todas las actuaciones anuladas, los elementos probatorios que le restan al Ministerio Público serían muy escasos para sostener la causa tal como fue planteada inicialmente, es decir, bajo la tesis de una red criminal de corrupción que orquestaba, de manera conjunta, favorecimientos entre funcionarios públicos y empleados de la empresa constructora MECO.

Aunque con esa anulación el caso es difícil de rescatar, el Poder Judicial aclaró que el proceso no ha finalizado, no se ha decretado sobre a la inocencia o la culpabilidad de ninguna persona. La resolución versa exclusivamente sobre la validez jurídica de determinados medios de prueba.

Renuncia de juez

Uno de los jueces que estuvo a cargo y tomó esa decisión, Ricardo Alvarado Chacón, renunció al Poder Judicial. Fue él quien también descartó el caso Diamante como crimen organizado, otra resolución que golpeó la solidez de la causa.

Las jefaturas del Ministerio Público han admitido preocupación por este hecho y otros ocurridos durante el trámite.

"Genera preocupación en el sentido de que el Ministerio Público efectivamente ha instado, ha realizado gestiones, ha presentado inclusive hasta pronto despachos, ha hecho todo lo humanamente posible para que esta causa pueda efectivamente avanzar.

Sin embargo, sí, ciertamente nos hemos encontrado con una serie de limitaciones que obviamente nos llaman la atención en virtud de que nosotros queremos que esta causa efectivamente avance y pese a los esfuerzos del Ministerio Público no hemos logrado que se dé ese avance como nosotros hemos y desearíamos", explicó días atrás Tatiana García, la fiscala adjunta Anticorrupción.

Mediante un pronunciamiento, el Poder Judicial descartó que esa dimisión del juzgador afecte la causa.

"El juzgador conoció únicamente un recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de las personas imputadas. No tenía a su cargo la investigación penal, por lo que resulta incorrecta cualquier afirmación en ese sentido. Conforme a la normativa procesal vigente, la investigación penal y el ejercicio de la acción penal constituyen potestades exclusivas del Ministerio Público.

Como se ha indicado previamente, el caso continúa en fase preparatoria y, a la fecha, no se ha dictado resolución que lo finalice o lo dé por concluido.

El sistema penal costarricense, conforme a la Constitución Política de Costa Rica y al Código Procesal Penal de Costa Rica, exige que toda actuación investigativa respete estrictamente el debido proceso y las garantías fundamentales. Cuando una diligencia de investigación no cumple con esos estándares, corresponde al órgano jurisdiccional ejercer control de legalidad y, en su caso, excluir la prueba obtenida", señaló la institución.

Si la Fiscalía no consigue en esta audiencia que la decisión sea revocada y que la prueba sea declarada válida, la otra posibilidad que tiene el Ministerio Público para mantener viva la persecución penal es individualizar las causas; es decir, separar las eventuales conductas ilícitas atribuidas a cada funcionario.

Como el caso inicialmente se tramitó bajo la figura de crimen organizado, se agruparon varios imputados y municipalidades. La alternativa sería investigar los actos irregulares de forma separada en cada gobierno local.

En esta causa figuran como imputados quienes, para noviembre de 2021, ocupaban cargos de alcaldes: Johnny Araya Monge, de San José; Alfredo Córdoba Soro, de San Carlos; Mario Redondo Poveda, de Cartago; Humberto Soto Herrera, de Alajuela; Alberto Cole De León, de Osa; y Arnoldo Barahona Cortés, de Escazú.

El caso Diamante cobró relevancia pública en noviembre de 2021, cuando se realizaron una serie de allanamientos y detenciones de altos funcionarios municipales, en el marco de una investigación por presuntos sobornos y actos de corrupción vinculados principalmente con adjudicaciones de obra pública a la constructora MECO.