Caso Diamante: PLN, PUSC y Nueva República rechazan informe que pide sanción a Johnny Araya
Solo Sofía Guillén y 2 oficialistas lo votaron a favor
Los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y de Nueva República (NR) rechazaron un informe del Caso Diamante que recomendaba sancionar al exalcalde de San José, Johnny Araya; el alcalde de Cartago, Mario Redondo y otros 4 exjerarcas municipales involucrados en este caso.
Los congresistas decidieron por mayoría votar en contra del informe elaborado por la diputada del Frente Amplio (FA), Sofía Guillén Pérez, durante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa en la sesión ordinaria de este jueves 6 de febrero.
Los 5 congresistas que votaron en contra del informe fueron Dinorah Barquero Barquero, Francisco Nicolás Alvarado y Katherine Moreira Brown del PLN, Vanessa Castro del PUSC, y Yonder Salas de Nueva República. En contraparte, los 3 votos afirmativos fueron Sofía Guillén del Frente Amplio y los oficialistas Manuel Morales Díaz y Paola Nájera Abarca.
Ese informe sugirió a la Contraloría General de la República (CGR) ejecutar sanciones de destituciones o inhabilitaciones contra el alcalde brumoso, el exalcalde josefino, y los exlíderes locales Alberto Cole de Osa, Humberto Soto de Alajuela, Alfredo Córdoba de San Carlos y Arnoldo Barahona de Escazú.
El documento solicitaba sancionar a Cristian Boraschi, quien era gerente del Departamento de Gestión Urbana de la Municipalidad de Escazú y el exregidor de Nueva República (PNR) en Golfito, Gustavo Alonso Mayorga.
También se instó a la Contraloría General de la República a que prestara especial atención a las empresas MECO S.A. y Explotec para los procesos de inhabilitación.
Segundo texto
Los diputados del foro legislativo conocieron también un informe elaborado por la diputada Vanessa Castro del PUSC.
En ese mismo informe se sugirió que la Contraloría General de la República (CGR) realizara auditorías exhaustivas y aplicara sanciones administrativas y destituciones a funcionarios implicados.
Al Ministerio Público se le solicitó acelerar la presentación de la acusación formal del caso Diamante y garantizar juicios en el corto plazo, mientras que a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) que evaluara la conducta de los funcionarios implicados para llevar adelante procesos administrativos.
Al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se le pidió investigar a los alcaldes y funcionarios electos, asegurando las sanciones correspondientes en caso de culpabilidad; mientras que a la Asamblea Legislativa que se fortaleciera el marco legal y la creación de una Dirección de Supervisión.
La diputada Sofía Guillén aseguró que tanto el PUSC y el PLN buscaron "suavizar" los hallazgos en los cuales se pidieron sanciones drásticas contra el exalcalde de San José y otros funcionarios implicados en Diamante.
La frenteamplista alegó que en los documentos alternativos se borraron también los señalamientos del auditor de la Municipalidad de San José, Israel Barrantes, por presunta corrupción en el ayuntamiento capitalino al momento en que ocurrió este incidente.
Este informe del PUSC, no dio tiempo de votarse en la sesión de este jueves. Vanessa Castro pidió que lean las conclusiones del informe e incluye elementos del informe del Frente Amplio, con redacciones diferente.
La diputada Dinorah Barquero y presidenta de la Comisión, aseguró que están en compromiso en contra de la corrupción y aseguró que en esta administración gubernamental "hay una pandemia de corrupción".
El diputado Yonder Salas aseguró que el Partido Nueva República elaborará un documento propio que recopile sus propias conclusiones.
Caso Diamante
El caso Diamante se dio a conocer ante la opinión pública el 15 de noviembre de 2021, día en que se realizaron allanamientos en más de 40 puntos, de los cuales detuvieron a 6 alcaldes, entre ellos, Araya, Redondo y otros 4 líderes municipales.
Las autoridades judiciales investigaron el supuesto pago de dádivas y sobornos con el fin de que la empresa constructora MECO ganara licitaciones, pago adelantado de facturas e inicio anticipado de obras públicas.
La Fiscalía detalló que las supuestas dádivas recibidas van desde dinero en efectivo hasta construcciones en viviendas, mientras que también se señalaban todo tipo de favores y hasta vehículos.
Al momento en que ocurrió el caso Diamante, los alcaldes fueron suspendidos de sus cargos por un lapso de 6 meses.
Un criterio del Departamento de Servicios Técnicos detalló que el Reglamento Legislativo establece el procedimiento en que se dispone la forma de conocimiento de los informes remitidos al Plenario por parte de las Comisiones.
El mismo señaló que primero se conocerá el informe de mayoría y que dependiendo de que si es rechazado, se conocerán los informes de minoría en orden decreciente del número congresistas que lo suscriban.