Caso Diamante: Nueva República retrasa votación de su propio informe
Yonder Salas retiró documento y presentó uno nuevo este martes
La posibilidad de dictaminar el informe final del caso Diamante sufrió un nuevo atraso en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.
El diputado del Partido Nueva República (NR), Yonder Salas Durán, retiró el informe que había presentado la semana pasada sobre la presunta corrupción en gobiernos locales y presentó un nuevo texto a la 1:10 p.m. de este jueves 27 de febrero.
Salas aseguró que el nuevo documento incorpora elementos adicionales de investigación, como conversaciones telefónicas y otros insumos que no estaban en la versión anterior.
El congresista sugirió que el informe sea votado con prontitud, a la espera de que el foro parlamentario convoque una sesión extraordinaria para su aprobación inmediata.
Este no es el único retraso: en la sesión del 20 de febrero, el foro parlamentario también conoció que las representaciones del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y del Partido Liberación Nacional (PLN) habían retirado sus respectivos informes.
El pasado 6 de febrero, los congresistas de la comisión rechazaron por mayoría un informe elaborado por la diputada del Partido Frente Amplio, Sofía Guillén, en el cual se proponían sanciones severas contra los funcionarios implicados en presuntas irregularidades.
Guillén expresó este jueves su preocupación por el hecho de que cada semana se retiren y presenten nuevos informes, lo que, según ella, ha convertido el proceso en un ciclo interminable.
Dado que el nuevo informe fue presentado hasta la 1:10 p.m., la diputada solicitó tiempo para revisar su contenido.
Por su parte, la diputada socialcristiana afirmó que no presentará un nuevo informe y que está analizando el documento presentado por Nueva República.
El diputado Salas sostuvo que no se trata de retirar y reemplazar un informe por otro de manera arbitraria, sino de realizar las actualizaciones necesarias conforme avanza la investigación. Durante el foro legislativo, expuso sus argumentos de fondo para agilizar la discusión.
Inicialmente, el informe retirado sugería que el Ministerio Público ampliara la investigación del caso, no solo en relación con los sobornos, sino también respecto a las omisiones en el control administrativo por parte de funcionarios y exalcaldes involucrados.
Durante la sesión, el Departamento de Servicios Técnicos señaló que la presentación de un nuevo informe era válida mientras el proceso se mantuviera en etapas preparatorias. Por ello, Salas tenía la potestad de retirar su informe y presentar un texto sustitutivo.
Recomendaciones
El informe retirado por Nueva República recomendaba que el Ministerio Público investigara si los siguientes alcaldes, exalcaldes y funcionarios públicos incurrieron en presuntos delitos como cohecho, malversación de fondos, tráfico de influencias u otras infracciones:
- Johnny Araya Monge (San José)
- Alfredo Córdoba Soro (San Carlos)
- Alberto Cole de León (Osa)
- Humberto Soto Herrera (Alajuela)
- Arnoldo Barahona Cortés (Escazú)
- Mario Redondo Poveda (Cartago)
- Cristian Boraschi González (Gerente del Departamento de Gestión Urbana de la Municipalidad de Escazú)
- Gustavo Mayorga Mayorga (Exregidor de Golfito)
Además, el informe instaba a investigar posibles actos de corrupción, cohecho y penalidad del corruptor, entre otros delitos, en las empresas MECO S.A., Explotec y Grupo H. Solís, involucradas en el caso.
También se recomendaba a la Contraloría General de la República (CGR) aplicar sanciones a los funcionarios que ignoraran alertas sobre presuntas irregularidades en contrataciones, así como a aquellos en cargos de elección popular.
Asimismo, se proponía exigir mayor planificación y transparencia en los procesos de contratación, alineándolos con la planificación estratégica de cada gobierno local.
Por último, el documento sugería fortalecer los mecanismos de auditoría en las municipalidades y aplicar sanciones conforme a los hallazgos, incluyendo la destitución o inhabilitación de los funcionarios involucrados en irregularidades.
Finalmente, los diputados de la comisión votaron de forma unánime una moción para que no se presenten más informes y establecieron como fecha límite para su dictamen el próximo jueves 6 de marzo.