Caso de bebé a la que iban a dejar morir obliga a la Defensoría a abrir investigación
El caso de la pequeña Isabela del Milagro, a la que iban a dejar morir en el hospital La Anexión, Guanacaste, por nacer prematura, motivó el inicio de una investigación en la Defensoría de los Habitantes.
El ente confirmó este miércoles que le pondrá la lupa a los partos de alta complejidad que ocurren sobre todo en las zonas rurales, como en el caso viralizado en redes este martes.
Para la Defensoría, la situación presentada en el hospital nicoyano, podría ser una muestra de lo que está ocurriendo también en otros centros médicos similares.
"Se presenta como un tema de obligatoria intervención el investigar la capacidad resolutiva que tienen los centros de atención en salud en la especialidad de gineco-obstetricia de las diferentes regiones del país para atender los casos de alta complejidad, donde la salud de la mujer embarazada y de sus bebés pueden estar en condición de riesgo, al momento del parto", señaló el ente.
Esa autoridad mostró su preocupación por las limitaciones para recibir atención de calidad que tienen las embarazadas, particularmente en los hospitales periféricos, al enfrentar casos de alto riesgo en el momento del parto, como el que motivó la situación actual y cuyas redes de servicios de atención registran una presunta saturación de los mismos.
"Situaciones como la presente, podrían estar generando barreras de acceso, condiciones de exclusión y desigualdades violatorias de los derechos humanos entre las mujeres gestantes de la Gran Área Metropolitana y de las zonas rurales del país. Resulta demandante, por tanto, diagnosticar las condiciones de prestación de los servicios, los recursos disponibles y la articulación que existe en las redes para la atención de la población", comentó.
La Defensoría recordó que los casos de violencia obstétrica comprobados describen situaciones de humillación, maltrato verbal, procedimientos médicos sin consentimiento, culpabilización, violación al derecho al acompañamiento, incumplimiento del consentimiento informado, negativa a administrar analgésicos durante procedimientos dolorosos o u otros procedimientos.
Así como violencias estructurales visibles en el rechazo en la admisión en centros de salud, incluso en casos de emergencia, incumplimiento de los protocolos de atención durante el parto y para la prestación de servicios adecuados para las mujeres y sus bebés.
"Todas estas acciones y omisiones de parte del personal de salud son un trato deshumanizado y discriminatorio que constituyen graves violaciones a la dignidad y a los derechos humanos de las mujeres y de sus bebés", sentenció el ente defensor.
Desde el 2014 a la fecha, la Defensoría ha atendido un total de 300 quejas -entre consultas e investigaciones- relacionadas con violencia obstétrica.