Caso Coraza: Fiscalía critica liberación de sospechosos de narco tras poner millonarias propiedades como garantía
Los detenidos cuentan con bienes de alto valor, según la Fiscalía.
La Fiscalía Adjunta de Liberia confirmó que varios imputados en el caso Coraza ,por tráfico internacional de drogas y legitimación de capitales, obtuvieron cambios en sus medidas cautelares tras ofrecer propiedades como garantía, pese a que el Ministerio Público había solicitado desde el inicio que permanecieran en prisión preventiva.
De acuerdo con la fiscalía, el Ministerio Público pidió al Juzgado Penal de Liberia la aplicación de la prisión preventiva contra los sospechosos, al considerar que existían riesgos procesales, entre ellos peligro de fuga, la alta penalidad del delito —que puede alcanzar hasta 20 años de cárcel—, así como arraigos laborales débiles.
La fiscalía expuso que, según la investigación, los imputados presuntamente integrarían un grupo organizado con amplios recursos económicos, evidenciados en la posesión de vehículos modificados y de alta gama, caletas, armas prohibidas, avionetas y diversas actividades económicas, elementos que, a criterio de la Fiscalía, facilitarían la ejecución de la actividad criminal.
ElMinisterio Público destacó la magnitud del daño causado, al considerar que la organización habría utilizado al país como plataforma para tráfico de drogas a gran escala, con repercusiones para la salud pública.
Inicialmente, el Juzgado Penal acogió la solicitud fiscal y dictó prisión preventiva, medida cautelar que posteriormente fue confirmada por un Tribunal Penal. Sin embargo, con el avance del proceso, distintos tribunales resolvieron modificar las medidas cautelares en favor de algunos imputados, tras valorar solicitudes presentadas por las defensas.
Uno de los casos corresponde al imputado de apellido Sáenz Álvarez, quien se encontraba en prisión preventiva. No obstante, el Tribunal Penal de Nicoya autorizó sustituir esa medida por una garantía inmobiliaria, respaldada con una propiedad.
La Fiscalía objetó el cambio al considerar que la garantía ofrecida no cubría los riesgos procesales señalados, pero el tribunal decidió mantener la variación de la medida. Según indicó el Ministerio Público, la legislación no permitía apelar esa decisión.
Una situación similar ocurrió con la imputada Brenes Gómez, quien también estuvo en prisión preventiva. Tras una apelación presentada por su defensa, un Tribunal Penal modificó la medida cautelar a arresto domiciliar, resolución contra la cual tampoco existía posibilidad de apelación.
Otro de los imputados beneficiados con cambios en las medidas cautelares es un hombre de apellidos Mairena Alvarado. En su caso, el Tribunal Penal aceptó el ofrecimiento de una fianza hipotecaria sobre un bien inmueble, lo que permitió sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliar, visitas de la Fuerza Pública y la obligación de firmar periódicamente.
El Ministerio Público apeló esta resolución; sin embargo, el Tribunal Penal confirmó el cambio de medida cautelar, lo que cerró la posibilidad de nuevos recursos.
A pesar de estas resoluciones judiciales, la causa continúa en fase de investigación. La Fiscalía de Liberia expresó preocupación por este tipo de decisiones cuando las variaciones de medidas cautelares se sustentan en el ofrecimiento de bienes como garantía.
Según el despacho, en investigaciones vinculadas con delitos como narcotráfico y legitimación de capitales, la posesión de bienes de alto valor suele formar parte de la dinámica económica de estas organizaciones, lo que podría traducirse en beneficios procesales para los imputados debido a su capacidad económica.
Aunque el Ministerio Público indicó que respeta las resoluciones judiciales, considera que este tipo de cambios no siempre reflejan de manera integral la gravedad de los hechos investigados, el contexto del caso y los riesgos procesales existentes.
"A criterio del despacho, esto puede traducirse en beneficios procesales que permiten a personas imputadas por hechos graves enfrentar el proceso en condiciones más favorables debido a su capacidad económica. Aunque se respeta la decisión judicial, la fiscalía considera que estas variaciones de medida no siempre toman en cuenta de manera integral la gravedad de los hechos, su contexto y los riesgos procesales existentes", explicó el Ministerio Público en un correo electrónico.
A los sospechosos les decomisaron millonarios bienes: carros, propiedades y ganado.
El Caso Coraza
El denominado Caso Coraza es una investigación desarrollada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público de contra una presunta organización dedicada al tráfico internacional de drogas y legitimación de capitales que operaba principalmente en la provincia de Guanacaste.
La pesquisa comenzó en febrero de 2022, cuando autoridades judiciales iniciaron labores de inteligencia para rastrear una estructura criminal que, aparentemente, coordinaba el envío de cargamentos de cocaína desde Costa Rica hacia México y Estados Unidos mediante avionetas y pistas de aterrizaje clandestinas.
De acuerdo con las investigaciones, el grupo utilizaba pistas aéreas en zonas rurales y, presuntamente, la pista de aterrizaje de un hotel ubicado en Punta Islita, en Nandayure, para movilizar la droga hacia el extranjero.
Las autoridades lograron vincular a la organización con varios decomisos de cocaína, entre ellos el hallazgo de 432 paquetes de droga en noviembre de 2021 en playa Bejuco de Nandayure, así como otro cargamento de 409 paquetes decomisado en Santa Cruz de Guanacaste.
En julio del 2024, agentes del OIJ realizaron 29 allanamientos en distintos puntos del país —entre ellos Bagaces, Liberia, Nicoya, Santa Cruz, San Ramón y La Guácima—, que culminaron con la detención de al menos 12 personas sospechosas de integrar la estructura criminal. Entre los arrestados figuraban presuntos colaboradores de la organización, incluido un jefe de la Fuerza Pública de Nandayure y otras personas vinculadas con las operaciones logísticas del grupo.
Según las autoridades, la organización era liderada por un sujeto de apellido Fonseca, quien habría coordinado el envío de cargamentos de droga fuera del país y la estructura de apoyo en tierra.
Además del narcotráfico, la investigación determinó que la agrupación habría legitimado ganancias ilícitas mediante la compra de ganado, propiedades y vehículos, aprovechando la posibilidad de realizar transacciones en efectivo dentro de la actividad ganadera.
Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron más de mil cabezas de ganado, vehículos de alta gama, armas, dinero en efectivo y varias propiedades, bienes que posteriormente pasaron a manos del Estado para su administración o subasta.