Caso Coopeservidores: A la Fiscalía le tomará 12 años respaldar información recabada en dispositivos decomisados
El fiscal Miguel Ramírez dijo que es materialmente imposible respaldar 16 teras de información del caso Coopeservidores.
El Ministerio Público tiene serios problemas para extraer toda la prueba que fue recabada en los allanamientos de setiembre de 2024 por el caso Coopeservidores, debido a limitaciones tecnológicas para procesar grandes volúmenes de datos.
El Ministerio Público ejecutó 23 allanamientos y decomisó 16 terabytes (TB) de información. Extraer todo el contenido podría tomarles hasta 13 años.
"Solo para el caso Coopeservidores ocuparíamos casi 13 años para poder extraer información y poderla leer y compaginar y poderla textualizar. Estamos hablando de 16 teras de información. Entonces, vamos a tener que ir limitándonos a puntos estratégicos para obtener un excelente resultado", afirmó Miguel Ramírez, fiscal adjunto de Anticorrupción.
La Fapta reconoce que, ante este escenario, debe priorizar los equipos con mayor probabilidad de contener datos relevantes y concentrar ahí los esfuerzos técnicos. Sin embargo, admite que esa selección podría implicar la pérdida de información importante al descartar dispositivos que, por su ubicación en la estructura investigada, no se consideren prioritarios.
Las autoridades intervinieron viviendas de exdirectivos, empresas vinculadas y sucursales de la entidad en San José, Alajuela y Heredia, como parte de la investigación por presunta administración fraudulenta y estafa mayor. El operativo culminó con la detención de 10 personas, entre ellas el exgerente de apellido Hidalgo Chaves.
También figuran los exfuncionarios de apellidos Lozano Galindo, Chinchilla Villalta, Mora Sánchez, Torres González, Bejarano Barquero, Mora Arias, Quesada Muñoz, Corredera Ramos y Gutiérrez Mora.
Los allanamientos en propiedades y oficinas buscaron recopilar documentación, equipos electrónicos y registros financieros para esclarecer el presunto manejo irregular de recursos, eventuales conflictos de interés y la aparente compra de vehículos de lujo. Algunas diligencias se relacionan con CoopeFénix, SCLA S.R.L. y RGM Servicio de Limpieza.
Debido a la gran cantidad de información almacenada, los fiscales incautaron todos los equipos localizados. No obstante, al generar los respaldos enfrentaron la falta de espacio y de capacidad técnica para completar el proceso.
Fuerte limitación
Casos de delitos económicos como Coopeservidores, Aldesa y Desyfin evidenciaron esta limitación estructural. Según la Fiscalía, la falta de herramientas tecnológicas retrasa las investigaciones y obliga a replantear la gestión de la prueba digital en procesos complejos.
Sucursal de Coopeservidores
Situación actual del caso Coopeservidores
En enero de 2026, el Juzgado Concursal ordenó la apertura de la fase de liquidación del proceso concursal de Coopeservidores R.L., con el fin de que una junta liquidadora venda activos y pague a acreedores y ahorrantes conforme a la normativa vigente.
El proceso formal inició el 5 de enero de 2026, tras la designación de la junta liquidadora y la preparación de notificaciones a las personas afectadas.
En 2025, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) intervino la entidad y la declaró inviable financieramente. Posteriormente, vendió parte de su cartera de créditos al Banco Popular.
El Conassif autorizó pagos adicionales a personas afectadas, en especial a quienes mantenían ahorros superiores a ₡6 millones, tras la venta de activos.
Miles de ahorrantes aún deben presentarse ante el Juzgado Concursal para reclamar montos no cubiertos durante el proceso de resolución.
Como parte de la investigación y la liquidación, las autoridades pusieron a la venta vehículos de lujo y otros bienes presuntamente adquiridos con fondos de Coopeservidores, con el objetivo de recuperar recursos para los acreedores.