Caso Cochinilla sigue empantanado tras 5 años
La revisión de apelaciones pendientes desde 2022, audiencias judiciales programadas para los próximos años y la falta de diligencias investigativas que aún no han concluido mantienen en vilo el caso Cochinilla, uno de los mayores escándalos de obra pública del país, que estalló el 14 de junio de 2021.
El escándalo estalló el 14 de junio de 2021, cuando el OIJ y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) ejecutaron 57 allanamientos simultáneos en instituciones como Casa Presidencial, el MOPT y el Conavi, además de empresas privadas y viviendas. El operativo dejó 30 detenidos, entre ellos los empresarios Carlos Cerdas Araya (Meco) y Mélida Solís Vargas (H. Solís), así como altos funcionarios del Conavi.
El expediente se dividió en cuatro partes: la causa principal y tres ramificaciones paralelas. Es la causa principal la que más obstáculos ha enfrentado. Según las partes intervinientes, aún falta una gran cantidad de investigación por realizar.
Ni siquiera se ha podido efectuar la apertura de los 244 equipos electrónicos decomisados. La FAPTA está a la espera de que el Juzgado Penal lleve a cabo la apertura digital de los dispositivos confiscados durante los operativos de 2021, un paso crítico para que la Fiscalía pueda presentar el acto conclusivo que resuelva el expediente.
A paso lento, la Fiscalía y el Departamento de Delitos Económicos y Financieros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) han estado recabando información que se ha ido incorporando al expediente. No obstante, aún quedan numerosos análisis contables por concluir.
Apelaciones y defectos
El Tribunal Penal de Hacienda tiene pendiente una audiencia para analizar apelaciones y actividades procesales defectuosas interpuestas por las defensas, programada para el 20 y 22 de julio. La diligencia se ha intentado celebrar en cuatro o cinco ocasiones sin éxito: en dos de ellas se detectó que partes no habían sido notificadas; en otra, el juzgado envió documentación incompleta; y en la más reciente, una recusación contra la jueza encargada obligó a suspenderla.
El abogado Francisco Campos, defensor de Mélida Solís, explicó que los recursos buscan invalidar los allanamientos y las intervenciones telefónicas a raíz de la derogatoria del artículo 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, lo que podría dejar el caso casi sin efecto.
"Por ejemplo, en 2022 se planteó una actividad procesal defectuosa relacionada con la derogatoria del artículo 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Esa gestión se resolvió favorablemente para la defensa, en el sentido de que el artículo efectivamente estaba derogado; sin embargo, no se nos dio la razón respecto de los efectos que dicha derogatoria debía tener sobre el proceso", detalló.
También existen actividades procesales defectuosas relacionadas con la fecha real de la firma mediante la cual se ordenó la declaratoria de organización criminal dentro del proceso. Asimismo, se han planteado cuestionamientos respecto de los allanamientos y las intervenciones telefónicas por motivos distintos.
Causas paralelas
De los expedientes derivados, varios ya concluyeron la fase de investigación y dieron paso a un total de cuatro acusaciones penales. Solo uno de ellos ya fue resuelto y ocurrió recientemente.
Durante el 2 y el 3 de marzo anteriores se desarrolló la audiencia preliminar en la que, por primera vez en el país, se aplicó una medida alterna a una persona jurídica acusada. La Fiscalía indicó que, por tratarse de un proceso privado, no podía brindar más detalles.
En cuanto a los otros procesos acusados por la FAPTA, ahora corresponde al Juzgado Penal realizar las audiencias preliminares, las cuales fueron programadas para junio de 2026 y marzo de 2027, con el fin de determinar si los casos serán elevados a juicio.
Rodrigo Araya, otro de los abogados defensores del caso, explicó las razones de la tardanza.
"Estamos ante un caso bastante complejo, sobre todo por la gran cantidad de hechos que se investigan, la cantidad de personas denunciadas y la cantidad de abogados que realizamos todas las gestiones necesarias en favor de nuestros defendidos.
Claramente, esto provoca que un expediente como este no pueda resolverse ni en uno, ni en tres, ni en cinco años. Es un proceso lento porque también requiere abundante prueba técnica, pericial y de auditoría. Esta investigación podría prolongarse incluso durante 10 años", explicó.
Megacaso
El caso Cochinilla investigó una red de corrupción público-privada en la contratación de obras viales que habría desviado ₡78.000 millones en fondos públicos. Los delitos incluyen cohecho, malversación, penalidad del corruptor y asociación ilícita.
Según el Ministerio Público, funcionarios del Conavi adaptaban el presupuesto vial para favorecer a constructoras específicas, que a cambio entregaban sobornos en efectivo, vehículos, terrenos y favores sexuales. También se falsificaron facturas mediante empresas fachada y se alteraron controles de calidad de materiales.
En la causa figuran cerca de 70 personas.
