Caso Cochinilla: Apelaciones y choques de agendas retrasan la apertura de 244 dispositivos electrónicos
Si tiene solo unos segundos, lea estas líneas:
• A casi cinco años de los allanamientos del Caso Cochinilla, la Fiscalía no ha podido abrir ni analizar 244 dispositivos electrónicos decomisados en junio de 2021, debido a recursos y apelaciones pendientes que han frenado las audiencias técnicas.
• El Ministerio Público, a través de la fiscala Tattiana García, sostiene que ha realizado todas las gestiones para avanzar, pero acusa a las defensas de presentar incidentes que limitan el progreso del expediente, pese a que ya existen cuatro acusaciones formalizadas.
• Las defensas, representadas entre otros por Francisco Campos y Erick Ramos, rechazan que haya tácticas dilatorias y aseguran que los recursos buscan garantizar el debido proceso en un caso de alta complejidad que involucra a decenas de imputados y empresas.
La Fiscala Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Tattiana García, confirmó que no se ha podido hacer la apertura de 244 celulares.
La apertura y análisis de 244 teléfonos celulares, decomisados el pasado 14 de junio de 2021 por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fafta) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), es uno de los trámites que tiene frenada la investigación por presuntas irregularidades en contratos de obra pública, mejor conocida como "Caso Cochinilla".
En este expediente se investigan a representantes de las empresas constructoras MECO y Hernán Solís y también a funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). En 2021, hace 5 años, se llevaron a cabo 57 allanamientos pero hoy el avance de la investigación está detenido.
Como parte de la evidencia, las autoridades incautaron 244 dispositivos electrónicos (celulares, tabletas, computadoras, relojes) que, según fuentes judiciales, podrían contener comunicaciones relevantes sobre la presunta coordinación de contratos, pagos y eventuales beneficios indebidos.
Sin embargo, la extracción y análisis de esa información digital no ha podido completarse. De acuerdo con el expediente judicial, la apertura de los dispositivos requiere audiencias técnicas a fin de garantizar la cadena de custodia y el respeto al debido proceso.
No obstante, recursos, incidentes, apelaciones y solicitudes de nulidad presentadas por las defensas han provocado reiteradas suspensiones y reprogramaciones, impidiendo que se avance en bloque con la revisión de la evidencia electrónica.
En una entrevista con CR Hoy esto explicó la Fiscala Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Tattiana García:
"El Ministerio público ha realizado todas las diligencias pertinentes ante el Juzgado Penal precisamente para poder realizar y materializar la apertura de estos dispositivos. Sin embargo, la respuesta que hemos obtenido es que por el momento no es factible en virtud de que quedan pendientes algunos otros recursos de apelación pendientes de resolver", explicó la jefa de esa Fiscalía.
El fiscal adjunto de Probidad, Miguel Ramírez, explicó que llevará tiempo analizar el contenido de los 244 celulares después de que un Juez autorice la apertura.
La posición del Ministerio Público es que efectivamente se podría realizar la apertura de esos dispositivos importantes para recuperar prueba, pues las resoluciones del Juez todavía están vigentes a la espera precisamente de que se resuelvan estos recursos de apelación que son de larga data", explicó la Fiscala.
La información almacenada en los dispositivos, la enorme mayoría celulares, es considerada como uno de los insumos probatorios más sensibles del caso, ya que podría revelar conversaciones entre funcionarios públicos y empresarios sobre adjudicaciones, modificaciones contractuales y pagos.
Entre los imputados figuran empresarios como Carlos Cerdas, quien era el presidente de MECO en ese momento, y Mélida Solís que ostentaba la misma posición que Cerdas, pero en la compañía H. Solís, además de exfuncionarios del Conavi y otras dependencias vinculadas a la gestión de obra pública.
Muchos de ellos enfrentaron en su momento medidas cautelares como prisión preventiva, pero con el avance de la investigación fueron cambiadas por impedimento de salida del país, suspensión del cargo, firma periódica y fianzas millonarias.
Pese a la magnitud del caso y al volumen de prueba decomisada, la causa principal aún no alcanza la etapa de audiencia preliminar en su totalidad. El volumen de imputados, la complejidad técnica del análisis digital y la litigación intensa por parte de las defensas han convertido el proceso en uno de los expedientes anticorrupción más extensos y lentos de los últimos años en el país.
"Nos hemos topado también con algunas técnicas que consideramos pueden ser dilatorias por parte de la defensa que obviamente ha venido a limitar el avance precisamente de esta causa. El Ministerio Público ha realizado todas las gestiones, nos hemos presentado al Juzgado, al Tribunal, se expuso en cada una de las vistas, pero lamentablemente nos hemos topado con ciertas limitaciones, por ejemplo que siempre se presenta algún tipo de gestión en el momento que va a iniciar la audiencia o cuando se dan los señalamientos por parte de la defensa de los imputados", señalaron los fiscales anticorrupción, Tattiana García y Miguel Ramírez.
El abogado de Mélida Solís, Francisco Campos, aseguró que son los más interesados en que se realicen las audiencias rápidamente.
Los abogados defensores
El abogado Francisco Campos, representante de una de las empresas, aseguró que su representada tiene pleno interés en que las audiencias pendientes se realicen a la mayor brevedad posible.
Campos rechazó que los recursos interpuestos por las defensas puedan considerarse maniobras dilatorias. Según explicó, todos los planteamientos presentados responden a la defensa de garantías procesales y derechos fundamentales de los imputados, e incluso varios de ellos han sido declarados con lugar por los tribunales.
En cuanto a las constantes suspensiones, el abogado señaló que estas obedecen a la complejidad propia de un megacaso como Cochinilla, que involucra a más de 80 imputados —entre personas físicas y jurídicas—, así como a una amplia cantidad de abogados defensores, tanto privados como públicos.
De acuerdo con Campos, la magnitud del proceso ha generado dificultades en la coordinación de agendas y problemas de notificación entre las numerosas partes, lo que ha obligado a suspender audiencias en distintas ocasiones.
Asimismo, indicó que en algunos casos han sido los propios jueces quienes han determinado que ciertos recursos deben resolverse antes que otros, lo que también ha incidido en la reprogramación de diligencias.
El abogado Erick Ramos, representante de la constructora MECO y del empresario Carlos Cerdas, cuestionó la versión del Ministerio Público en torno a los supuestos atrasos del proceso y supuestas tácticas dilatorias de la defensa.
Según indicó, la Fiscalía ya presentó cuatro acusaciones por algunos delitos en contra de varios de los imputados, por lo que —a su criterio— el avance del caso no puede depender exclusivamente del análisis del contenido de los teléfonos celulares decomisados.
"El Ministerio Público dice que no avanza por eso, pero ya presentó una acusación. Entonces no puede sostenerse que todo dependa de lo que eventualmente se encuentre en los teléfonos. Si ese fuera el caso, primero se habría generado un escándalo prematuro y solo después se verificaría si realmente existían elementos suficientes para sustentar una hipótesis", manifestó.
El abogado Érick Ramos, que representa a Meco, sostiene que la inmovilización de la empresa es suficiente motivo para procurar que el caso avance más rápido.
Ramos insistió en que a sus representados les urge que el proceso avance, especialmente porque se trata de la primera aplicación en el país de la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, lo que —según explicó— ha tenido implicaciones patrimoniales significativas para las empresas involucradas.
Finalmente, sostuvo que la defensa no está dispuesta a "bajar la cabeza" frente a resoluciones que considera ineficaces o contrarias al debido proceso, y reiteró que su interés es que el caso se resuelva, pero de manera correcta y conforme a derecho.
Un recuento de audiencias solicitado por CR Hoy al Ministerio Público detalla que, al menos en 14 ocasiones, entre el 13 de julio de 2021 y febrero de 2026, no se han podido realizar audiencias debido a la interposición de recursos de apelación o a choques de agenda de los abogados defensores.
Según el informe remitido, en varios casos las audiencias fueron señaladas y suspendidas minutos antes de su inicio. En otros casos, durante el propio desarrollo de la diligencia se presentaron gestiones de la defensa que obligaron a reprogramarlas a la espera de una resolución judicial. También se registraron suspensiones por alegatos de conflictos de agenda o incapacidades médicas de los representantes legales.
En el caso Cochinilla figuran 69 imputados y 28 empresas permanecen inmovilizadas, en el marco de una investigación que atribuye un supuesto perjuicio económico al Estado por ₡78 mil millones, cifra que ha sido cuestionada tanto por informes técnicos como por las defensas de los imputados.