Caso BCR-SAFI: Fiscalía detectó “movimientos sospechosos” con sociedades en Panamá tras millonaria venta de Parque Empresarial
La orden de allanamiento del Caso BCR-SAFI señala que existieron "movimientos sospechosos" con la creación de dos sociedades anónimas en Panamá tras la millonaria venta por $70 millones del Parque Empresarial del Pacífico a la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del banco (BCR-SAFI).
Por este caso, hay 14 imputados entre los que figuran el exdiputado socialcristiano, Humberto Vargas; su hijo de apellidos Vargas Sotres, Manrique Gutiérrez López, Héctor Barrantes Marín, como un "grupo de interés económico" que habría vendido dicha propiedad, ubicada en Caldera, con un sobreprecio de al menos $54 millones, señala el expediente judicial del caso.
La lista de imputados incluye también a Rosnnie Díaz Méndez,exgerente de BCR-SAFI, responsable de firmar la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) por $70 millones a una sociedad cuyo principal accionista era el exdiputado Vargas Corrales.
A ellos se suman Juan Carlos Bolaños Azofeifa, exgerente de Banca Corporativa, y Álvaro Camacho de la O, quien ocupó la subgerencia de esa misma oficina.
El Ministerio Público también imputó a Marlon Sequeira Gamboa, exgerente de Negocios y Proyectos a.i. de BCR-SAFI; a Natalia Garro Acuña, exjefa de Proyectos a.i. de BCR-SAFI y posteriormente gerente; y al entonces abogado de la sociedad de fondos, Álvaro Jiménez Villegas.
La lista se completa con un arquitecto y un ingeniero de la SAFI, de apellidos Carvajal y Gutiérrez, además de dos arquitectos externos.
Sobre los "movimientos sospechosos" hacia Panamá esto dice el expediente:
El 21 de agosto de 2021 se inscribieron en Panamá las sociedades Grupo Empresarial CBS Holding S.A y la otra se denominaba Grupo Empresarial CBS de latinoamericana, fungiendo como directores Álvaro Camacho de la O, Juan Carlos Bolaños Azofeifa y Marlon Sequeira Gamboa.
Así mismo, dentro de ese mismo grupo se cuenta con la participación de los que en ese momento formaban parte del Comité de Inversión de la SAFI del BCR, sean Juan Carlos Bolaños Azofeifa y Álvaro Camacho de la O, y de los que como ya se indicó pertenecían anteriormente al área administrativa de la SAFI BCR y ya habían realizado negocios con el grupo de Humberto Vargas Corrales, situación que de manera clara pudo convertirse en un conflicto de interés que influyera en sus decisiones como integrantes del Comité de Inversiones, así mismo sobre estos se pudo identificar luego de la adquisición del Parque Empresarial del Pacífico, una serie de acciones o movimientos que se consideran sospechosos como lo es el caso de la creación de dos sociedades en el país vecino de Panamá junto al otro involucrado directo Marlon Sequeira Gamboa a tan solo meses de que se ejecutara esa compra millonaria y también se resalta lo referente a la salida abrupta de estos dos sujetos del Banco de Costa Rica y en la que aprovecharon para ordenar la destrucción de los discos duros de los equipos de cómputo asignados a ellos.
En la orden de allanamiento la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), argumenta que existe un acervo probatorio importante para determinar que hubo un "grave impacto en la Hacienda Pública y el interés público". Esto dice el documento que recoge las investigaciones:
La mención y análisis del anterior acervo probatorio, documentan la existencia de la probabilidad de comisión del hecho requerido para poder estimar como plausible la atención de la solicitud fiscal; no hay duda de la solvencia probatoria que esos elementos brindan a la petición ministerial y hacen considerar como probable que se está en presencia de hechos delictivos con participación de funcionarios públicos y privados que en aparente colusión, han realizado actividades comerciales relacionadas con la compra y venta de inmuebles con aparente sobreprecio y todo en detrimento de las finanzas estatales, ergo pudo haberse producido un grave impacto en la Hacienda Pública y al interés público.
Esto dice el fiscal del caso
Tres diligencias realizadas por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) durante el 2024, así como un informe de la Unidad de Investigación del Banco de Costa Rica, fueron claves para documentar la imputación de 14 personas en el expediente 21-000209-1218-PE, conocido como caso BCR SAFI, relacionado con la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica.
Carlos Benítez Guillén, fiscal a cargo, explicó a CR Hoy que, debido a la complejidad del expediente, en los últimos dos años reunieron diversa información proveniente de eventos relevantes para el avance de la investigación.
La primera diligencia consistió en recopilar informes elaborados por la Superintendencia General de Valores (Sugeval), pues la entidad también inició una investigación sobre presuntas irregularidades cometidas por funcionarios del banco en la adquisición de nueve propiedades a sociedades anónimas vinculadas a Humberto Vargas Corrales, exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en el período 2018-2022, y a su hijo Humberto Vargas Sotres.
"La Sugeval ha participado y colaborado activamente de acuerdo con sus facultades legales, en la preparación de esta acción judicial llevada a cabo por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público; en cuanto a la información que sus funcionarios han requerido respecto a la compra de algunos inmuebles por parte de BCR SAFI", constató la superintendencia.
La Fiscalía analizó documentación desde el 2016 para construir una línea del tiempo que permitiera identificar negocios entre las sociedades del exlegislador y el Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIND) de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR-SAFI).
"Es un caso muy complejo que amerita análisis de mucha documentación; nos ha llevado tiempo poder contar con suficiente información para avanzar", detalló Benítez.
La segunda diligencia fue realizada por ese despacho el 17 de julio del 2024. Ese día, este medio informó que la Fapta efectuó una inspección en el Parque Empresarial del Pacífico (PEP), ubicado en Caldera de Esparza, Puntarenas, de la cual se derivó un informe incorporado al expediente.
Esta propiedad es cuestionada porque la SAFI pagó $70 millones cuando los avalúos posteriores estimaron un valor inferior a $16 millones, situación que generó múltiples reclamos de inversionistas del fondo.