Caso BCR-SAFI: Fiscalía busca evidencia por presunto sobreprecio de $92 millones por la compra de nueve propiedades
Fiscalía Anticorrupción realiza 16 allanamientos la mañana de este jueves

Allanamientos que realiza este jueves la Fiscalía Anticorrupción.
Los 16 allanamientos que realiza la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción como parte del Caso BCR-SAFI están relacionados con una investigación que pretende establecer responsabilidades por la compra de nueve propiedades pagando un sobreprecio total superior a los $92 millones (más de ₡49.4 millones, según el tipo de cambio vigente).
En un comunicado de prensa, el Ministerio Público explicó que se investigan "delitos de sobreprecio irregular e influencia en contra de la Hacienda Pública, relacionados con actuaciones de la Junta Directiva, el Comité de Inversión, la Junta de Adquisiciones y otros profesionales de la SAFI, respecto de al menos 9 proyectos adquiridos".
"El objetivo es ubicar evidencia, tanto documental como electrónica, que resulte relevante para la investigación, tal como documentos sobre inversiones realizadas por la Sociedad Administradora dentro y fuera del país, así como contratos y permisos de construcción", añade la comunicación de la Fiscalía.
En julio del 2024, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) del Ministerio Público, donde ya existía una causa abierta para investigar la compra con sobreprecio del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), recibió informes de presunto tráfico de influencias y destrucción de documentación en el Banco de Costa Rica (BCR).
Esa dependencia investiga presuntas anomalías en la adquisición del complejo de bodegas ubicado en Caldera de Esparza, Puntarenas. Dicha propiedad fue adquirida a una sociedad vinculada a Humberto Vargas Corrales, exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) por la provincia de San José entre 2014 y 2018.
Por esa finca, la SAFI le pagó $70 millones a la sociedad del exlegislador y desde la apertura del parque se han presentado infinidad de problemas con permisos de operación, accesos, agua, cumplimiento de requisitos, entre otras cosas.
En el caso del PEP, cuya adquisición es investigada por la FAPTA, la sociedad ligada a Vargas lo habría comprado por $16 millones y la habría vendido al SAFI con una diferencia adicional de $54 millones.
Algunos de los 9 inmuebles restantes que fueron objeto de análisis por parte de la Oficina de Investigaciones del BCR también estuvieron relacionados con sociedades ligadas al exdiputado Vargas.
Las propiedades bajo la lupa se ubican en Guadalupe (centro educativo), Santa Ana (edificio Madrid), La Uruca, Ciudad Colón, Pavas y el ya conocido PEP. En el caso de La Uruca, Ciudad Colón y Pavas se manejaron fideicomisos con varios lotes.

Parque del Pacífico BCR SAFI
Esto dice el BCR de los allanamientos
- La visita de las autoridades corresponde al secuestro de información relacionada con compra de propiedades de BCR SAFI.
- La Junta Directiva de BCR SAFI interpuso, en agosto del 2024, ante el Ministerio Público una denuncia por la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) propiedad de BCR Fondo de Inversión Inmobiliario Dólares, a raíz del Informe de Relación de Hechos elaborado por la Auditoría Interna la Sociedad. La Junta Directiva solicitó la investigación tras recibir tres denuncias anónimas, en marzo 2021.
- El Conglomerado Financiero BCR se ha puesto desde el inicio a la orden de las autoridades a cargo de la investigación y ha colaborado en todo momento en el suministro de toda la información que requieren.
- El Ministerio Público conocía previamente que la información estaba preparada y disponible para ser entregada en el momento en que se requiriera. Este es un trámite normal y es el que se debe seguir en todos los casos en los que se requiera información de esa índole.
- Las autoridades estuvieron en el edificio CTIC del BCR ubicado en Aranjuez y las Oficinas de BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI) en Torre Cordillera, Rohrmoser.
- Ambos edificios visitados por las autoridades judiciales no atienden público, por lo cual no hubo afectación de clientes. Las personas trabajadoras ingresarán a realizar sus labores, posterior a que se retirara el personal del Ministerio Público.
Las acciones judiciales continúan en desarrollo.