Caso Barrenador: Imputada que creó informe para justificar contrato dijo que siguió órdenes de junta directiva

Marielos Gutiérrez Brenes, fue suspendida de su cargo como gerente general a.i. en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) durante 6 meses, por ser imputada del caso Barrenador y existir riesgo de obstaculización de la investigación.

Gutiérrez creó un informe en el que se recomendó adjudicar 10 áreas de salud a 4 cooperativas y una asociación de salud pese a múltiples alertas de sobreprecios, pero según declaró ante el juez Paúl Fuentes, ella siguió órdenes de la Junta Directiva de la institución.

Así se evidencia en la resolución de medidas cautelares, de la cual crhoy.com tiene copia:

Señaló que el confeccionar el informe requerido, obedeció a un mandato por parte de la Junta Directiva y, por lo tanto, no existía probabilidad de comisión del hecho delictivo, toda vez, que ella no era miembro de la Junta Directiva y no votó por adjudicar el contrato (…) el informe en cuestión fue el insumo para que se aprobara el procedimiento de compra 2023LY000002-0001101142 con sobreprecios por parte de la Junta Directiva. Así las cosas, se tuvo como probable que la señora Gutiérrez actuó en contubernio con los miembros de la Junta Directiva que emitieron el voto a favor de adjudicar el contrato.

Lena Vázquez, defensora de Gutiérrez, también señaló que el informe se creó porque fue solicitado e incluso los directivos pidieron ampliarlo.

¿Cuál fue el papel de Marielos en la adjudicación?

El informe creado por la gerente suspendida -Análisis cuantitativo para la gestión de las Áreas de Salud contratadas a terceros- fue utilizado como justificación para aprobar el cuestionado contrato. De acuerdo con la resolución del juez, emitió análisis mediante los cuales pretendió dar apariencia de legalidad a las actuaciones.

A Gutiérrez, directora de Proyección de Servicios de Salud al momento de la adjudicación, también se le cuestiona que recomendó la adjudicación con el conocimiento de que existía un estudio de razonabilidad de precios que aseguraba costos excesivos en todas las ofertas.

Se detalla en la resolución que se le solicitó el estudio a Gutiérrez, aunque su dirección no tenía competencia para hacerlo.

Mismo que tuvo una serie de inconsistencias y contracciones; además, importante de resaltar que a esa dirección no le correspondía el estudio de razonabilidad de costos (…) era competencia única del Área de Contabilidad de Costos de la CCSS, quienes son los encargados de emitir dichos análisis. De esta manera, con base únicamente en el informe de "Dirección de Proyección de Servicios de Salud", la Junta Directiva adjudicó la licitación, la cual produjo un resultado lesivo al interés público.

(…) pese a la gran cantidad de informes contraria confeccionados desde el 2023, se acogió (en un periodo costo) el informe emitido por la señora María de los Ángeles Gutiérrez Brenes (…) y con base en ese documento se adjudicó la licitación, lo cual evidenció una actuación totalmente anómala por parte de la Junta Directiva, explicó Fuentes

El polémico, cuestionado y forzado informe creado por Gutiérrez, fue conversado ampliamente entre Esteban Vega de la O, Gerente de Logística, y el fiscal a cargo del caso Barrenador. Vega aseguró que desde la Gerencia Médica o Logística no se emitió una "aprobación tácita" y resaltó que solamente fue firmado por la gerente y no por el resto del equipo.

¿Qué decía el informe?

Durante los meses de discusión del cuestionado contrato, Esquivel presionaba con obtener el costo per cápita, para así "demostrar" que era más barato pagarle a terceros por el servicio, aunque ya los estudios de razonabilidad de precios decían lo contrario.

El 22 de junio, la presidenta ejecutiva le solicitó a Gutiérrez que en una semana confeccionara un informe enfocado en el costo por persona.

Cuando Gutiérrez presentó el apresurado informe, le aseguró a los directivos que se hizo con base en la oferta de servicios de salud y que para la elaboración del informe se empleó una metodología que incluía múltiples variables, como población adscrita, género, edad, extensión territorial, desempeño y varios índices de productividad médica y de los asistentes técnicos de atención primaria (ATAP).

Además, dijo que luego se hicieron una serie de agrupaciones en las cuales se realizó un análisis comparativo de costos per cápita -lo que tanto Esquivel presionó-, tanto de las áreas de salud administradas por la CCSS, como por terceros, y se basó en la población atendida en el año 2023.

La conclusión de este análisis, que los llevó a justificar la adjudicación, fue:

En el marco de las consideraciones anteriores, las variables utilizadas e información analizada se recomienda la adjudicación de las áreas de salud a terceros, en el entendido: que se encuentran por debajo del límite superior establecido en los criterios técnicos elaborados por esta dirección.

En los informes de las áreas a las que sí les compete este tipo de análisis, se concluyó lo contrario, que todas las ofertas resultaban excesivas en miles de millones durante los 10 años de contrato.

Esquivel, hasta frente a un juez y poco después de ser detenida, defiende a Gutiérrez. En la audiencia de medidas cautelares reiteró que no existe un criterio técnico que desacredite el informe que ella solicitó