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Caso Barrenador: Defensores terminarían este jueves exposición de alegatos para evitar medidas cautelares

Imputados están libres desde el martes.

Por Carlos Castro | 26 de Sep. 2024 | 7:08 am

Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y su abogado Edgardo García.

Se espera que este jueves termine la exposición de argumentos de los tres abogados defensores que faltan de presentarse ante el Juzgado Penal de Hacienda y Función Pública con sus conclusiones, para evitar que sus clientes cumplan medidas cautelares por figurar como imputados en el Caso Barrenador.

La audiencia está programada para las 8.30 a.m. en el II Circuito Judicial de San José (Goicoechea), donde inició desde el pasado martes, por lo que hoy sería el tercer día.

El martes el Ministerio Público emitió sus criterios y el miércoles lo hicieron cinco abogados de las personas que fueron detenidas el lunes durante 28 allanamientos.

De no existir inconvenientes, la audiencia concluiría en el transcurso del jueves y posiblemente los abogados conocerían la resolución de los jueces sobre las medidas por escrito al cierre de esta semana, según expresaron los defensores de los imputados.

En este caso figuran como sospechosos Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y otros 7 directivos y exdirectivos de la institución por presuntamente participar en la aprobación del contrato para cinco cooperativas que otorgaba la administración de 138 Ebais, los cuales se habrían pactado para pagar millonarios sobreprecios.

"Creo que hubo una precipitación por parte del Ministerio Público en el sentido de que se contentaron con la denuncia presentada por la Auditoría de la Caja sin investigar un poco más en el tema, porque inclusive cuando se da una adjudicación en una licitación y luego se anula, las empresas podrían ir a un proceso contencioso que puede salir más caro al Estado. En realidad hay varios estudios técnicos en los que se amparó la junta directiva para aprobar la licitación y ese se necesitaba investigar previo a ejecutar detenciones o presentar cargo, bueno se hizo diferente y ahora nosotros encontramos que no hay afectación económica ni perjuicio más que para la salud de medio millón de costarricenses", dijo Rodrigo Araya, abogado de uno de los imputados.

En el expediente 24-000267-1218-PE se investiga si en apariencia el contrato haría incurrir a la Caja en un incremento anual de pago de más de 12.400 millones de colones respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) solicitó suspender del cargo a Esquivel y otros imputados de apellidos Camareno, Gutiérrez, Araya, Rojas y Gómez, de la junta directiva de la CCSS.

Además pidieron imponer para todos los involucrados impedimentos de salida del país, depósito de pasaportes, firmar una vez al mes en la FAPTA, prohibición de conocer cualquier asunto relacionado con la licitación bajo investigación, y prohibición de comunicarse, acercarse, influir, amenazar, intimidar o perturbar a 11 testigos del proceso.

Tras la petición, los imputados fueron puestos en libertad el martes en la noche y tuvieron que presentarse a audiencia este miércoles para escuchar los alegatos de los abogados de la defensa de los imputados.

La FAPTA atribuye a los sospechosos la presunta comisión de los delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias y se investiga el caso en la

Según el Ministerio Público estas personas tomaron la decisión de adjudicar el contrato de administración de 138 Ebais a varias cooperativas pese a que se determinó que las ofertas presentadas por las entidades eran excesivas.

"Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas", explicó la Fiscalía.

Las autoridades judiciales presumen que miembros de esa junta directiva sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a estos.

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