Caso Aldesa: Investigación culminaría con indagatoria a Javier Chaves e informe del OIJ
Sección de Anticorrupción, Delitos Económicos y Financieros debe entregar documento para cerrar esta parte del proceso.
(CRHoy.com) Con una nueva indagatoria a Javier Chaves, expresidente de Aldesa y otras personas relacionadas con la investigación contra la firma de asesoría bursátil, el Ministerio Público pretende culminar con esa etapa del caso para poder avanzar hacia una solicitud de apertura a juicio contra los imputados.
A esto se debe sumar un importante informe que debe entregar la Sección de Anticorrupción, Delitos Económicos y Financieros (SADEF) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La causa que se sigue bajo expediente 19-000157-1220-PE en la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos "se encuentra en fase de investigación avanzada, por el presunto delito de estafa" y una vez que se termine con los testimonios se buscaría pasar la siguiente etapa.
"Por este caso, se indagó al señor Javier Chaves Bolaños, el 10 de junio del 2019, a quien el Juzgado Penal le impuso como medida cautelar: impedimento de salida del país, firmar cada dos meses, no acercarse a testigos y ofendidos, esto con relación a los hechos aparentemente cometidos en perjuicio de 4 de las 26 personas ofendidas apersonadas al presente proceso (entre personas físicas y jurídicas)", detallaron en la Fiscalía.
Francisco Campos, abogado de Chaves, indicó que de momento no han sido citados para una nueva indagatoria.
Expediente complejo
Debido a que se trata de un expediente complejo que cuenta con 5.271 folios en el legajo principal, 2 legajos de prueba con 535 folios, 20 legajos de denuncia y prueba de inversionistas que suman 3.536 folios, los fiscales se mantienen laborando en esta etapa que lleva prácticamente 4 años.
Para poder llegar al punto en que se mantiene el caso fue necesario la ejecución de 13 allanamientos y otras diligencias importantes como:
- Dos aperturas de evidencia de lo decomisado en allanamientos: 152 evidencias (cajas y bolsas), así como 83 dispositivos electrónicos.
- Revisión de la totalidad de la prueba documental y análisis de los documentos de relevancia para la causa, revisión de la prueba digital, entre ellos la totalidad de los teléfonos que fue posible aperturar.
- Revisión de los correos electrónicos de 8 archivos de correo, perteneciente a los funcionarios de Sugeval, cada uno con un aproximado de 25.000 correos por archivo.
- Revisión de correos electrónicos de 6 funcionarios de Aldesa, con un aproximado por cada archivo de correo de 30.000 correos.
- Revisión de un total de 4.425 de archivos que se obtuvieron de la base de datos de Aldesa.
- Entrevista a 11 testigos ofrecidos por los denunciantes.
- Más de 20 solicitudes de levantamiento del secreto de información privada (CCSS) de tipo bancario, tributario y bursátil.
- Reuniones constantes de dirección funcional con SADEF del OIJ.
Sobre el informe de la SADEF el ente acusador señaló que está relacionado con los inversionistas. Con el documento se pretende establecer la determinación del perjuicio que presuntamente les fue ocasionado, la forma en que presuntamente se les indujo en error y la naturaleza del producto financiero que les fuera ofrecido a los ofendidos.
Pese a que indicaron que el Ministerio Público realizó la fijación de plazo a la Sección Especializada del Organismo de Investigación Judicial, no se especificó la fecha.
Causa paralela contra funcionarios
Hace dos años, de forma paralela al conocido Caso Aldesa, la misma Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos abrió otra causa contra seis funcionarios de la Superintendencia General de Valores.
Se trata del expediente 21-000054-0621-PE donde se tiene bajo la lupa a la Superintendente, el Intendente, el director de la División Jurídica, el director de División de Supervisión de Fondos y Emisores, la directora de la División de Supervisión de Mercados de Valores y la directora del Departamento de Oferta Pública de Valores, por el delito de incumplimiento de deberes.
"Cuando se realizó la audiencia preliminar, el 22 de setiembre del año pasado, en la que se definiría si el caso iba o no a juicio, la Procuraduría General de la República acordó conciliar con cada imputado el pago de ¢2.895.854.88, la realización de 200 horas de trabajo comunal y el pago de la póliza respectiva ante el Instituto Nacional de Seguros", detallaron.
Pese a que existía una posibilidad de acuerdo, el Ministerio Público se opuso, considerando que la medida no cumplía con los presupuestos de proporcionalidad, en relación con el reproche de los hechos acusados.
"Los miembros de la Superintendencia no cumplieron sus deberes, a pesar de que conocían su función de protección al inversionista, y también conocían de una serie de irregularidades que se estaban presentando con respecto a Aldesa, así como la necesidad de regular a este Grupo en su totalidad", añadieron.
Finalmente, el Juzgado Penal ordenó dar trámite a la conciliación, la cual ya fue cumplida por los imputados, por lo que, procesalmente, el caso está cerrado con un sobreseimiento definitivo desde 3 de mayo de 2023.
El caso
Aldesa era una empresa dedicada a negocios financieros y bursátiles. Se conformaba por el Grupo Financiero Bursátil Aldesa, que es regulado por Sugeval y además Aldesa Corporación de Inversiones, que no estaba regulada por esa superintendencia ni por la Bolsa de Valores.
El 8 de marzo de 2019, Aldesa anunció que enfrentaba un problema de liquidez en su Corporación de Inversiones y solicitó intervención judicial. Además, anunció el cierre de su puesto de bolsa. El proceso de administración judicial significaba, en ese momento, una medida de suspensión de pagos, la cual se solicita por 3 años y a menores tasas de interés, hecho que afectó desde entonces a los inversionistas.
El 9 de abril del 2021, CRHoy.com reveló que el caso Aldesa tenía en ese momento saturado el Juzgado Concursal, ya que a inicios de marzo de ese año mantenía pendiente de resolución más de 600 escritos presentados por diferentes actores que se han presentado al proceso, informó la jueza coordinadora Jennifer Arroyo Chacón en un escrito enviado al Consejo Superior del Poder Judicial. Para ese momento existían 306 partes apersonadas al proceso.
En junio del 2019, las autoridades judiciales realizaron una serie de diligencias en el caso que se sigue bajo el expediente 19-157-1220-PE, donde se investigan los presuntos delitos de estafa mayor, administración fraudulenta, libramiento de cheques sin fondos, autorización y publicación de balances falsos, autorización de actos indebidos e incumplimiento de deberes.