Carlos Cerdas, dueño de MECO, se queja de resoluciones judiciales ante relator de la ONU

Carlos Cerdas, dueño de Constructora MECO. CRH

(CRHoy.com).- Carlos Cerdas, dueño de la empresa Constructora MECO, acudió ante Diego García-Sayán, "Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados" de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el fin de denunciar algunas resoluciones judiciales en el llamado "Caso Cochinilla".

Cerdas es una de las personas, junto a 77 más, que están en el expediente 19-000025-1218-PE, por presuntos actos de corrupción en la adjudicación de obras públicas del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). Según la Fiscalía Adjunta de Probidad, se les investiga por los supuestos delitos de cohecho propio e impropio; tráfico de influencias; penalidad del corruptor, entre otros, en perjuicio de los deberes de la función pública.

En un documento enviado por García-Sayán al Gobierno de Costa Rica, explica que recibió información sobre Cerdas Araya de presuntas faltas a garantías procesales, confusión de jurisdicción y presiones de la fiscalía contra el empresario de la construcción, las cuales habrían afectado su derecho a un juicio justo.

En la información recibida por García-Sayán se hace una cronología de hechos donde se cuestiona la declaración de delincuencia organizada y la primera prisión preventiva dictada el 26 de junio del 2021, alegando que la jueza que pretendió dejar libre a Cerdas bajo una fianza de $5 millones había recibido un ataque de los medios de comunicación, lo que terminó influyendo en la reversión de la medida y la imposición de la prisión preventiva.

Además, se alegó una falta de comunicación con el abogado defensor, alegando un aislamiento de 15 días de Cerdas por la enfermedad del COVID-19; y también la cobertura de medios de comunicación que revelaron las conversaciones entre los investigados en los presuntos actos de corrupción, entre otras cosas.

García-Sayán, en la consulta hecha al Gobierno de Costa Rica, indicó que sin prejuzgar la veracidad de las alegaciones que le fueron presentadas, le preocupaba la información de que el dueño de MECO se encontrara en prisión preventiva sin poder recurrir dicha decisión y haber estado en una celda de máxima seguridad.

"La información indica que tampoco pudo acceder a su abogado defensor en estos momentos y que habría una confusión con respecto la jurisdicción del proceso. De ser cierta esta información, podría constituir una afectación a su derecho al juicio justo. Además, me preocupa que las declaraciones dadas por la fiscalía, así como la cobertura mediática sobre el caso, también hayan podido afectar el derecho a un juicio justo del Sr. Cerdas", indicó García-Sayán.

El Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados solicitó:

• Proporcionar cualquier información o comentario adicional en relación con las alegaciones arriba mencionadas.
• Proporcione cualquier información y/o comentario sobre las presuntas violaciones que han impedido o limitado el derecho de la Sr. Cerdas a un juicio justo.
• Sírvase proporcionar información detallada sobre las medidas adoptadas para garantizar la independencia e imparcialidad de los tribunales y garantizar que los acusados y sus abogados disfruten de todas las garantías procesales establecidas en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
• Sírvase informar a esta Relatoría acerca de las medidas adoptadas por el gobierno de Costa Rica para garantizar la ausencia de interferencias mediáticas en los juicios.
• Por favor brindar información sobre la situación descrita de jueces ordinarios utilizando un procedimiento contemplado en la Ley 8754, para el cual habrían perdido competencia.

La Fiscalía General de la República, mediante oficio 614-2022, le respondió García-Sayán, documento que se le hizo llegar por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, que "se ha respetado en todo momento los Derechos Humanos del señor Cerdas Araya, el debido proceso, su derecho de defensa técnica y material, resultando que en todos los trámites y actuaciones impulsados ha existido un apego riguroso a la normativa prevista en el sistema penal costarricense por parte de los Fiscales a cargo".

Además, que el Ministerio Público en todas sus labores es respetuoso de la independencia y la objetividad de los jueces de la República.

"El proceso mencionado contra el señor Cerdas Araya, se encuentra en la etapa preparatoria de la investigación, debiéndose tomar en cuenta lo dispuesto en el 295 del Código Procesal Penal, que impone en esta fase limitaciones en cuanto a la información que se puede proporcionar", explicó la Fiscalía General a García-Sayán.

El pasado 1 de julio, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José permitió que tanto Cerdas como Mélida Solís -dueña de la empresa Hernán Solís-, quien también es investigada en el caso "cochinilla", salieran de la prisión preventiva y quedaran con medida de monitoreo electrónico hasta este mes de setiembre, cuando se les tendrá que hacer una revisión de las medidas cautelares.