Candidato del PUSC basa sus propuestas en 4 ejes de seguridad, reforma institucional, agenda social y transformación económica

El candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo Bogarín, presentó su plan de gobierno estructurado en cuatro grandes ejes: seguridad, reforma institucional, agenda social y transformación económica. Según expone su plan de gobierno, estas propuestas buscan atender los principales retos nacionales y ofrecer una ruta clara hacia el desarrollo.

Seguridad y reformas

En materia de seguridad, el candidato asegura que su prioridad consiste en recuperar la paz, la tranquilidad y la protección de la vida, fortaleciendo el orden y la convivencia social. Para lograrlo, propone utilizar recursos extraordinarios mediante la flexibilización de la regla fiscal, crear un Fondo de Seguridad Nacional financiado con la venta de activos estatales y aumentar en 6.500 los efectivos policiales en el país.

El socialcristiano sostiene que este fondo podría sostenerse mediante la venta del Banco de Costa Rica (BCR) y el traslado de la subejecución presupuestaria del Ministerio de Seguridad Pública y de otras instituciones del sector público.

También propone la legalización de la comercialización del cannabis de uso recreativo, impulsando un marco legal que permita arrebatarle ganancias al crimen organizado.

Para ello, plantea establecer un impuesto especial sobre la siembra y la comercialización de marihuana para uso recreativo, cuyos ingresos se destinarían al Fondo de Seguridad Nacional.

También pretende transformar el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) en una Agencia de Inteligencia contra el Crimen Organizado, consolidar convenios internacionales con la Unión Europea, impulsar reformas al Código Procesal Penal y construir cárceles diferenciadas para personas vinculadas a estructuras criminales.

Reforma institucional

En este eje, el candidato considera urgente modernizar el Estado para que sirva de forma más eficiente al ciudadano. Por ello propone reformas en el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, el Poder Ejecutivo y el régimen municipal.

En el ámbito judicial plantea separar el Ministerio Público del Poder Judicial y crear un "ejecutivo judicial" encargado de la gestión administrativa. De esta forma, los magistrados podrían enfocarse en la toma de decisiones de fondo. También propone simplificar trámites judiciales, promover el uso del arbitraje, facilitar procesos abreviados y desarrollar una reforma carcelaria eficaz.

Sobre la Contraloría, el plan señala que la reforma busca mejorar la ejecución de obra pública y fortalecer la transparencia, con resultados medibles para la ciudadanía.

En cuanto al Poder Ejecutivo, el objetivo consiste en convertir a las instituciones en aliadas directas de la población para solucionar problemas, brindar servicios de calidad y reducir desigualdades territoriales. La propuesta prioriza los sectores de seguridad, salud, educación y servicios públicos como agua, energía y transporte.

En relación con las municipalidades, el candidato promueve mayor descentralización, pero acompañada de mecanismos de supervisión y solidaridad financiera para que no se amplíen las brechas regionales. Además, plantea reforzar la planificación territorial mediante la actualización de los planes reguladores y la mejora en el manejo de residuos e infraestructura.

Agenda social

En el área social, el candidato propone aumentar la inversión, pero acompañada de una gestión más eficiente. Para ello impulsa un Plan Nacional de Recuperación del Sector Social, con metas anuales verificables y proyectos de alto impacto.

También pretende fortalecer el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) para focalizar mejor los recursos y coordinar las instituciones sociales. A la vez, propone un Sistema Unificado de Cuido, con servicios para personas menores de edad, personas con discapacidad y personas adultas mayores.

Otro de los programas incluidos en su agenda es el Triángulo de Solidaridad 2.0, un esquema de cooperación entre el Poder Ejecutivo, municipalidades y comunidades, orientado a acelerar soluciones locales en educación, salud, vivienda, empleo e infraestructura.

¿Listas de espera con apoyo privado?

Sobre la atención en salud, el candidato afirma que busca reducir las listas de espera en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) mediante jornadas extraordinarias en horario vespertino y fines de semana, priorización clínica según urgencia y medición constante de resultados.

Además, el plan contempla la contratación de servicios quirúrgicos privados cuando resulten costo-efectivos, así como la introducción de tecnologías para aumentar la productividad hospitalaria, como la cirugía ambulatoria.

En el mediano plazo, Hidalgo propone estudiar un sistema similar al AUGE/GES de Chile, que establece tiempos máximos de atención. Si el sector público no cumple, el sistema derivaría la atención a centros privados, respetando el principio de seguridad social.

Asimismo, el plan de gobierno incluye un programa de inversión en la Red de Servicios de Salud, con prioridad para la construcción de un hospital geriátrico, un hospital en el sur del Gran Área Metropolitana y los nuevos hospitales de Cartago y Limón.

Economía

Bajo el lema "emparejar la cancha", el candidato asegura que pretende generar condiciones para que personas y empresas operen sin trabas, con menores costos y acceso oportuno a servicios públicos.

En este eje plantea eliminar algunos impuestos sobre los salarios y trasladar parte de la carga patronal al presupuesto nacional. Según explica, esta medida ayudaría a incentivar la formalización laboral, crear empleo y ampliar la cobertura del sistema de seguridad social.

Transporte y obra pública

En el área de infraestructura, el plan propone dividir el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en dos entidades independientes: una encargada de infraestructura vial y otra dedicada a la movilidad y gestión urbana.

También se plantea la creación de la Agencia Nacional de Infraestructura, que sustituiría al Consejo Nacional de Concesiones (CNC), funcionando como una entidad pública no estatal con gobernanza público-privada.

Su objetivo sería estructurar proyectos de obra pública como vehículos de inversión autorizados por la Sugeval, para atraer financiamiento de operadoras de pensiones y fondos de inversión.