(CRHoy.com) -Dos proyectos de ley que avanzan en el Congreso tienen el objetivo común de aplicarle el bisturí a las pensiones de lujo o de privilegio que aún subsisten en el país.

Se trata de una iniciativa planteada por el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) y ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, y de la legisladora Xiomara Rodríguez, del Partido Restauración Nacional (PRN).

El primero sería dictaminado el próximo miércoles por la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa y se enviaría al Plenario para su votación en primer debate, según explicó la legisladora Yorleni León, quien representa al Partido Liberación Nacional (PLN) en ese grupo.

En caso de que se le presenten mociones de fondo, la iniciativa regresaría a la comisión para que las discuta y vote, pero de lo contrario seguiría su trámite en el Plenario.

El segundo ya cumplió su trámite de discusión y votación de enmiendas de fondo. Ahora solo falta la publicación del texto y volverá al Plenario para continuar su respectivo trámite.

Es decir, las dos propuestas ya entraron en su recta final y pronto estarían siendo conocidas por la totalidad de los congresistas.

¿Cuáles son los cambios más importantes que contienen las dos iniciativas?

En esta información les explicamos.

Traslados y cierres

La iniciativa planteada por Morales Mora se encuentra en análisis en una subcomisión de Sociales y el informe estaría listo para votarse el próximo miércoles en la Comisión.

Este proyecto básicamente contiene dos propuestas generales:

• No otorgar nuevas pensiones en los regímenes contributivos del Gobierno y que los futuros beneficiarios de los mismos pasen al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
• Cierre de 6 regímenes no contributivos que administra la Dirección Nacional de Pensiones (DNP).

Según la propuesta, los futuros beneficiarios de los 7 regímenes contributivos a cargo de la DNP serían trasladados al IVM, porque esas pensiones se consideran muy costosas para el  Estado. Estos regímenes cubren a personas que entraron a laborar antes de 1992, año en el que fueron cerrados por la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República (CGR) de 2017, las cotizaciones a favor de los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional únicamente cubren el 8,3% de su costo porque las cuotas que pagan sus afiliados son insuficientes para sostener los beneficios que reciben. Esto significa que el 91,7% es financiado con ingresos ordinarios del Estado y deuda pública.

El cálculo de esas pensiones se hace con el 100% del promedio de los 12 mejores salarios de los últimos 24 meses, mientras que en casos equivalentes de jubilaciones otorgadas por la CCSS el cálculo asciende al 43% y 62% del promedio de los últimos 240 salarios, dependiendo del monto del ingreso y de eventuales postergaciones.

"El resultado es un régimen desigual, donde el 15% de los beneficiarios recibe pensiones de menos de ¢250.000 mensuales, 0 sea un 2% del total de los recursos, mientras que el 2% de los jubilados disfrutan pagos superiores a los ¢3.000.000 por mes, acaparando el 14% de los montos destinados para este fin", se explica en el texto.

La iniciativa fija un plazo de 18 meses para que los trabajadores que cumplan con los requisitos establecidos en esos regímenes se pensionen, mantiene los derechos adquiridos de los actuales jubilados y la posibilidad de traspasar las pensiones actualmente vigentes.

Terminado ese plazo, ninguna otra persona podría jubilarse bajo esos regímenes. Tendrían que pasarse al IVM y pensionarse con las condiciones establecidas por la CCSS.

Los regímenes a los que hace referencia el proyecto son los de Hacienda, Comunicaciones, Obras Públicas y Transportes, General de Pensiones, Ferrocarriles, Músicos de Bandas Militares y Registro Nacional, que le cuestan a la DNP unos ¢75 mil millones por año.

La iniciativa propone, además, cerrar 6 regímenes no contributivos con cargo al presupuesto nacional. Se trata de los de Gracia, Guerra, Premios Magón y Autores de Símbolos Nacionales, Expresidentes de la República, Beneméritos de la Patria y Guardia Civil, que implican costos cercanos a los ¢12 mil millones anuales.

Contribuciones solidarias

El proyecto de ley impulsado por la diputada Xiomara Rodríguez, a diferencia del anterior, hace énfasis en fortalecer las contribuciones solidarias que pagarían las pensiones de lujo, aquellas de más de ¢2,2 millones. Pero ya no incluye la propuesta de fijar topes equitativos a las mismas.

Plantea bajar los montos exentos del pago del aporte solidario de los jubilados del Magisterio Nacional y del Gobierno a 8 salarios base y del Poder Judicial a 6 salarios base.

Los montos exentos de esa contribución serían: a) hasta los 8 salarios base del puesto más bajo pagado en la Administración Pública, según la escala emitida por la Dirección General de Servicio Civil para las pensiones y jubilaciones contempladas en la Ley Marco de Contribución Especial de los Regímenes de Pensiones y la Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, y b) hasta los 6 salarios base del puesto más bajo pagado en el Poder Judicial.

En el primer caso, sobre el exceso del monto de los 8 salarios base y hasta un  25% de ese tope, los pensionados contribuirían con el 25% de tal exceso y superior a ello, se aplicaría una escala con porcentajes diferenciados.

En el segundo, sobre el exceso del monto de los 6 salarios base del puesto más bajo pagado en el Poder Judicial y hasta el 25% de ese tope aportarían el 35% de tal exceso.

Según la legisladora, con ello los tres regímenes -Magisterio Nacional, Ministerio de Trabajo y Poder Judicial- quedarían equiparados y no sería el Estado el que financie esas pensiones de lujo, sino que los mismos pensionados son quienes ayudarían a darles sostenibilidad.

Con estas modificaciones, unos 3 mil pensionados de lujo deberán pagar la contribución especial solidaria.

Este proyecto de ley se encuentra bastante maduro y está a punto de ingresar al Plenario Legislativo.