BCIE hace público contrato por consultoría sobre pensiones de lujo
Mediante un comunicado de prensa, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) reveló este lunes el contrato pactado para una consultoría sobre pensiones de lujo que el Gobierno gestó con parte de los recursos del millón de dólares que recibió como donación del banco centroamericano.
La entidad reveló el documento, donde se detalla que el costo total de la contratación fue por $80 mil, mismo que se pagaría en tres tractos.
El pasado lunes 26 de febrero, en audiencia con los diputados, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, dijo que dicha consultoría tuvo un costo de $40 mil.
La jerarca respondió además que ella tiene el informe preliminar en sus manos, que es una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Gobierno buscaría presentar sobre el tema de pensiones.
El BCIE consiguió autorización del proveedor a cargo de un estudio preliminar realizado en 2022 para hacer público su contrato, términos de referencia y adenda.
"Para llevar a cabo dicha consultoría, se realizó una evaluación exhaustiva de credenciales, y se seleccionó a los reconocidos juristas, expresidentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Carlos Ayala como consultor, así como Claudio Grossman y Juan Méndez como expertos revisores. Sin embargo, debido a retrasos en la obtención de información actuarial necesaria por parte del Estado, el contrato tuvo que ser modificado y ajustado para ejecutarse en etapas, de las cuales se completó únicamente la primera", indica el comunicado
Para continuar con la siguiente etapa, recientemente el BCIE aprobó a Costa Rica una Cooperación Financiera no Reembolsable por hasta $100.000 para la elaboración del estudio actuarial que permitirá completar la consultoría.
Se prevé que los resultados estén listos en el último trimestre de 2024.
Precisamente Díaz había indicado que hasta no tener ese estudio actuarial no se puede tener un producto final de la consultoría, por lo que hasta ese momento, lo realizado no es público.
"El objetivo final de esta iniciativa es apoyar a Costa Rica a corregir un problema de presupuesto estructural, el cual perjudica la viabilidad del sistema de pensiones nacionales debido a la creación progresiva y expansión de un sistema paralelo de "pensiones de lujo" que beneficia a determinados grupos de autoridades y funcionarios que gozan de pensiones desproporcionalmente más altas en comparación con el resto de pensiones", detalló el BCIE.

