Batalla introdujo información falsa en sistema del CFIA en beneficio de intereses privados
Según Fiscalía, validó documento que él no había confeccionado y los hizo pasar como propios ante el colegio.
Mauricio Batalla Otárola, mientras fungía como ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), habría aprovechado su condición de ingeniero para introducir información falsa en el sistema informático del Departamento de Análisis de Proyectos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), con el supuesto objetivo de favorecer a la empresa Constructora MECO S. A.
Así lo señala la orden de allanamiento correspondiente al expediente 24-000454-1218-PE, en el que se investigan supuestas irregularidades en la modificación de un contrato adjudicado a esa compañía por casi $40 millones, destinado a la remodelación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (AIDOQ).
El documento indica que los registros fueron incorporados el 16 de diciembre de 2024, cuando Batalla ya contaba con nueve meses de haber sido nombrado ministro por el presidente Rodrigo Chaves Robles.
"(…) el funcionario despreciando su deber legal de abstenerse de realizar actos contrarios al interés público en beneficio de intereses privados, continuó dirigiendo el proceso de modificación ilícita del contrato y, para darle apariencia de legalidad a las acciones antes desplegadas, al carecer de algún profesional que asumiera la responsabilidad ante el CFIA y a sabiendas de que dicho proyecto es propiedad de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, actuó como ingeniero particular e introdujo información falsa en el sistema informático del Departamento de Análisis de Proyectos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos", explica el texto judicial.
Se señala que, aprovechando su incorporación al colegio profesional, actuó como ingeniero responsable de los estudios preliminares, el anteproyecto, los planos y las especificaciones técnicas correspondientes a la ingeniería de valor aprobada para la empresa Constructora MECO S. A.
Validó documentos que no confeccionó
La información recabada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) señala que el exjerarca del gobierno de Chaves introdujo esos documentos en el CFIA como propios, pese a saber que no habían sido confeccionados por él.
"(…) los mismos fueron realizados por ingenieros de la empresa imputada Constructora MECO S.A., con lo cual otorgó un beneficio indebido a la empresa contratada, ya que ningún ingeniero de esta se hará responsable de la dirección, ejecución y supervisión del cumplimiento de los resultados en la obra y que los mismos se ajusten al rediseño elaborado", confirma la orden de allanamiento.
El ente acusador confirma que gracias a la intervención de Batalla, Marcos Castillo Masís como director de Aviación Civil y Henry Villalobos Solís de la CNE, se logró el cumplimiento de los objetivos planteados en su supuesto plan delictivo.
"(…) pretendía ilícitamente el objeto contractual y alcance del proyecto, ya que las obras de rehabilitación en la pista de aterrizaje del AIDOQ se reiniciaron el día 16 de diciembre del 2024, a pesar de los señalados incumplimientos en que incurrió la empresa Constructora MECO S.A. y sin que se vaya a realizar una intervención integral, sino únicamente la sustitución de 30 centímetros de carpeta asfáltica superficial de la superficie de rodamiento del AIDOQ"
Inicialmente el contrato fue adjudicado mediante un decreto de emergencia firmado por el presidente Rodrigo Chaves Robles, bajo el argumento de que la estructura había sufrido daños a causa de tres tormentas tropicales. Sin embargo, un grupo de ingenieros encargados de valorar la pista negó que ese fuera el origen de los daños.
"(…) la emergencia se justificó falsamente, pues atribuyó los daños que presentaba la pista como consecuencia de la tormenta tropical Bonnie y otras ondas tropicales ocurridas en el 2022, pero lo cierto es que los perjuicios se presentaron con anterioridad a los fenómenos naturales", señaló la Fiscalía.
Imputados en investigación por modificaciones en pista del Aeropuerto de Liberia
Contra Chaves existe un expediente paralelo abierto para investigar la supuesta participación ilícita que en apariencia tuvo el presidente a la hora firmar el decreto, sin que el contrato pasara por el filtro de la Contraloría General de la República, tomando en cuenta su carácter de emergencia.
Al tratarse de una declaratoria de emergencia nacional, el Gobierno puede agilizar el traslado de recursos sin requerir supervisión previa de dicha entidad fiscalizadora.
Lo que el presidente no dijo es que él estaba al tanto del proceso licitatorio, pues a mediados de diciembre de 2023 solicitó al presidente ejecutivo de la CNE convocar a una mejora de precios sobre las ofertas presentadas.
De acuerdo con la FAPTA, las modificaciones al contrato impulsadas por Batalla, estaban enfocadas en un recarpeteo superficial en lugar de una reparación integral, dejando la base dañada y comprometiendo la seguridad de la pista. Pese a esto, no se sancionó a la empresa por incumplimientos ni abandono de obras.
La Fiscalía expuso que estas acciones generan perjuicios económicos al Estado, al desviar recursos del Fondo Nacional de Emergencias para una obra que no se dañó producto de esos fenómenos naturales, además de vulnerarse la normativa de contratación pública.
Por eso a los implicados se les achaca supuestamente aprovecharse de la influencia política y posición jerárquica que ostentaban para influir sobre funcionarios públicos para que firmaran la orden de modificación, pese a que sabían que existían criterios técnicos que dictaban improcedencia de dichos cambios.
En la causa penal de Batalla, también figuran como sospechosos: Alejandro Picado Eduarte, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE); Marcos Castillo Masís, director de Aviación Civil y otros 11 imputados.