Banda de narco colombiano fingió que lanchas con droga eran ticas para evadir a autoridades de EE. UU.
La organización criminal de Celso Navarro Díaz, alias Costeño, colombiano de 65 años declarado culpable en Estados Unidos por narcotráfico internacional, intentó hacer pasar sus lanchas rápidas cargadas con droga como embarcaciones costarricenses para eludir a las autoridades norteamericanas.
Así se desprende de una orden firmada por la jueza federal de distrito Virginia M. Hernández Covington, quien rechazó una solicitud para desestimar la acusación presentada por Costeño y, en su lugar, acogió una petición para ratificar judicialmente que EE. UU. tenía autoridad para intervenir esos buques.
Desde marzo de 2022, Navarro Díaz fue acusado formalmente de dos delitos graves relacionados con el tráfico de cocaína.
La acusación surgió de una investigación sobre una organización criminal transnacional responsable del envío de lanchas rápidas cargadas de cocaína y marihuana desde Colombia hacia Centroamérica —en especial Costa Rica—, para su posterior introducción en Norteamérica.
Según las indagaciones, alias Costeño era el líder de esa estructura. Para investigarlo y acusarlo, las autoridades se basaron en dos operaciones marítimas específicas contra su grupo narcotraficante.
La primera ocurrió el 20 de marzo de 2020, cuando se interceptó una embarcación rápida en aguas internacionales, a unas 130 millas náuticas al sur de Punta Mala, Panamá. El segundo operativo se registró el 25 de julio de 2020, también contra una lancha rápida en aguas internacionales, a unas 100 millas náuticas al noreste de la isla de Malpelo, Colombia.
Los fiscales solicitaron una determinación judicial para establecer que esos buques estaban sujetos a la jurisdicción de EE. UU. al momento de su intercepción. No obstante, Navarro Díaz respondió con una solicitud de desestimación de la acusación.
Según alegó su defensa, existía una falta de jurisdicción, es decir, de la potestad que tiene un Estado para administrar justicia a través de sus jueces y tribunales. Para el narcotraficante colombiano, Estados Unidos habría actuado fuera de sus límites, lo que —de acuerdo con la Regla Federal de Procedimiento Penal— anularía la acusación.
Aquí es cuando entra el nombre de Costa Rica. Una de las maniobras para tratar de impedir que Estados Unidos tuviera autorización para intervenir fue alegar que las embarcaciones eran de origen costarricense.
Cuando fueron interceptadas en aguas internacionales en 2020, el capitán de los navíos aseguró que tenían bandera de Costa Rica, con el fin de evadir la intervención.
Sin embargo, los fiscales presentaron una certificación del comandante David M. Bartram, de la Guardia Costera estadounidense, designado por el secretario de Estado de ese país, mediante la cual se solicitó a Costa Rica confirmar o negar el registro o la nacionalidad de las embarcaciones.
El Gobierno costarricense respondió en 2020 que no podía confirmar ni negar el registro ni la nacionalidad de los buques. Ante ello, Estados Unidos demostró de manera concluyente que se trataba de "buques sin nacionalidad" y, por tanto, sujetos a la jurisdicción estadounidense.
Disputa legal
La Ley estadounidense de Ejecución contra las Drogas en el Mar (MDLEA, por sus siglas en inglés) prohíbe que una persona distribuya, a sabiendas o de forma intencional, o posea con la intención de distribuir, una sustancia controlada mientras se encuentre a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos.
Si un buque cuyo capitán reclama una matrícula y el país de matrícula alegado no afirma de manera expresa e inequívoca que la embarcación es de su nacionalidad, se considera un buque sin bandera y queda sujeto a la jurisdicción estadounidense cuando es interceptado en aguas internacionales.
Eso fue lo que ocurrió en este caso: al no ratificar Costa Rica que se trataba de buques costarricenses, se confirmó que las autoridades norteamericanas sí estaban facultadas para intervenirlos.
La jueza también rechazó un recurso presentado por el sospechoso, mediante el cual Navarro Díaz solicitó que se anulara parte de la acusación penal relacionada con tráfico de cocaína.
La defensa pidió al tribunal que desestimara el segundo cargo del proceso, al alegar que el Gobierno estadounidense no podría demostrar que el imputado sabía que la droga sería introducida en territorio estadounidense. Según el recurso, no existía causa razonable para sostener que Navarro Díaz tuviera conocimiento de que la cocaína tendría como destino ese país.
No obstante, la jueza determinó, en primer lugar, que la solicitud fue presentada fuera del plazo legal establecido para este tipo de recursos, el cual vencía el 21 de enero de 2025. Aun así, el tribunal decidió analizar el fondo de los argumentos expuestos por la defensa.
En su resolución, la jueza explicó que en los procesos penales no existe un mecanismo similar al "juicio sumario" que permita evaluar de forma anticipada la solidez de las pruebas. Señaló que, en esta etapa del proceso, lo único que corresponde revisar es si la acusación cumple con los requisitos formales establecidos por la ley.
Concluyó que el segundo cargo está correctamente formulado, ya que reproduce el lenguaje del estatuto federal que sanciona la fabricación o distribución de drogas fuera de Estados Unidos cuando se conoce, o se tienen motivos razonables para creer, que estas serán importadas a ese país.
Por esa razón, indicó que será en el juicio donde el Gobierno deberá presentar las pruebas y demostrar si el sospechoso tenía ese conocimiento.
El tribunal también rechazó el argumento de la defensa de que la ley aplicada sea inconstitucional en este caso, al considerar que dicha discusión depende de hechos que deberán ser probados durante el juicio.
Tras ese traspié judicial, este martes un jurado federal de Tampa, Florida, declaró a Costeño culpable de dos cargos de narcotráfico internacional. Según la justicia estadounidense, el sujeto utilizó a Costa Rica como punto de tránsito para movilizar droga.
De acuerdo con los testimonios y las pruebas presentadas durante el juicio, Navarro Díaz era el jefe de una organización criminal en Colombia que transportaba cocaína y marihuana desde la costa del Pacífico colombiano hasta territorio costarricense.
Durante un período de dos años, autoridades de la Guardia Costera de Panamá, Colombia y Estados Unidos interceptaron cuatro embarcaciones vinculadas con esta organización.
La investigación reveló que Costeño se refería a las operaciones de contrabando mediante un lenguaje altamente cifrado, incluso al hablar de las incautaciones posteriores a tres de los eventos.
La cocaína estaba destinada a ser trasladada desde Costa Rica a través de Centroamérica y México, antes de su ingreso a Estados Unidos.
Este caso fue investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración de Control de Drogas (DEA), la Guardia Costera de Estados Unidos, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Policía Nacional de Colombia.
La Oficina de Asuntos Internacionales y la Agregaduría Judicial del Departamento de Justicia en Bogotá colaboraron con el Gobierno de Colombia para lograr la captura y extradición de Navarro Díaz desde ese país, en setiembre de 2024.
Navarro Díaz ya era un viejo conocido de las autoridades. En setiembre de 2008, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia aprobó su extradición hacia Estados Unidos, a solicitud del fiscal general de ese país y del Tribunal de Distrito de Columbia, que lo requería.
Como resultado de ese proceso, en 2010 fue condenado por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y se declaró culpable de ese delito.