Bancrédito: Subtesorero de Hacienda señalado de autorizar “inversiones” millonarias

(CRHoy.com).— Mauricio Arroyo Rivera, uno de los acusados por el Ministerio Público, en el llamado "Caso Bancrédito", y quien es funcionario del actual Gobierno, ya que ocupa el puesto de Subtesorero Nacional, habría autorizado de manera ilícita las millonarias inversiones que se hizo el Ministerio de Hacienda en Bancrédito y que habrían provocado el llamado "hueco presupuestario".

En un comunicado de prensa del Ministerio de Hacienda, emitido el 11 de octubre del 2022, se informa que Arroyo Rivera había sido ratificado en su puesto, pese a que para ese momento se conocían las investigaciones en su contra y la acusación presentada por la División Jurídica de la Contraloría General de la República (CGR).

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) presentó cargos contra Arroyo por influencia contra la Hacienda Pública y también por seis presuntos delitos de falsedad ideológica.

CRhoy.com intentó obtener una posición de Arroyo Rivera, sin embargo, tras un mensaje enviado a su correo institucional, el mismo emitió una respuesta automática indicando que había salido de vacaciones del lunes 3 de julio al viernes 7 de julio y estaría de vuelta en la oficina el 10 de julio próximo.

El Despacho de Ministro, Nogui Acosta, indicó por medio de la Oficina de Prensa,  "que no conoce los detalles de la denuncia, al día de hoy el Ministerio no ha sido notificado formalmente, por lo que no puede referirse al tema".

Pseudo inversiones

CRhoy.com tuvo acceso a la acusación presentada por la División Jurídica de la CGR en la cual se establecen las posibles actuaciones irregulares de Arroyo Rivera. El documento, el cual fue recibido por el Ministerio Público, el 6 de julio del 2020, señala que el Subtesorero Nacional autorizó de forma ilícita las pseudo inversiones ejecutadas por el Ministerio de Hacienda a favor de Bancrédito en el año 2017.

Las "inversiones" autorizadas por Arroyo Rivera fueron:

• El 28 de marzo del 2017, por las sumas de ¢15.000.000.000 y ¢20.000.000
• El 29 de marzo, por la suma de ¢13.000.000.000
• El 30 de marzo, por la suma de $¢10.000.000.000 y ¢30.000.000
• El 28 de abril, por la suma de ¢62.000.000.000
• 6 grandes "inversiones" que en total suman el monto de ¢100.000.000.000 y $50.000.000

"Todo con el objetivo de realizar traslados ilícitos de dineros a esa entidad bancaria y revestir de legalidad esos movimientos de dinero, a través de una figura improcedente, pero que se ajustó hábilmente para llevar a cabo las operaciones descritas y distraer dichos recursos públicos que estaban bajo su esfera de custodia administrativa", señala la acusación de la CGR.

La División Jurídica de la CGR determinó que ante esta figura improcedente examinaron el fundamento técnico y legal de esas transacciones por medio de los denominados "informes técnicos" con los que Arroyo Rivera pretendió justificar las "inversiones que autorizó.

"No obstante, esos informes son inexistentes, por cuanto el único documento de respaldo que consta dentro del expediente para cada autorización y que guarda la tramitología de esas operaciones, corresponde a una constancia emitida por la Coordinadora de la Unidad de Gestión de Activos de la Tesorería Nacional, en la que se indicó que la Dirección de la Tesorería Nacional revisó que se contaba con el flujo de caja suficiente para realizar esas operaciones", explica la acusación del ente contralor.

La División Jurídica concluyó que esto desmentía la existencia de un riguroso análisis de la viabilidad técnica, financiera y legal, que pudiera amparar su proceder, sin dejar de lado que en la última "inversión" del 28 de abril de 2017, ni tan siquiera consta la existencia del documento sobre el flujo de caja.

"Sin embargo, fue la base que utilizó dicho funcionario para avalar y revestir de formalidad la tramitación de esas aparentes inversiones, con la finalidad de que se ejecutaran satisfactoriamente; lo que convierte la disposición ulterior de esos recursos públicos, en una conducta ilícita", manifiesta la acusación enviada a la Fiscalía.

La División Jurídica de la CGR señala en la acusación que el Subteroro Nacional habría distraído ¢62.000.000.000, que fueron transferidos el 28 de abril del 2017, en apego a la directriz de la Presidencia número 071-P del 7 de abril del 2017.

"No obstante, la invocada Directriz instaba únicamente, a la banca estatal, empresas públicas e instituciones autónomas, a mantener sus inversiones en Bancrédito más no a la Tesorería Nacional, la cual goza de una naturaleza jurídica distinta, con lo cual se deslegitima el fundamento de apoyo que él pretendió dar a esa "inversión" para distraer esos recursos", indica el documento.

La División Jurídica de la CGR estableció que el Subtesorero Nacional no podía desconocer que esas operaciones estaban al margen de las competencias de su cargo e incluso de la Tesorería Nacional.