AyA asegura que alerta por hidrocarburos en Coronado no afectó el suministro de agua

La presidenta del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Lourdes Suárez, aseguró que la alerta por una posible contaminación con hidrocarburos, detectada el fin de semana en Coronado, fue controlada a tiempo y no impactó el suministro de agua potable.

La situación se originó en la captación El Rosario, ubicada en Vázquez de Coronado. No obstante, esta toma forma parte del sistema que alimenta la planta potabilizadora de Goicoechea, desde donde se distribuye el recurso hacia comunidades como Guadalupe, Tibás y Moravia.

"Efectivamente, el fin de semana tuvimos una alerta de una posible contaminación en la planta potabilizadora de Guadalupe. Gracias al trabajo que ha realizado la institución y a la eficiencia con la que estamos hoy operando, se evitó que esta contaminación llegara a las viviendas", afirmó Suárez.

Según explicó la funcionaria, las autoridades identificaron la fuente del problema y coordinaron acciones para contenerlo.

"Se identificó la fuente de contaminación y se articuló con otras instituciones para clausurar el negocio que generaba el daño, además de recolectar el contaminante y evitar cualquier impacto", indicó.

No hubo afectación en el servicio

Suárez destacó que la situación no obligó a suspender el servicio ni alteró la distribución del recurso hídrico en las comunidades cercanas.

"Como se pudo constatar, no hubo necesidad de suspensiones ni se alteró la asignación del recurso a las viviendas de Guadalupe, Tibás y Moravia, que habrían sido las principales afectadas", señaló.

La jerarca hizo un llamado a la población y a los comercios a evitar prácticas que pongan en riesgo las fuentes de agua.

A inicios de 2024, el AyA enfrentó una de sus crisis más graves por contaminación, tras detectarse presencia de xilenos en el suministro proveniente de la misma planta potabilizadora.

El incidente afectó a cantones como Tibás, Moravia, Goicoechea, San José y Montes de Oca, donde más de 100.000 personas estuvieron durante varios días sin poder consumir el agua que llegaba a sus hogares.

El episodio generó fuertes cuestionamientos a la gestión institucional, así como impactos económicos y sociales en las comunidades.

 

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