Avanza plan que reduce penas por venta de drogas en casos de vulnerabilidad
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa dictaminó el proyecto de ley que pretende bajar las penas o incluso sanciones alternativas para casos de delitos de droga no relacionados con violencia.
El objetivo del proyecto es garantizar penas proporcionales en casos de personas encausadas por delitos de drogas que, por situaciones puntuales como condiciones de pobreza, explotación por parte del crimen organizado o consumo problemático de drogas no deberían ser procesadas por las vías judiciales habituales.
El proyecto reforma el artículo 58 Bis a la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo para que diga lo siguiente:
Las conductas tipificadas serán sancionadas con penas de prisión de tres a cinco años, cuando sean cometidas sin violencia contra las personas y sin el uso de armas por una persona que no tenga un rol de participación significativo dentro de la organización criminal. Incluso, según la valoración del juez o jueza, a la persona se le puede imponer arresto domiciliario con uso de dispositivos electrónicos no estigmatizantes o cualquier otra pena alternativa contemplada en la legislación penal, tal como las que se establecen en ley de Justicia Restaurativa de 2018.
El proyecto también propone reformas a los artículos 57 y 166 de la Ley sobre Estupefacientes; el primero para que instituciones pertinentes generen de forma coordinada sistemas de registro de la aplicación de la ley sobre estupefacientes con el fin de que se pueda realizar un adecuado monitoreo y evaluación de las políticas de drogas
En el segundo, para asegurar el abordaje garantista del problema de consumo de sustancias psicoactivas y tratamiento tanto para personas mayores como menores de edad.
La propuesta bajo el expediente 23.454 fue presentada por el Frente Amplio (FA) y ahora pasará a discusión al plenario legislativo.