Auditoría: Existen debilidades jurídicas en marco legal que extendió vida útil de los buses
Hay 72 unidades autobuseras cuya vida útil se venció entre 2002 y 2006
La Auditoría Interna del Consejo de Transporte Público (CTP) reveló aparentes problemas de seguridad jurídica y falta de controles para aplicar el marco legal que amplió la vida útil de los autobuses por 2 años, en casos especiales producto de la pandemia por COVID-19.
El detalle se encuentra en el informe de Auditoría de Carácter Especial sobre el Procedimiento Implementado a los Procesos de Vida Útil en la Prestación del Servicio de Transporte Público Remunerado de Personas, Modalidad Ruta Regular, por el Consejo de Transporte Público (CTP) publicado a finales de agosto.
El análisis se realizó con el propósito de verificar el cumplimiento normativo que regula el principal medio de transporte masivo, tanto para los empresarios como para las instituciones encargadas de manejar este tema.
La Asamblea Legislativa aprobó en enero de 2024 la "Ley para garantizar el servicio de autobús para los usuarios", Ley No 10444, la cual se publicó en el Diario Oficial La Gaceta el 20 de febrero de 2024.
El marco legal incorporó un transitorio a la ley actual de Tránsito en el cual se estableció como beneficiarios a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), según lo determine la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), así como también las cooperativas ubicadas dentro de esas clasificaciones.
Es decir, la legislación cobijó a las pequeñas y medianas empresas, pero las firmas empresariales catalogadas como "grandes" quedaron excluidas de la normativa.
Eventuales riesgos
El informe determinó que cualquier situación que impacte implica eventuales riesgos para los usuarios, como posibles sobrecostos en traslados, seguridad y otros; mientras que a los empresarios les generaría problemas con los mantenimientos correctivos y a las instituciones reguladores, quejas y denuncias.
Entre las observaciones que emitió la Auditoría se encuentra que la presentación de informes llegan 2 o 3 meses después que las unidades de transporte público concluyeran su vida útil. Es decir, cuando llegan a la Junta Directiva, los medios de transporte están vencidos.
"No se determinó la implementación de controles adecuados o de alternativas viables por parte del Área Técnica ante los otorgamientos de plazos que van desde los 10 días hábiles hasta los 3 meses a los empresarios.
"Lo cual no solo va en contra de lo que ordena la norma legal, sino también la norma interna, provocando la generación de plazos que se han mantenido en el tiempo, prueba de ello es que algunas empresas mantienen unidades con modelos que sobrepasan la vida útil establecida en el numeral 46 bis de la Ley 7600", precisó la Auditoría.
El órgano auditor precisó que la administración debe proponer a la Junta Directiva la elaboración de algún proyecto para plantear una solución viable para garantizar el acceso a sistemas de transportes seguros, accesibles y sostenibles para todos.
Estadísticas
De acuerdo con datos del Departamento de Concesiones del CTP con corte a mayo de 2023, existen 72 unidades cuya vida útil está vencida desde el periodo 2002 a 2006, es decir, no los cobija el marco legal aprobado en enero por el Congreso.
La legislación establece que ninguna de las empresas que brindan el servicio de transporte público en la modalidad de ruta regular deberían tener unidades con modelos que sobrepasen los 15 años de fabricación, a excepción de los modelos 2007 y 2008.
"Es importante que la administración realice el respectivo análisis de la Ley 10444 y recomiende el procedimiento que mejor se ajuste al cumplimiento de la legislación vigente, tomando en cuenta las políticas de sectorización del transporte público que se implementa en el país.
"Actualmente, algunas de las flotas para Ruta Regular, de acuerdo con el reporte de TI, mantienen unidades con modelos 2002 al 2006, surgiendo la posibilidad para el departamento responsable de ofrecer propuestas viables para que se renueven estas flotas y puedan brindarse el servicio de transporte en forma asequible, accesible, seguro y confiable de conformidad con la legislación vigente", detallaron desde la Auditoría.
Crhoy.com gestionó las consultas a la Oficina de Comunicación del CTP, las cuales se encuentran en trámite.