Auditoría de la CGR cuestiona control, seguimiento y visitas del MEP a escuelas

Si tiene solo unos segundos, lea estas líneas:

• Una auditoría de la CGR concluyó que el MEP presenta debilidades estructurales y falta de estandarización en la supervisión educativa de las escuelas primarias, lo que limita el control, la trazabilidad y la toma de decisiones.
• La supervisión en campo es insuficiente y no sistemática: entre 2023 y el primer semestre de 2025, la mayoría de los circuitos no cumplió con el mínimo de visitas exigido por la normativa, e incluso hubo circuitos sin ninguna visita.
• El MEP carece de mecanismos uniformes para verificar y dar seguimiento al rendimiento académico en primaria, lo que genera brechas en la aplicación de la Política Educativa y un seguimiento reactivo y fragmentado.

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Una auditoría de carácter especial de la Contraloría General de la República (CGR) reveló debilidades e incumplimientos por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP) en relación con la supervisión educativa que ejerce en los centros de educación primaria.

Así consta en el informe DFOE-CAP-IAD-00008-2025, publicado el 18 de diciembre del año anterior, en el que se identificaron tres resultados relevantes sobre la supervisión del MEP, considerando componentes administrativos, de dirección y técnico-académicos.

Estos resultados evidencian debilidades estructurales y de visión estratégica en la supervisión educativa, una ejecución insuficiente y no sistemática de la supervisión en los centros educativos, así como brechas en la verificación y el seguimiento del rendimiento académico en la educación primaria.

La información fue recolectada durante una auditoría realizada entre el 1.º de enero de 2023 y el 30 de junio de 2025, con el fin de determinar el cumplimiento del marco normativo y técnico orientado a asegurar un acompañamiento y seguimiento efectivos a los centros educativos.

Debilidades estructurales y de visión estratégica

El análisis evidenció que la supervisión educativa carece de los mecanismos institucionales necesarios para operar de forma estratégica y conforme a los estándares definidos en el marco normativo.

La CGR señala que las herramientas existentes no configuran un sistema articulado, sino un conjunto de prácticas individuales que varían significativamente entre circuitos, lo que genera brechas estructurales en la consistencia y verificabilidad de la función. Esta situación se manifiesta en tres aspectos críticos:

• El seguimiento de las denuncias reportadas por la comunidad educativa carece de un procedimiento institucional estandarizado que documente su valoración, atención y trámite. En los centros se encontró documentación en medios heterogéneos y formatos diversos —como actas de atención (71,1 %), archivos electrónicos personales (69,0 %) o incluso ausencia total de registro (1,6 %)—.
• Más de un tercio de los circuitos (36,3 %) carece de un mecanismo para registrar la identificación y documentación de necesidades, demandas y condiciones, tanto de los centros educativos como de la comunidad educativa.
• En el 27,9 % de los circuitos no se elabora anualmente la matriz de riesgos, pese a que la normativa lo exige. Esto refleja una falta de apropiación institucional del enfoque de riesgo como parte estructural del proceso de supervisión educativa.

Estas debilidades tienen su origen en la falta de estandarización, actualización y claridad de los lineamientos institucionales, lo que genera disparidades entre circuitos, limita la trazabilidad de las actuaciones y dificulta la consolidación de información confiable para la toma de decisiones.

Incluso, los contenidos ofrecidos al personal supervisor no fortalecen las competencias requeridas para aplicar mecanismos de control interno y gestión documental, lo que perpetúa brechas como la no elaboración de matrices de riesgo y el uso de mecanismos heterogéneos para registrar denuncias, necesidades y demandas, tanto de los centros educativos como de la comunidad educativa.

La CGR advierte que la permanencia de estas limitaciones compromete la capacidad operativa y estratégica de la supervisión educativa, ya que, sin registros estandarizados ni trazabilidad confiable, las Direcciones Regionales de Educación y los circuitos no pueden identificar con precisión los problemas que enfrentan los centros educativos.

Además, se limita la posibilidad de priorizar intervenciones y verificar si las acciones correctivas generan resultados, lo que reduce la efectividad del control interno, debilita la rendición de cuentas y prolonga brechas que impactan la calidad, equidad y continuidad de los aprendizajes, especialmente en los centros que requieren mayor acompañamiento.

Ejecución insuficiente y no sistemática de la supervisión en los centros educativos

El informe señala que la supervisión educativa no se está ejecutando conforme a lo establecido en la normativa del MEP, debido a que un componente esencial —la verificación en sitio— no se realiza con la frecuencia, cobertura ni regularidad requeridas.

La evidencia demuestra que, entre 2023 y el primer semestre de 2025, entre un 70,0 % y un 90,6 % de los circuitos no alcanzaron el mínimo de seis visitas mensuales definido por la normativa institucional.

Asimismo, el promedio anual de visitas representa menos de la mitad del estándar institucional de 54 visitas por año, con solo 24 visitas en 2023, 31 en 2024 y 22 en el primer semestre de 2025. Esto evidencia una ejecución sistemáticamente inferior al nivel requerido. Incluso, existen circuitos que no registraron ninguna visita durante todo el período, lo que constituye un incumplimiento de la función sustantiva.

Según la auditoría, estos resultados obedecen principalmente a la ausencia de un marco institucional que ordene, priorice y regule operativamente la ejecución de la supervisión educativa.

Esta situación se agrava con una capacitación específica insuficiente en metodologías de supervisión, seguimiento y verificación de acciones, por lo que las competencias necesarias para ejecutar las visitas en su dimensión técnico-académica no están plenamente desarrolladas ni actualizadas.

También se identificaron limitaciones logísticas y de movilidad (45,8 % sin vehículo institucional, 92,1 % utilizando transporte propio y 56,3 % sin viáticos), que restringen la capacidad de desplazamiento y no han sido acompañadas por una estrategia institucional que garantice su financiamiento y adecuada administración.

Ante este panorama, la CGR advierte que, de no corregirse la situación, el MEP verá limitada su capacidad para obtener información suficiente, verificable y oportuna sobre el funcionamiento de los centros educativos.

"Sin visitas de campo —principal mecanismo mediante el cual se verifica la implementación de acciones correctivas, el desempeño de la dirección escolar y la aplicación de la Política Educativa—, el sistema pierde trazabilidad sobre las condiciones reales de los centros, los riesgos no son detectados a tiempo y se reduce la capacidad institucional para orientar y corregir desviaciones en el desempeño académico y administrativo", señala la auditoría.

Brechas en la verificación y seguimiento del rendimiento académico en primaria

El tercer hallazgo del informe indica que la supervisión educativa no dispone de mecanismos institucionales estandarizados para dar seguimiento al rendimiento académico de los centros de I y II ciclo, lo que genera brechas en la verificación del cumplimiento de la Política Educativa.

La CGR señala que la revisión del rendimiento académico en los circuitos no sigue un procedimiento uniforme ni se apoya en mecanismos institucionales que garanticen trazabilidad y comparabilidad, por lo que la información se obtiene de manera fragmentada, aislada por centro educativo y sin un análisis consolidado.

Además, se identificaron debilidades en la verificación y seguimiento de los planes de mejora académica, debido principalmente a la existencia de procedimientos distintos, criterios no homogéneos y la falta de lineamientos técnicos que orienten la calidad, pertinencia y seguimiento de dichos planes.

Todo esto, según explica la auditoría, se origina en la ausencia de mecanismos institucionales de monitoreo, consolidación y trazabilidad que permitan a los circuitos verificar sistemáticamente el cumplimiento de estos requerimientos.

A ello se suma una apropiación limitada de la Política Educativa y la inexistencia de lineamientos claros que orienten la labor supervisora en esta materia.

"En ausencia de protocolos uniformes, la supervisión adopta un enfoque predominantemente reactivo, basado en criterios individuales y documentación dispersa, lo que impide que el seguimiento académico cumpla su finalidad de anticipar riesgos, detectar brechas y promover mejoras oportunas", concluye el informe.