Audiencia para pedir restricciones a banda “Turesky” se vuelve a estancar
Esta semana arrancó y se volvió a estancar una audiencia en la cual el Ministerio Público intentará volver a imponer alguna restricción a los 22 sospechosos en el caso "Turesky", una organización dedicada supuestamente al trasiego internacional de drogas y legitimación de capitales, que en apariencia utilizaba contenedores de carga para exportar el producto ilícito por Limón.
La nueva audiencia de medidas cautelares se lleva a cabo cinco meses luego de que Alejandro James Wilson, el supuesto cabecilla y los 21 imputados restantes quedaron completamente por la libre.
Fue el 25 de junio anterior que fueron puestos en libertad tras 3 años y un mes de estar detenidos.
Tal como dio a conocer crhoy.com, la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (Faedo) solicitó impedimento de salida del país, presentarse a firma cada quince días y la prohibición de comunicarse con testigos, como nuevas medidas cautelares.
La pretensión del Ministerio Público es imponer algún tipo de restricción mientras inicia la audiencia para determinar si el caso se eleva a juicio o no.
Pese a que la primera audiencia se llevó a cabo el pasado lunes a las 5:30 p.m., como estaba programado, los abogados defensores presentaron apelaciones a la hora en que se realiza la audiencia de medidas cautelares. Esto obligó a suspender hasta nuevo aviso, según confirmaron fuentes judiciales a este medio.
De acuerdo con la solicitud de medidas cautelares de la Fiscalía, a la cual crhoy.com consiguió acceso, existe un peligro de fuga y peligro de obstaculización de la investigación.
Pese a que los sujetos tengan vivienda o algún tipo de arraigo, los fiscales consideran que los sospechosos son señalados de conformar una banda delictiva y tener gran poder adquisitivo.
El Ministerio Público considera que los investigados en la agrupación cuentan con facilidades económicas y logísticas suficientes para poder abandonar el país o permanecer ocultos dentro del territorio. Cita el documento:
Tras este análisis es que en las causas de delincuencia organizada, se realiza una valoración más integral, va más allá de determinar si el imputado tiene casa o trabajo, porque ante todas esas otras condiciones estos aspectos pierden relevancia antepuesto a la alta posibilidad materializada que tienen los miembros de la organización de fugarse y hacer así nugatorios los fines del proceso, es importante aclarar para que los imputados se sustraigan del proceso no es solo saliendo del país, también podrían no asistir al proceso aún estando dentro del territorio nacional.
Además, el Ministerio Público teme que la estructura narco pretenda obstaculizar la investigación, dado que al parecer previo a ser desmantelada, habían reclutado a funcionarios del Poder Judicial para conseguir datos sobre los avances de las investigaciones en su contra.
Nótese que la razón por la que incluyeron a funcionarios judiciales fue precisamente para poder obtener información relevante que les permitiera conocer sobre eventuales investigaciones en su contra y estar todos alertas para no ser vinculados con las actividades ilícitas que desarrollaban y de esa manera procurar la impunidad del grupo, lo anterior a sabiendas que en caso que alguno de sus miembros sea detenido corren el riesgo de ser vinculados a una causa penal, es por lo anterior que a criterio del Ministerio Público existe un peligro de obstaculización latente, porque teniendo pleno conocimiento de quien son las personas que fueron ofrecidas como testigos.
Polémica liberación
Alejandro James Wilson, el supuesto líder criminal y 9 personas más, permanecían en prisión preventiva hasta finales de julio pasado, mientras que 6 involucrados más estaban bajo arresto domiciliario y otros 6 cumplían medidas alternas.
El pasado martes 25 de junio, el Tribunal Penal de Apelación Especializado en Delincuencia Organizada tomó la decisión de no acoger la petición de la Fiscalía para extender las medidas cautelares contra los sospechosos.
Ordenaron el cese de todas las restricciones hacia ellos, principalmente bajo el argumento de la falta de celeridad de los fiscales del caso en culminar la investigación tras 3 años.
Dicha decisión generó gran molestia en el Ministerio Público. En entrevista con crhoy.com, el fiscal general Carlo Díaz, arremetió contra los jueces que parecen no comprender la complejidad de estos casos y dijo que hubo un mal actuar por parte de los juzgadores.
Creo que los jueces no han entendido que estos casos son de crimen organizado, que son casos gigantescos y que no tienen el volumen de los casitos ordinarios que ellos reciben.
Esto lo comprendo en los jueces que no trabajan en la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada (JEDO). Pero no lo comprendo en la Jurisdicción Especializada, porque ellos deberían entender que estos casos no son los ordinarios: son los más grandes, específicos y diferentes que se pueden presentar.
Ellos sí deberían comprender la magnitud de este tipo de casos.
Caso Turesky
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, todos los imputados conformaban y tenían algún grado de participación en una organización liderada por el sujeto de apellidos James Wilson.
En apariencia, esta agrupación criminal importaba paquetes cocaína desde Colombia para ser almacenados en propiedades adquiridas en San José, Heredia y Limón y posteriormente enviarlos en embarcaciones con contenedores contaminados hacia Europa.
Según la Fiscalía, el grupo también se dedicaba a legitimar las ganancias obtenidas del negocio ilícito del narcotráfico, mediante la creación de empresas fachadas, desde donde compraban bienes tanto muebles como inmuebles, adquiridos o inscritos directamente a nombre de integrantes del grupo, testaferros o sociedades anónimas.
Los imputados en la causa además de James Wilson, son de apellidos Cartín Ceba, Picado Marín, Soto Rivera, Zúñiga Araya (mujer), Cartín Ramírez, Wein Calvin, Gutiérrez Gutiérrez, Gutiérrez Agüero (mujer), Chacón Bonilla, quienes estaban en prisión preventiva.
Solís Sánchez, Bejarano Benavides y Praslin Delgado estaban con arresto domiciliar con localización permanente, impedimento de salida del país y no tener contacto con ningún testigo, coimputado del proceso.
Medidas similares tenían Alfaro Pérez, Picado Mora, Aguilar Ulloa (mujer), Molina Fonseca, Alfaro Alfaro, Vega Quirós, Mora Núñez (mujer), Guadamuz Herrera (mujer) y Marín Madrigal. La investigación se maneja bajo el número de expediente 18-000092-1219-PE.