Audiencia de medidas del caso Barrenador continuará el lunes
Marta Esquivel Rodríguez, presidenta de la CCSS, al llegar a una audiencia judicial el 26 de setiembre de 2024. CRH
La semana se terminó, pero la audiencia de medidas cautelares del Caso Barrenador no, pues el Juzgado Penal de Hacienda y Función Pública ordenó suspender por hoy el curso del proceso para retomar el próximo lunes.
Este viernes pasadas las 4 p.m. los imputados salieron de la sala 4 de los Tribunales de Justicia Goicoechea, con la incertidumbre de qué pasará con su futuro.
Pese a que se esperaba poder terminar con esta etapa, no se logró concluir con las exposiciones debido a que faltó por exponer sus alegatos, Edgardo García, abogado de Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La que sí concluyó con su declaración fue Esquivel, quien prácticamente usó toda la tarde para explicar al juez su criterio y motivos para actuar en favor de contratar a cinco cooperativas para administrar 138 Ebais con presunto sobreprecio, acción que les endosa la Fiscalía.
Durante la mañana de este viernes también lo hizo Roberto Quirós Coronado, exdirectivo e imputado en la causa, para sustentar su posición sobre la contratación.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) solicitó el pasado martes suspender del cargo a la presidenta de la CCSS y otros imputados de apellidos Camareno, Gutiérrez, Araya, Rojas y Gómez, de la junta directiva de la CCSS.
Además, pidieron imponer para todos los involucrados impedimentos de salida del país, depósito de pasaportes, firmar una vez al mes en la FAPTA, prohibición de conocer cualquier asunto relacionado con la licitación bajo investigación, y prohibición de comunicarse, acercarse, influir, amenazar, intimidar o perturbar a 11 testigos del proceso.
Según el Ministerio Público, estas personas tomaron la decisión de adjudicar el contrato de administración de 138 Ebais a varias cooperativas, pese a que se determinó que las ofertas presentadas por las entidades eran excesivas.
"Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas", explicó la Fiscalía.
Las autoridades judiciales presumen que miembros de esa junta directiva sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a estos.
