Audiencia de medidas contra Marta Esquivel y 7 imputados continuará el jueves
Cinco de los ocho abogados defensores ya expusieron sus alegatos.
Pasadas las 4:00 p.m. de este miércoles, los jueces del Juzgado Penal de Hacienda y Función Pública suspendieron la audiencia para determinar las medidas cautelares contra los imputados del Caso Barrenador.
Se trata del expediente 24-000267-1218-PE, donde figuran como imputados Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y siete directivos y exdirectivos de la junta directiva de la entidad.
La sesión concluyó luego de que cinco de los ocho abogados defensores expusieran sus alegatos para rechazar las medidas que solicitó imponer el Ministerio Público contra las personas detenidas el pasado lunes, luego de que se desarrollaran 28 allanamientos.
De no existir inconvenientes la audiencia concluiría en el transcurso del jueves y posiblemente los abogados conocerían de las medidas por escrito al cierre de esta semana, según expresaron los defensores de los imputados.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) solicitó suspender del cargo a Esquivel y otros imputados de apellidos Camareno, Gutiérrez, Araya, Rojas y Gómez, de la junta directiva de la CCSS.
Además pidieron imponer para todos los involucrados impedimentos de salida del país, depósito de pasaportes, firmar una vez al mes en la FAPTA, prohibición de conocer cualquier asunto relacionado con la licitación bajo investigación, y prohibición de comunicarse, acercarse, influir, amenazar, intimidar o perturbar a 11 testigos del proceso.
Tras la petición, los imputados fueron puestos en libertad el martes en la noche y tuvieron que presentarse a audiencia este miércoles para escuchar los alegatos de los abogados de la defensa de los imputados.
La FAPTA atribuye a los sospechosos la presunta comisión de los delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias y se investiga el caso en la
Según el Ministerio Público estas personas tomaron la decisión de adjudicar el contrato de administración de 138 Ebais a varias cooperativas pese a que se determinó que las ofertas presentadas por las entidades eran excesivas.
En apariencia el contrato significaría un incremento anual de pago de más de 12.400 millones de colones respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución.
"Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas", explicó la Fiscalía.
Las autoridades judiciales presumen que miembros de esa junta directiva sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a estos.
