Audiencia de medidas contra Batalla, Picado y Castillo inicia a las 9.30 a.m.
La audiencia de medidas cautelares del caso Pista Oscura, en el que figuran como imputados el exministro Mauricio Batalla, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado; el director de Aviación Civil, Marcos Castillo y otras 11 personas, iniciará a las 9.30 a.m. de este martes.
Se trata del caso en el que se investiga el presunto favorecimiento por parte de Batalla y los demás implicados para que la empresa Constructora MECO S.A. mantuviera el contrato de remodelación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (AIDOQ).
La vista judicial está programada para desarrollarse en el II Circuito Judicial de San José y estará a cargo del Juzgado Penal de Hacienda.
Los 14 imputados de la causa 24-000454-1218-PE fueron indagados durante el lunes y así se terminó la primera etapa de ese proceso para proseguir con la discusión de medidas a imponerles.
Contra estas personas se persigue la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, influencia contra de la Hacienda Pública y malversación de fondos.
"La audiencia de medidas cautelares del caso Pista Oscura se programó para iniciar a las 9:30 am hoy miércoles. Por disposición del Código Procesal Penal es una audiencia privada y oral", confirmó el Poder Judicial.
El caso Pista Oscura es una investigación que se sigue contra estas 14 personas por, presuntamente, haber dirigido un plan delictivo para modificar el contrato adjudicado a la empresa Constructora MECO S. A., con el fin de reparar la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (AIDOQ).
En apariencia, habrían actuado para favorecer a la compañía que ganó la licitación, pese a que existían criterios técnicos que indicaban la necesidad de suspender las obras que ya estaban en curso.
Además, el contrato fue adjudicado mediante un decreto de emergencia firmado por el presidente Rodrigo Chaves Robles, bajo el argumento de que la estructura había sufrido daños a causa de tres tormentas tropicales. Sin embargo, un grupo de ingenieros encargados de valorar la pista negó que ese fuera el origen de los daños.
Con ese decreto se autorizó el pago de casi 40 millones de dólares a MECO, sin que el contrato pasara por el filtro de la Contraloría General de la República, tomando en cuenta su carácter de emergencia. Al tratarse de una declaratoria de emergencia nacional, el Gobierno puede agilizar el traslado de recursos sin requerir supervisión previa de dicha entidad fiscalizadora.