Asociación que administra ahorros de policías conocía posible acto ilegal al financiar candidato del PAC
Informe de los fiscales de la Asegosep revela que tenían dudas debido a que habría incurrido en un posible acto prohibido por ley.
La Fiscalía de la Asociación Solidarista de Empleados de Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública (Asegosep) conocía de la posibilidad de cometer un acto ilegal al financiar la campaña de Rogis Bermúdez Cascante del Partido Acción Ciudadana (PAC) quien postuló su nombre para ser diputado durante la pasada campaña electoral.
Asegosep agremia a más de 4.000 funcionarios del Ministerio de Seguridad, Gobernación y Policía y resguarda los ahorros y cesantía de miles de oficiales, principalmente, y funcionarios de esas dependencias gubernamentales.
Un informe firmado por Luis Ortega Campos, entonces fiscal 1 y Juan Carlos Méndez Hernández, exfiscal 2, reveló la preocupación que existía en la junta directiva luego de concretarse la inversión, de la cual no tenían certeza de un retorno, y tampoco de que fuera algo amparado en la legalidad.
Según los documentos aportados en el documento judicializado, Bermúdez, quien fungió como presidente del Consejo Nacional de Producción (CNP), en la administración Alvarado Quesada (2018-2022) negoció directamente con Asegosep la compra de los bonos.
El exjerarca finalmente se los adjudicaría a título personal, pero con dinero que le dio la solidarista expresamente para comprar cuatro bonos de segunda emisión serie B.
Los certificados fueron adquiridos por el candidato a legislador, sin embargo, el propio expresidente de la solidarista, James Williams, confirmó a CRHoy.com que fueron ellos quienes pagaron la millonaria suma al aspirante para alcanzar una curul en la Asamblea Legislativa.
Informes de Williams a los asociados, así como correos electrónicos de Bermúdez, aportados a un expediente que tiene bajo estudio el Ministerio Público, confirman que el miembro del PAC recibió la transferencia a una cuenta de Asegosep tras el pago de los cuatro bonos de segunda emisión serie B.
"El suscrito, Rogis Bermúdez Cascante, con cédula de identidad número **********, Ingeniero Industrial, en mi condición de Candidato Primer lugar por San José, por medio de la presente hago constar que el día de hoy he recibido la suma de dieciocho millones de colones de ASEGOSEP, institución que usted representa, mediante transferencia bancaria a mi cuenta IBAN CR*****************, con el propósito de emitir Bonos de Deuda política con un descuento de un diez por ciento (…)", se lee en el correo aportado en el informe.
Se trata de los certificados con los numerales 388, 389, 390 y 391, mismos que fueron firmados por Fabián Solano, presidente a.i. del partido y Karla Arrunátegui, la entonces tesorera nacional de la agrupación."Validar aparente incumplimiento"
En el informe presentado por Ortega y Méndez ante los asociados, dejan ver que existía la inquietud de lo que podía pasar por el pago al partido político que llevaba 8 años en el poder, pues no tenían claridad de si había legitimidad para comprar los bonos.
Incluso los exmiembros de la directiva confirmaron que tuvieron que pagar asesoría legal después de que se había efectuado la compra, pese a que desde un inicio no tenían certeza de si existía prohibición para entrar en ese negocio.
"Inversión compra de bono de deuda política al Partido Acción Ciudadana. Esta inversión, de reciente gestión, por solicitud de ésta Fiscalía, la Junta Directiva autorizó la contratación de una firma de abogados para que la asista en el proceso de revisión que en este momento esta en curso, a fin de verificar la legalidad de la compra, establecer si existe o no posibilidad real de recuperar esa inversión, y además validar el aparente incumplimiento de las prohibiciones expresas que tienen las Asociaciones Solidaristas, conforme el artículo 8 de la ley 6970. Esta Fiscalía advierte que la posible comisión del acto prohibido por ley, se considera una falta sumamente grave por los legisladores, por lo que la sanción a éste posible hecho tiene como consecuencia la destitución inmediata de los asociados que resultaren responsables", señala el informe.
Los entonces miembros de la directiva se comprometieron, una vez concluida la investigación, a brindar un informe a la junta y asociados, sobre los "hallazgos encontrados y toma de decisiones que correspondan", sin embargo, un año después no han hecho público dicho documento.
Informe de Fiscalía de Asegosep
Compra por medio del miembro del PAC
El documento, al que tuvo acceso CRHoy.com, detalla que Acción Ciudadana le otorgó cuatro bonos con un valor de ¢5 millones cada uno a Bermúdez, por lo que representaba una inversión total por parte de la asociación de ¢20 millones, no obstante, con el descuento incluido, el pago superó los ¢18 millones.
Al ser una asociación solidarista, Asegosep debe recibir un 5% de aporte patronal por cada funcionario y en este caso, al ser personeros de un ministerio de la República, los fondos salen de las arcas del Estado.
Es decir, un porcentaje de la partida estatal que se le entrega a la administración de los fondos de los asociados se destinó a una campaña política y se hizo sin la autorización de la junta directiva, según revela el informe de auditoría incluido en el expediente judicial
Tratándose de dineros devengados de una institución pública, surgió el cuestionamiento de si era permitido o no usar los fondos con fines electorales y el Tribunal Supremo de Elecciones fue claro al indicar que la Sala Constitucional hace 11 años emitió una resolución al respecto para restringir la compra de esos bonos.
"Las asociaciones solidaristas no pueden comprar certificados de sesión de la contribución estatal a los partidos políticos (conocidos como bonos) porque son personas jurídicas y, de acuerdo con la sentencia de la Sala Constitucional n.° 15.343 del año 2013, los bonos sólo pueden ser adquiridos por personas físicas nacionales, bancos del Sistema Bancario Nacional y medios de comunicación colectiva; las asociaciones al no ser ningún tipo de esas tres personas, no están facultadas para hacerlo", respondió Sandra Mora, directora ejecutiva del TSE.
Aun así, según lo detalla el informe, el presidente de la asociación, James Williams Serrano, autorizó la compra millonaria para apoyar a quien fungió como presidente del CNP hasta julio del 2022 y pretendía ser diputado del PAC por San José.
El mismo texto, que está en poder de la Fiscalía, señala que Williams no tomó en cuenta la posición del resto de la Junta Directiva, puesto que las reglas de Asegosep, permiten a quien la presida, poder hacer inversiones no mayores a ¢20 millones, sin necesidad de aprobación del resto de los directivos.
En vista de estos hechos, se le consultó al TSE si existía alguna investigación para tener claridad si se violó el Código Electoral por parte de la solidarista y el entonces partido de gobierno, pero indicaron que no existía ninguna causa abierta o procesada relacionada con este particular.
"En atención a su consulta periodística, se le informa que, una vez revisados los registros departamentales sobre investigaciones administrativas preliminares, no se identificó referencia alguna específica a una presunta adquisición de certificados de cesión de la contribución estatal por parte de la Asociación Solidarista del Ministerio de Seguridad Pública en las pasadas Elecciones Nacionales de 2022. Tampoco se encontraron registros de esta temática, o similares, respecto de procesos nacionales anteriores", indicóRonald Chacón Badilla, jefe Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos.
Precisamente el TSE no tiene reporte de compras por parte de la solidarista, debido a que la compra la hizo el expresidente del CNP con dinero otorgado por Asegosep puntualmente para la inversión en los cuatro bonos.
Se desligaron
Consultado sobre el pago de los bonos, Rogis Bermúdez, expresidente del Consejo Nacional de Producción en la administración Alvarado Quesada (2018-2022), puso en tela de duda que la Asegosep haya comprado los bonos.
El exjerarca indicó que "lo mejor es consultarle a tesorería del partido, yo renuncié y no sé quiénes están ahora".
El Partido Acción Ciudadana se desligó por completo de esa transacción, asegurando que ellos no recibieron dinero de ninguna asociación.
"No sé cual habrá sido la negociación de carácter privado entre Rogis y la asociación, imagino que un préstamo, porque el dinero de los bonos entró por medio del sistema bancario nacional, no nos entró dinero desde la asociación a nuestra cuentas, no hay depósitos de la asociación, contratos ni documentación. Si hubo alguna negación fue de don Rogis con la asociación, una relación de carácter privado con la que el partido no tiene nada que ver", dijo Fabián Solano, presidente del PAC.
Los dieron por perdidos
Según el reporte financiero de enero entregado al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Bermúdez logró colocar bonos por ¢23,5 millones, de los cuales obtuvo casi ¢19 millones, con los descuentos del 15% y 20% que ofrecieron.
Entre esos figuran como los más grandes los cuatro pagados a él por la Asegosep, que sumaban -sin descuento- ¢20 millones exactos, además de otros dos de ¢1 millón, 11 bonos de ¢100.000 y ocho de ¢50.000.
De esas sumas, el PAC no logró recuperar un solo colón, debido a que no alcanzó el porcentaje mínimo de apoyo en las urnas para recibir ese beneficio.
Debido a los resultados, en Asegosep dieron por perdido el dinero que ellos aseguran se invirtió en los bonos del PAC.
"(…) se realizó una inversión en este modelo financiero, se tomaron las previsiones y se acordó invertir 18 millones de colones en bonos con un valor facial de 20 millones más tasa básica pasiva +1%; la intencionalidad en esta inversión fue la generación de ingresos, a finales del 2022, aproximados a los 3 millones de colones. El riesgo se materializó, el ingreso prometido no será percibido por la asociación en razón de no alcanzar la meta establecida por el Tribunal Supremo de Elecciones. No obstante, la pérdida no se ha materializado por haber tomado los mitigadores de riesgo necesarios para reversar dicha inversión y recuperar el monto invertido inicialmente", reza el informe de la directiva de la gestión realizada en el 2022.
Una vez que la junta directiva analizó estas y otras 3 millonarias inversiones, se pidió explicaciones sobre la forma "riesgosa" en que se movilizó el dinero y finalmente se determinó que la contadora y el gerente general debían ser sancionados por supuestas desatenciones a la hora de realizar los negocios.
Una auditoría anexada al expediente judicial confirma "la existencia de debilidades en los análisis de inversión y apoyo documental relacionados con las inversiones" que se realizaron en "para los bonos de Deuda Política del Partido Acción Ciudadana".
El mismo documento señala que: "honestamente estamos en presencia de inversiones que, salvo la buena fe de los deudores, no existen mecanismos tangibles que respalden estos dineros para evitar que las mismas se constituyan en pérdidas financieras para los asociados y afecten sus dividendos".
Informes en el Ministerio Público
El informe de los fiscales y el del presidente de la Asociación fue acogido para una investigación que lleva el Ministerio Público, con la cual se pretende investigar si existió movimiento ilícito de dinero en empresas donde la asociación hizo inversiones entre 2020 y 2022 que superaron ¢800 millones (más de $1,5 millones).
La Fiscalía de Legitimación de Capitales le había pedido a Asegosep, el año pasado, rendir cuentas sobre sus inversiones en la empresa Hidrobag Costa Rica SRL, por la participación de un hombre de Heriberto Gutiérrez Castro, a quien investigaban por lavado de dinero y cuya causa tiene requerimiento conclusivo debido a que fue asesinado el 30 de junio del año pasado en Moravia.
"En respuesta a su consulta, la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial informó que la causa de su interés se relacionaba con una sociedad de la cual formaba parte una persona de apellidos Gutiérrez Castro, quien figuró como investigada en el proceso.
Sin embargo, durante la investigación, esta persona falleció, por lo que ahora el despacho está trabajando en el requerimiento conclusivo correspondiente", detalló el Ministerio Público.
Tras repreguntar sobre la posible participación de otras personas en los delitos investigados, indicaron que luego de trasladar la consulta a la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial en ese despacho indicaron que "en apego al artículo 9 y 295 del Código Procesal Penal, no es posible confirmar o descartar si una persona registra causas activas, ya que podría poner en riesgo una eventual investigación, por la materia tan delicada que se maneja".
Añadieron que hasta el mes de diciembre "la Fiscalía Adjunta de Fraudes indicó que, según su sistema de gestión de casos", no había personas relacionadas con este tema vinculadas a un proceso en ese despacho, tampoco en la Fiscalía Adjunta de Probidad Transparencia y Anticorrupción.