Falta de expropiaciones retrasa proyecto de ruta a San Carlos, indica Asociación
La Asociación Pro Carretera sostiene que las expropiaciones para la construcción del tramo sur de la ruta a San Carlos siguen sin completarse, lo que obstaculiza el inicio de la obra.
La organización publicó su posición a través de un video que compartió en redes sociales, luego de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, criticara a la Asociación y a su representante, Rafael Solís. El Gobierno ha circulado desde mayo imágenes de trabajos en ese sector, pero la Asociación indica que se trata de labores preparatorias y no a la construcción en sí misma. Además, los diseños están a la espera de aprobación.
Tras consulta de CR Hoy, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) admitió que la etapa en la que se encuentra el proyecto es de estudios de campo.
"El 23 de mayo se dio el banderazo de salida y se inició una de las etapas más importantes de este proyecto, montaña adentro con obras y estudios de campo como base del diseño de lo que construirá", indicó la entidad.
El ministro de esa cartera, Efraím Zeledón, volvió a lanzar en conferencia de prensa una nueva promesa de finalización: el primer trimestre del 2027, aunque en 2023 el Gobierno se comprometió a terminar la vía en 2026.
Para la Asociación, las expropiaciones siguen siendo la principal traba que impide el avance del proyecto.
"No han tenido un avance expedito como todos esperábamos y como nos estaban diciendo que estaba ocurriendo", comentó Solís en el video difundido. De acuerdo a la Asociación, el informe de noviembre de la Corte Suprema de Justicia indica que aún están pendientes "muchos casos" por resolver.
A la espera del tramo central de la ruta a San Carlos
Mientras la punta sur se mantiene en estudios previos, el tramo central sigue congelado debido la disputa entre el Gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), financista de ambas secciones de la carretera.
Aunque la fase constructiva del tramo central se iba a retomar en setiembre, esa promesa del Gobierno quedó en palabras y la construcción se ha retrasado. Chaves llegó a acusar a esa entidad de atrasar el inicio de las obras.
No obstante, la Asociación Pro Carretera considera que el retraso se debe a que el cartel de licitación incumplió estándares que ahora el BID está pidiendo corregir. La licitación tuvo una única oferta de la empresa CHEC, a la que finalmente se le adjudicó el proyecto.
CR Hoy envió consultas al Banco para conocer su posición al respecto, pero, tras varias peticiones, el BID finalmente contestó que en este momento no tiene comentarios sobre el tema. La respuesta final sobre el futuro de la carretera a San Carlos la tiene esa entidad regional, según la decisión que tome con respecto al proceso licitatorio.
Para la Asociación es preocupante la espera por el pronunciamiento del BID y advierte que los trabajos en la punta sur pueden resultar inútiles si el tramo central no se concreta.
"Si el tramo central no se ejecuta y no se hace de una manera eficiente, esta gran inversión de $196 millones en la punta sur no nos va a servir de nada", señaló Solís.
Aunque esta licitación ha recibido críticas, el MOPT sostiene que el proceso tuvo el acompañamiento del BID.
"El cartel y el proceso fueron supervisados por el BID desde el inicio. Es falsa la afirmación de que el atraso se debe a incumplimientos de estándares que ahora el BID exige", respondió el Ministerio.
La entidad agregó que punta sur y tramo central se desarrollan a través de contratos separados y, aunque el BID financia ambos, el futuro del tramo central no debe mezclarse con el avance de la punta sur, según manifestó el MOPT.
El tramo central acumula señalamientos de diversa índole. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ha criticado la falta de una unidad ejecutora y un equipo técnico profesional, mientras que la Asociación Costarricense de Geotecnia (ACG) ha advertido que existen riesgos geotécnicos en el tramo central.
La Asociación indica que esta última advertencia es la razón de la baja participación de empresas en la licitación. Mientras tanto, el MOPT defiende que la unidad ejecutora fue aprobada por el BID al inicio del proceso.