Asesoría legal del AyA dudó de que empresa adjudicada cumpliera en Hacienda
En declaración jurada, empresa dijo que estaba al día con impuestos
(CRHoy.com).— Un informe del departamento legal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) puso en duda el cumplimiento con el Ministerio de Hacienda de la empresa adjudicada para la construcción del tanque en La Uruca, proyecto de 2 mil millones de colones que se entregó sin que el contrato incluyera cláusulas de multas y penalidades.
Dicho criterio legal consigna que, pese a que la empresa Fernández Vaglio Constructora S.A. -adjudicada con el millonario proyecto- había presentado una declaración jurada de que estaba al día ante Hacienda, en la consulta hecha por los asesores del AyA aparecía morosa.
En el memorando PRE-J-2023-00288, del 1 de febrero del 2023 pasado, Javier Cross Anderson, del Departamento Jurídico del AYA, pide aclarar a la empresa, por qué al momento de hacer el estudio legal de la oferta, la empresa aparecía morosa, pese a que la declaración jurada indicaba lo contrario.
CRHoy.com intentó obtener una posición de la empresa Fernández Vaglio Constructora S.A. pero al cierre de esta nota no habíamos obtenido respuesta.
La consulta hecha por Cross Anderson tiene fecha 1 de junio del 2023, a las 2 p.m.
En el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) se le solicitó a la empresa, tanto 16 de mayo como el 26 de junio del 2023 pasado subsanar el tema de Hacienda.
"Buenas tardes, favor subsanar lo siguiente; 1.-Según consulta realizada el día de hoy, su representada aparece morosa en su situación tributaria. 2.- Favor prorrogar la vigencia de la oferta por un plazo de dos meses adicionales".
En las respuestas de la empresa, a nombre de Manuel Fernández Vaglio, y que se consiga en Sicop, se indica tanto el 17 de mayo como el 27 de junio que la empresa está al día con sus obligaciones tributarias y se adjunta el siguiente documento:
Estas son las solicitudes hechas por en Sicop ante la situación tributaria:
Garantía de participación
Además del tema con Hacienda, el criterio legal determinó que la garantía de participación no cumplía con lo requerido, pues el monto presentado no era suficiente para respaldar la oferta presentada.
"Asimismo, esta Asesoría de contratación también procedió con la revisión de la garantía de participación, la cual, no cumple, esto por cuanto el monto presentado no es suficiente para respaldar la presentada la oferta, pero sí cumplió con el 80% para poder subsanar", señaló Cross Anderson.
Esta situación también fue corregida por la empresa, según se consigna en Sicop.
También, el funcionario jurídico determinó que las certificaciones aportadas por los profesionales estaban vencidas, una de estas en diciembre del 2022 y otra en junio del 2021. De igual forma fue subsanado por la empresa.
"Luego de haber revisado los documentos aportados por el oferente, se pudo determinar que la oferta incurre varios incumplimientos subsanables, concretamente los puntos 3, 5, 6 y 7, por lo que debe procederse a solicitar la subsanación respectiva", informó.
El análisis del Departamento Legal se hizo con base a las dos ofertas; la presentada por Fernández Vaglio y la del Consorcio Dicoma Cubic, la cual determinó que no cumplía.
La Comisión Asesora del AYA determinó que la empresa Fernández Vaglio había subsanado los señalamientos hechos por el Departamento Legal.
El 7 de julio: sin posibilidad de prórroga
En el acto final de recomendación 2023-60, de la Comisión Asesora del AYA participaron Jennifer Fernández, Elsie Gómez y Andre Linares, de la Dirección de Proveeduría; Javier Cross, del Área Legal; Francisco Brenes, Silvia Zeledón y José Cerdas, del Área Técnica y Alberto Cervantes, del Área Financiera.
La Comisión determinó que para dictar el acto final de dicha adjudicación, a cargo de la Junta Directiva del AYA, debía ser el 7 de julio pasado, "sin posibilidad de prórroga".
Sin embargo, aunque esta recomendación se hizo el 29 de mayo, no fue sino 3 días después de que venciera el plazo que fue conocido por la Junta Directiva del AYA.
El 4 de julio, la junta directiva decidió por votación de mayoría, declarar desierta la adjudicación, para corregir el hecho de que el contrato no incluyera cláusula de penalidades si la empresa incumplía.
Al cuestionamiento sobre la ausencia de instrumentos legales para defender el interés del Estado en caso de incumplimiento de la empresa en el proyecto, se sumó la propia duda del jerarca del AyA Alejandro Guillén, quien le manifestó a la directiva Krissia Coto que la empresa adjudicada "no era el mejor contratista".
Pese a esto, la primera votación fue anulada y se convocó a una nueva sesión. Pero en esta, igual por mayoría se decidió declarar desierta la adjudicación.
Nuevamente, por razones que no están claras, esta segunda votación se anuló y fue hasta una tercera votación en la que ganaron los que querían adjudicar las obras, pasando por alto el riesgo de que no existiese cláusula de cumplimiento, que el proceso se validó.
Esta decisión provocó la renuncia de dos directivas. Una de ellas, Beverly Hernández, dijo claramente que dicha gestión ponía en riesgo las finanzas del Estado.