Asesor de Fernández plantea reformar la Constitución para permitir bases militares de EE. UU. en Costa Rica
El abogado constitucionalista Fabián Silva Gamboa, asesor de la presidenta electa Laura Fernández, planteó impulsar una reforma a la Constitución Política que permita a Estados Unidos instalar bases militares en Costa Rica como parte de una estrategia para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
Según expuso, las eventuales bases podrían ubicarse en provincias costeras como Limón, Puntarenas y Guanacaste, zonas que calificó como claves en las rutas del narcotráfico. A su criterio, esta medida permitiría no solo disuadir la operación de organizaciones criminales, sino también facilitar la captura de capos para que sean trasladados y procesados en Estados Unidos.
"Pongan bases militares de Estados Unidos en Limón, Puntarenas y Guanacaste, y que se lleven a esos capos", zanjó el asesor presidencial, en el programa Octavo Mandamiento de Canal OPA!.
Los abogados Juan Diego Castro, Fabián Volio y Fabián Silva conforman el equipo asesor de Fernández, junto a María Lourdes Echandi Gurdián, también abogada. Captura de pantalla
El planteamiento de Silva abre un debate sensible en el país, ya que Costa Rica abolió su ejército en 1948 y la Constitución Política, en su artículo 12, no contempla la instalación de bases militares extranjeras (ver nota abajo)
Silva justificó su propuesta señalando que el país enfrenta "grandes limitaciones" legales y operativas para hacer frente a las estructuras criminales transnacionales, por lo que considera indispensable abrir un debate sobre cambios constitucionales y la firma de acuerdos que habiliten la presencia permanente de fuerzas militares estadounidenses en puntos estratégicos del territorio nacional.
"El crimen se desarrolla aquí, pero el efecto nocivo se extiende a todos los países. No deberíamos cargar con esa mafia en Costa Rica", afirmó el abogado, quien dijo en que la discusión debe abordarse desde una perspectiva "patriótica" y sin descalificaciones.
En ese contexto, Silva cuestionó si la nueva Asamblea Legislativa tendrá la capacidad de asumir un debate de esta magnitud. "La pregunta es si los nuevos diputados tendrán la madurez y el sentido patriótico para discutir esto con seriedad, sin insultos ni el nivel de confrontación que caracterizó al período anterior", señaló.
Debate sensible para un país sin ejército
Como se citó más arriba, Costa Rica abolió el ejército en 1948 y la Constitución Política, en el artículo 12, no contempla la instalación de bases militares extranjeras. Cualquier avance en esta dirección requeriría una reforma constitucional y amplios consensos políticos.
"Artículo 12.—
Se proscribe el Ejército como institución permanente.Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias.
Solo por convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares; unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil: no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva", señala la Constitución.
La abolición del ejército es uno de los elementos con los que más se identifica la ciudadanía y ha sido defendida durante décadas como un símbolo de paz y neutralidad.
Cualquier iniciativa para permitir bases militares de Estados Unidos requeriría una reforma constitucional, un proceso complejo que demanda mayorías calificadas en la Asamblea Legislativa y amplios consensos políticos, al tratarse de uno de los pilares históricos del Estado costarricense desde 1949.
Este medio solicitó una reacción de la presidenta electa, Laura Fernández, acerca de este planteamiento de Silva. La solicitud se realizó por medio de la oficina de prensa de la Presidencia de la República, que actualmente gestiona la relación con la prensa de Fernández. Al cierre de esta nota, la gestión se encontraba en trámite.
Silva es parte del equipo de asesores de la presidenta electa, los cuales fueron presentados el 18 de febrero en conferencia de prensa en Casa Presidencial .
Además de él, el grupo lo conforman María Lourdes Echandi, especialista en Derecho Público; Fabián Volio, especialista en Derecho Constitucional; y Juan Diego Castro, abogado penalista, exministro de Justicia (gobierno de José María Figueres Olsen, 1994-1998) y excandidato presidencial.
Fernández dijo que todas estas personas son de su completa confianza.