Asamblea no puede “vender” celulares a diputados que entidad les da: Esta es la razón
En dos criterios de la Asesoría Legal de la Asamblea Legislativa se le indicó a la administración del Congreso y al Directorio Legislativo que es imposible vender los celulares que los diputados reciben como beneficio para sus labores, una vez que concluyan su trabajo como legisladores.
Desde el 2014, la Asamblea Legislativa le entrega a cada diputado un plan de telefonía celular con el aparato incluido con la empresa Kölbi.
Por mes, la Asamblea paga (con recursos públicos) por los planes ¢2.7 millones.
El 21 de junio del 2023, en la sesión ordinaria 053-2023, del Directorio Legislativo (que es la máxima autoridad administrativa del Congreso) se conoció la inquietud de la diputada socialcristiana María Marta Carballo, en ese momento primera secretaria del Directorio, sobre la posibilidad de dejarse el celular que reciben, a cambio de pagar un "valor" estimado del aparato.
En ese momento dijo la legisladora:
Es con respecto a lo de los teléfonos celulares, lo había comentado, no sé si con doña Sianny en algún momento y es el tema de que en la institución estos celulares que se dan a los diputados y a los dos años se renuevan los contratos, pero esos celulares están completos todavía y la institución entiendo que los destruye entonces yo no sé si valdrá la pena hacer la consulta a Legal y también a la Procuraduría si la institución puede vender esos celulares, ya sea, al diputado o algún funcionario o quien quiera.
Pero estos celulares por baratos cada uno puede costar 250 mil colones; me parece porque tienen apenas dos años y normalmente escogen los últimos modelos, 200 mil colones por 57 celulares estamos hablando que la institución algo recupera y a como están las finanzas del Estado me parece que ahí podemos conseguir un poco de recursos, no sé la viabilidad legal de esto, pero tal vez para hacer la consulta legal y no sé si también a la Procuraduría que como está el tema con eso, pero me parece que es un desperdicio de recurso destruirlos entonces no sé si tal vez tomamos el acuerdo y hacer la consulta.
El Directorio Legislativo tomó entonces en aquel momento un acuerdo para solicitar al Departamento de Asesoría Legal un criterio con respecto a la posibilidad de que al terminar los planes celulares que se otorgan a cada diputado, "estos puedan ser reutilizados o vendidos a los mismos legisladores, o en su defecto, aprovechados de alguna manera, a fin de recuperar parte de la inversión realizada".
Motivos para rechazar la propuesta
En un oficio del 22 de setiembre del 2023, suscrito por Freddy Camacho, jefa a.i. del Departamento Legal del Congreso, dirigido a Karla Granados, directora ejecutiva de la Asamblea Legislativa, se explica por qué es imposible venderle los celulares a los diputados.
Camacho indica que no existe en la Asamblea un reglamento que regule la "venta de bienes", únicamente la donación por desuso o desecho, principalmente a Juntas de Educación y Juntas Administrativas.
Recuerda que la Ley General de Contratación Pública lo que menciona es la posibilidad del remate de un bien público.
Pero agrega que realizar un remate de los celulares que los diputados reciben no sería posible para darle a cada legislador.
"Como se aprecia, la venta de bienes muebles o inmuebles, vía remate, no permite hacerlo directamente a alguien en particular, como serían los diputados o diputadas que venían usando los teléfonos celulares que quedarían sin uso; sino que esa figura del remate implica un concurso, cuya publicación debe efectuarse en el sistema digital unificado (actualmente Sicop), y el bien se adjudicará al interesado que ofrezca el precio más alto", indica el oficio.
Luego explica que la Asesoría Legal que no se recomendaría la figura del remate porque obligaría a la Asamblea a satisfacer la garantía implícita, por el plazo de hasta 30 días o más (en vicios ocultos), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.
"Lo anterior implica que en caso de que alguno de los celulares que se rematen, lleguen a presentar problemas técnicos, 30 después de adquiridos, la Administración deberá devolver al consumidor el dinero pagado, sustituir el artículo defectuoso o bien repararlo; opciones que operativamente no resultan de fácil solución. Incluso, el plazo sería mayor, en tratándose de vicios ocultos, pues ese plazo comienza a correr a partir del momento en que se conocieron los daños", indica el informe.
Información personal
Otro elemento que razona legal, es que no se podría rematar los celulares de los diputados a otras personas porque existe un riesgo de que se pueda sacar de ellos información personal y privada.
Al respecto, el criterio legal reproduce lo indicado por la Dirección de Servicios Generales del Congreso sobre el tema:
Es importante tener claro que los celulares que dejan los señores diputados contiene información personal de su gestión, que no solo porque se retire o cambie una tarjeta se puede garantizar que la información en ellos no se puede extraer.
Además, contablemente y tecnológicamente ya estos han agotado su vida útil, por tanto, son desecho y como desecho no deberían ser objeto de donación.
Así mismo, una vez que los celulares salen de nuestro control, nada garantiza que los mismos sean utilizados por fines impropios y la Asamblea se pueda ver envuelta en un problema de cualquier tipo, por una mal uso y forma de desecho.
Desde un punto de vista de confidencialidad y resguardo de la información, respeto a los mismos diputados, control de inventario, aseo, seguridad y para minimizar futuros problemas, todos los celulares se deben destruir y ser depositados en los depósitos que para este fin dispone el I.C.E.
Agrega el informe que "el hecho de que se retire o cambie una tarjeta, no garantiza que la información que contienen, no se pueda extraer; lo que -añade- podría llegar a exponer información personal de la gestión del diputado que fue su usuario".
Concluye entones el criterio de legal:
No resulta posible, legalmente, que los aparatos telefónicos que queden en desuso, sean vendidos a los propios legisladores, pues la figura que debería utilizarse, es la del remate, que implica un concurso abierto al mejor postor.
Aunque existe esa figura legal del remate, no resulta aconsejable su utilización para el caso de los aparatos telefónicos en desuso, pues tendría que cumplírsele al comprador, la garantía implícita, por un espacio de treinta días o un plazo mayor si se trata de vicios ocultos. Asunto que operativamente conllevaría muchas dificultades para nuestra institución.
Insistencia
A pesar de esta respuesta, el Directorio volvió a pedir al Departamento Legal en octubre del 2023 que "amplíe su criterio con respecto a la posibilidad de que los legisladores al final de su gestión tengan la posibilidad de adquirir sus propios aparatos celulares, de manera que no se comprometa la información que se encuentra contenida en las tarjetas".
En diciembre del 2023, este Departamento vuelve a responder reiterando lo ya dicho en meses atrás y que la ampliación del criterio pasa a "un segundo plano".
"No resulta posible para la Administración, garantizar que los aparatos celulares no contengan información personal del diputado o diputado que los utilizó, ya que no puede efectuar el reseteo total, al no contar con las claves personales para acceder a esos aparatos", agregó el informe.
A pesar de esta respuesta, en una respuesta recibida por crhoy.com de la administración se reitera que aún existe la intención de que los diputados puedan llevarse el celular una vez terminen sus labores.


