Asamblea envía funcionarios a teletrabajo y prepara operativo de seguridad por protesta contra fiscal general
La Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa autorizó que los empleados de esta institución se acojan este martes a la modalidad de teletrabajo, debido a las manifestaciones previstas en contra del Poder Judicial y el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez.
Además, las autoridades del Congreso trabajan en conjunto con la Fuerza Pública y la Dirección General de la Policía de Tránsito en un operativo para resguardar el perímetro del edificio legislativo.
La información fue confirmada por la directora ejecutiva del Congreso, Karla Granados Brenes.
En cuanto al teletrabajo, la Asamblea instruyó, mediante un comunicado interno, a los gerentes de departamento para que apliquen esta modalidad al personal cuyas funciones lo permitan, exceptuando a aquellos cuya labor exija presencialidad.
"Esto nos permitirá tener una mayor capacidad de maniobra en caso de que se presente algún acontecimiento", expresó la funcionaria legislativa.
Este lunes, el Poder Judicial comunicó que garantizará la continuidad de sus servicios durante la jornada de protesta. Las autoridades judiciales hicieron un llamado para que la manifestación se desarrolle con respeto a la institucionalidad, la convivencia social y la educación cívica.
La protesta contra el fiscal general, promovida en redes sociales por grupos afines al gobierno y al presidente Chaves, iniciará alrededor de las 10 a. m. frente al edificio de la Corte Suprema, en el centro de San José; posteriormente, se trasladará al Ministerio Público, ubicado a pocas cuadras de distancia.
Mientras tanto, este lunes, en el plenario legislativo, varios diputados cuestionaron la movilización.
La diputada independiente Kattia Cambronero Aguiluz y el frenteamplista Ariel Robles Barrantes alzaron la voz contra la manifestación.
"La mayor propuesta que ha hecho en materia de seguridad es propiciar una marcha en contra del fiscal general y su ataque semanal al Poder Judicial. Por su parte, el partido oficialista se ha encargado de obstaculizar el avance del proyecto de ley que presenté para mejorar las capacidades del OIJ (expediente 24.191)", criticó Cambronero.
"Mientras nos inunda la inseguridad, el presidente, ¿adivinen qué quiere hacer? Marchar contra el fiscal general, que es la máxima autoridad del Ministerio Público en la lucha contra el narcotráfico. Mientras enfrentamos un pico de inseguridad, la diputada Pilar Cisneros está impidiendo que el proyecto para el OIJ tenga recursos suficientes para evitar la fuga de funcionarios y fortalecer la lucha contra el narcotráfico", cuestionó Robles.
Días atrás trascendió que seguidores del presidente Rodrigo Chaves están organizando grupos que asistan a la marcha. Para convocar a la gente, les ofrecen transporte en bus, alimentación y hasta ¢10 mil por persona.
En redes sociales y mediante comunicaciones vía WhatsApp, algunas personas ofrecen los traslados desde diversos sectores del país, como San Carlos, Puntarenas, Puerto Jiménez y el Caribe. Según las publicaciones, son hoteleros y empresarios quienes estarían financiando la movilización.