Arranca estudio de plan para dar subsidios a desempleados
Iniciativa pretende apoyar a familias afectadas por crisis del COVID-19
La mesa de trabajo es coordinada por la diputada Franggi Nicolás, del PLN. (CRH).
(CRHoy.com) -La Asamblea Legislativa comenzó el estudio del proyecto de ley del Gobierno para otorgar subsidios a los trabajadores del sector privado cuyos ingresos se hayan visto afectados por la crisis del COVID-19.
Ya quedó conformada la mesa de trabajo que analiza la iniciativa. El grupo está integrado por los diputados Franggi Nicolás, Paola Valladares y Silvia Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN), María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Melvin Núñez, del Partido Restauración Nacional (PRN).
También José María Villalta, del Frente Amplio (FA), Paola Vega y Nielsen Pérez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), Dragos Dolanescu, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), Silvia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN), Ignacio Alpízar, de Nueva República y la independiente Zoila Volio.
"Somos conscientes de que miles de personas perdieron sus trabajos o vieron reducidos sus ingresos por el COVID-19 y necesitan con urgencia soluciones. Por lo que trabajamos en el proyecto de ley 21.909, que pretende a través del diferencial del combustible usar recursos para apoyar con subsidios económicos a más de 400.000 personas, que en estos momentos necesitan de una ayuda económica para hacerle frente a esta crisis", dijo Nicolás, coordinadora de la mesa de trabajo.
La iniciativa -Ley de protección a las personas trabajadoras durante la emergencia por la enfermedad COVID-19- fue propuesta y convocada por el Poder Ejecutivo en las sesiones extraordinarias del Congreso.
Según la propuesta, se crearía un fondo para otorgar el beneficio a quienes se les haya suspendido el contrato de trabajo, se les haya reducido sus jornadas laborales o hayan perdido su empleo.
Los recursos provendrían de la fijación de los precios a los consumidores finales en las estaciones de servicio de la gasolina súper, plus 91 y diésel.
"De aprobarse esta medida se podrá ayudar a otras 400.000 familias, con un fondo que se generará gracias a la baja en el precio de compra internacional de combustibles, monto que rondará en los ¢50.000 millones", insistió la liberacionista.