Aprueban nuevo texto a plan comprometido con FMI sobre reforma a Ley de Aduanas
Se amplió el plazo a la comisión por 60 días
Archivo (CRH)
(CRHoy.com) Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso aprobaron, este martes, una moción de texto sustitutivo para el proyecto de ley 22.364, una iniciativa comprometida por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) concerniente a una reforma a la Ley de Aduanas.
En los últimos meses diversos sectores han cuestionado la iniciativa que, según el gobierno, modernizaría el sistema aduanero y fortalecería los controles en el combate al contrabando y la defraudación fiscal.
La propuesta incorpora el requisito de inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) para importadores, exportadores y auxiliares de la función pública aduanera. También obliga al sector a estar al día en el pago de impuestos ante Tributación y en las cuotas obrero patronales. A su vez, incluye la figura del pago diferido de la Obligación Tributaria Aduanera para materias primas y bienes de capital.
Sin embargo, recientemente los empresarios aseguraron que el texto del proyecto anterior encarecía los costos de producción del sector privado.
Los empresarios dijeron que a pesar de que se pretende atacar de manera frontal el contrabando, el texto no contiene los requisitos sustanciales ni aumenta la recaudación fiscal.
También cuestionaron porque en la propuesta se disminuyen las sanciones y multas, y se delega el control aduanero a los operadores privados, lo que aumentaría los precios finales a exportadores e importadores.
Según dijo la presidenta de la comisión, la liberacionista Karine Niño, el nuevo texto recoge las observaciones de los distintos sectores.
Además los miembros de la comisión aprobaron una moción para ampliar a 60 días su plazo de discusión.
A su vez, decidieron llamar en audiencia a jerarcas de los ministerios de Hacienda, Planificación, Comercio Exterior y de la Dirección General de Aduanas. También se pedirá el criterio de la Contraloría General de la República, el Banco Central y la Corte Suprema de Justicia,