Anuncian batalla legal ante intento “solapado” de gobierno por reactivar pesca de arrastre
Desde noviembre de 2022, Incopesca sacó a licitación estudio que se extendería por 2 años
(CRHoy.com). La Fundación MarViva no descarta tomar acciones legales una vez que se cristalicen los planes con los que el Poder Ejecutivo pretendería reactivar, en una manera aparentemente solapada, la pesca de arrastre del camarón.
El 28 de noviembre de 2022, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) abrió una licitación abreviada a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) para contratar 3 digitadores y 8 observadores con miras a efectuar un estudio de camarón "a profundidad y procurar nuevas alternativas para la pesca responsable del camarón" en aguas del pacífico.
La licitación, prevista para un plazo de 2 años, tiene un presupuesto cercano a los ₡120 millones. A partir de los resultados que se obtengan, se formalizaría un proyecto para reactivar este tipo de pesca.
Desde 2013, la Sala Constitucional determinó que la pesca de arrastre del camarón es inconstitucional y prohibió su práctica hasta que existan los suficientes elementos científicos para avalarla.
Además, hay que recordar que en 2020 Carlos Alvarado, entonces presidente de la República, vetó el proyecto de ley 9909, aprobado por la Asamblea Legislativa del período 2018-2022, para reanudar la pesca de arrastre de camarón en la costa pacífica.
Jorge Jiménez Ramón, director de MarViva en Costa Rica, afirmó que el Poder Ejecutivo busca una reactivación "solapada" de la actividad a través de la realización de este estudio. Incluso, alega que las condiciones cartelarias advierten un interés por favorecer 8 empresas afincadas en Puntarenas y que históricamente explotaron la actividad previa al veto de la Sala Constitucional.
Los adjudicatarios tendrían la posibilidad de comercializar el recurso pesquero que capturen durante la fase de ejecución de los estudios.
"Es una forma solapada de reactivar la pesca de arrastre. No solamente solapada, sino terriblemente estratégica en la forma que han venido modificando aspectos. Por ejemplo, en el 2020 modificaron la ley de pesca para que en el artículo de investigación científica se cambiara de forma que, de ahora en adelante, en la investigación científica en pesca, el producto de esa investigación pueda ser comercializado por los investigadores".
"Una de las grandes motivantes detrás de este estudio es que lo que estas 8 embarcaciones recolecten, será vendido y será vendido por los industriales de la pesca. Para efectos prácticos empezó otra vez el comercio del camarón de arrastre", cuestionó Jiménez, en entrevista con CRHoy.com.
Según consta en el expediente de Sicop, 4 compañías presentaron ofertas para adjudicarse la participación en los estudios: Servicios Personales Agropecuarios B y S Sociedad Anónima, Servicios de Mantenimiento y Seguridad Semans Sociedad Anónima, Arthe Consultores Asesores en Recursos Humanos y Talento Empresarial Sociedad Anónima y Aplicom Sociedad Anónima. De momento, no se han girado actos de adjudicación.
Este 2 de febrero, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) e Incopesca remitieron un comunicado de prensa conjunto en el que recordaron que la realización de estos estudios se anunció desde el pasado 30 de setiembre de 2022 en el Consejo de Gobierno que celebraron Rodrigo Chaves, presidente de la República, y su gabinete en Puntarenas.
"Luego de invitar a los sectores académicos y a las organizaciones no gubernamentales interesadas en materia de océanos, el Minae y el Incopesca, anuncian que están finalizando los procesos para iniciar con los primeros estudios en el país sobre una nueva arte de pesca de camarón de profundidad, conocida como AA (vetada en 2020 en el fallo constitucional).
"Los estudios se realizarán en este año y hasta el 2024 en la costa pacífica de Costa Rica, después de las 4 millas náuticas de la costa, y fuera de las Áreas Silvestres Protegidas y de las Áreas de Pesca Responsable", alegó el comunicado gubernamental.
Para MarViva, existiría una influencia política en el gobierno de empresarios puntarenenses interesados en que la pesca de arrastre se active. Según Jiménez, la situación socioeconómica actual que enfrenta la provincia, agobiada por olas de violencia y criminalidad, no se resolverá exclusivamente con la reactivación de la pesca de arrastre.
"La influencia política de un grupo de empresarios de Puntarenas parece ser el motivante para que esto se dé asociado a promesas de carácter político durante la última campaña (presidencial). Es un estudio prácticamente igual al que se hizo entre 2018 y 2019. Vamos a pagar cientos de millones de colones, porque además de hacer el estudio, tenemos que pagar el alquiler de las embarcaciones con las que se hacen los estudios y estas mismas embarcaciones tienen la posibilidad de vender el producto. Es un negocio redondo para 8 familias puntarenenses", advirtió el representante de la fundación, quien acotó que el país puede optar por explorar otros mecanismos de explotación del camarón mediante sistemas de cultivo.
En el comunicado remitido por el Minae, se señala que la realización del estudio fue puesta en conocimiento de las universidades estatales y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) del sector ambiental, entre ellas citaron a MarViva, Conservación Internacional, Costa Rica por Siempre o la Fundación Amigos de la Isla del Coco.
"Nos vamos a cerciorar, de que sea la ciencia y la técnica quien nos guíe. Los datos son muy valiosos para un país como Costa Rica que cuida los océanos, el ambiente y que cree en un progreso sostenible", alegó Franz Tattenbach, ministro del Minae.
En tanto, Heiner Méndez, presidente ejecutivo de Incopesca, aseguró que "participarían en la investigación 8 embarcaciones de la flota semiindustrial para la ejecución del proyecto, para lo cual se establecieron 5 especies de camarón, tomando en consideración la profundidad y área según las especies, la cantidad de muestras a analizar, las variaciones espaciales, temporales y de las épocas climáticas, y la necesidad cualitativa y cuantitativa de los parámetros a estudiar de los stocks pesqueros".
Una de las posibilidades analizadas por MarViva es, una vez que la adjudicación quede en firme, elevar los reclamos al Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) o la Contraloría General de la República (CGR).
La Administración Alvarado Quesada (2018-2022) pagó estudios para pesca de arrastre de hasta $245 mil. Y que otro convenio entre el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Incopesca para otros estudios tuvo un costo de ¢3.000 millones.
Las autoridades de gobierno adelantaron que en próximos días "estarían convocando próximamente a otra reunión se seguimiento con los distintos actores".