Análisis: Gobierno distorsiona discurso contra corrupción
Denuncia de diputada Guillén y pago de favores políticos destacan como ejemplos
(CRHoy.com) A pesar de usar el discurso anticorrupción como uno de sus ganchos para la campaña electoral, el Gobierno del presidente Rodrigo Chaves distorsiona el mensaje y utiliza estrategias de negación para no admitir errores que pueden salpicar su transparencia ante la ciudadanía.
Así lo explica el analista político Gustavo Araya, quien indica que nos encontramos en un proceso de regresión democrática a nivel internacional y Costa Rica no escapa, donde gobiernos como el actual se caracteriza, según las ciencias políticas, como un gobierno autocrático en el que básicamente se utilizan tres grandes herramientas: el populismo la posverdad y la polarización.
"Cada uno alimenta a las otras, es típico de utilizar recursos de posverdad, de negación de la realidad, del recurso de no aceptar los errores o de distraer generalmente con otro tipo de creación de noticias o de declaraciones para no asumir responsabilidades sobre hechos concretos, porque esto les permite a través de la posverdad establecer procesos de polarización aquellos que le creen al gobierno", explica Araya.
Ya sea suavizando el mensaje, cambiando el contexto, bajando el tono a los hechos o bien rechazando los señalamientos sin ninguna investigación, son tácticas que aplican cuando enfrentan cuestionamientos.
Esto genera en la ciudadanía las divisiones de aquellos que son "buenos" y aquellos que son "malos". Aquellos que "están con los poderosos" y aquellos que "están con el pueblo".
Y produce ataques en redes sociales principalmente a los que cuestionan las acciones del
Gobierno.
Con una visión errónea que ataca a medios de comunicación que en realidad solo hacen el trabajo de informar lo que ocurre.
Ofrecimiento de puestos
En apenas siete meses de la administración, al menos es posible señalar tres ejemplos puntuales donde el discurso de la rectitud y probidad, tambaleada en el Gobierno.
Uno de los hechos más recientes fue el que denunció la diputada del Frente Amplio (FA), Sofía Guillén.
El 9 de noviembre al final de la sesión del plenario legislativo, Guillén pidió la palabra para señalar que el diputado de Gobierno Alexander Barrantes se le acercó para negociar el tema de eurobonos, ofreciéndole en un momento de la conversación puestos para familiares o miembros del partido en embajadas a cambios de los votos para este proyecto.
De inmediato la reacción de la fracción oficialista fue negar la denuncia de la legisladora.
Pocos minutos después de lo ocurrido, la jefa del oficialismo, la diputada Pilar Cisneros, junto a Barrantes salieron a los a desmentir a Guillén, sin mediar ninguna investigación previa o tan siquiera dudar de lo afirmado por la frenteamplista.
"Desmentimos que eso sea así, este no es el Gobierno del tome y daca o del truque", afirmó Cisneros.
Más tarde Cisneros publicó un video en las redes sociales de Casa Presidencial desmintiendo a Guillén afirmando que Barrantes no está autorizado para negociar los eurobonos.
Puedo decirles mirándolos a los ojos que ni ayer, ni hoy ni nunca, le hemos puesto precio a ningún voto
Luego el presidente Chaves también descalificó lo ocurrido al punto que lo clasificó como un chisme, un "dime y diretes".
"Yo no sé quién andaba prometiendo o quién quiso que le prometiera o que oyó qué. Yo no me voy a meter en dimes y diretes, pero el único que puede hablar de eso -de la designación de las embajadas- soy yo y el canciller, así de fácil. Ahí andan las bolas de esto y lo otro y si yo vuelvo a ver a alguien es que le hago ojitos para que apruebe los eurobonos", dijo Chaves.
El jefe de fracción del FA, Jonathan Acuña, cree que el discurso del Gobierno en materia de corrupción es totalmente contradictorio.
Puestos Políticos
Otro caso donde el Gobierno muestra una doble discurso es el nombramiento de puestos políticos, como lo reconoce el propio Canciller de la República, Arnoldo André.
El 11 de noviembre, CRHoy.com informó el nombramiento de Ana Gabriela Massey Machado, como embajadora de Costa Rica en Suiza.
Massey Machado no es diplomática de carrera, además, ella es hija del exdiputado y pastor evangélico Guyon Massey, una de las principales figuras de la comunidad evangélica del país.
Massey le dio el respaldo a Chaves en la pasada campaña electoral e incluso lo hizo suscribir un acuerdo que entre otras cosas incluye permitir que el sector cristiano le propusiera candidatos a "posiciones de liderazgo" en los sectores Educación, Salud y Relaciones Exteriores.
Cuando este medio le preguntó al Canciller André cual era la justificación para este nombramiento su respuesta fue que ante la falta de diplomáticos de carrera, el Gobierno hará "nombramientos políticos".
Procuramos hacer un nombramiento político y uno de carrera para tener un balance y así ir ocupando todos los puestos
Casualidad
El 20 de junio en una conferencia de prensa convocada a última hora, Chaves anunció que tras un encuentro con empresarios, le ordenaría al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) ampliar el contrato con la empresa Sociedad Portuaria de Caldera (SPC) que administra el Puerto de Caldera hasta el 2031 para que realice "obras paliativas urgentes" debido a la saturación que ya tiene el puerto.
"Hemos tomado la decisión de instruir al presidente ejecutivo del Incop de que empiece de manera inmediata, de acuerdo al contrato existente y al marco jurídico en Costa Rica, una negociación con el concesionario actual para extender el contrato cinco años y que esa negociación va a implicar, si el concesionario acepta, inversiones sustantivas de medidas paliativas, porque el tiempo no da para tener soluciones permanentes", mencionó en ese momento.
El contrato con esta empresa vence en el 2026 y la Contraloría General de la República (CGR) ha objetado por años la ampliación del contrato.
Chaves ha dicho que el proceso de ampliación del contrato se hará en "total transparencia" y con la supervisión de la CGR.
En una de las sociedades dueñas de SPC aparecía como accionista y fiscal, el empresario Calixto Chaves Zamora, quien durante la campaña electoral fue uno de los principales consejeros del hoy presidente, además de financista junto con su hijo.
El 21 de junio, CRHoy.com dio a conocer la relación de la familia de Chaves Zamora, con esta sociedad.
Según el Registro Nacional y el Sistema Nacional de Compras Públicas (Sicop) Calixto Chaves Zamora renunció a la junta directiva de Logística de Granos S.A. el 1 de abril. Esta empresa tiene el 19% de las acciones de SPC.
Las acciones de la sociedad se mantienen en poder de la esposa del empresario, Rosa Lidia Zamora Víquez y de sus hijos José Pablo y Mónica Chaves.
Un informe del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), enviado al Ministerio Público, reveló que tanto Calixto Chaves como su hijo fueron compradores de bonos serie "A" y "B" en la campaña.
José Pablo Chaves con ¢107.000.000 bonos serie "A" y Calixto Chaves con ¢34.000.000; pero además este último también aparece en la lista de los principales compradores de bonos serie "B" con un monto de ¢104.000.000.
La confianza de Chaves con el empresario del mismo apellido ha sido reconocida por él públicamente al punto que en un momento dijo que este podría ocupar un cargo ad honorem dentro del Poder Ejecutivo.
El 22 de junio consultado por la prensa, el presidente rechazó que exista un posible conflicto de interés con su decisión de ampliar el contrato a SPC y calificó la relación como una "casualidad".
"El hecho de que haya participado en mi campaña el hijo (de Calixto Chaves), con una proporción accionaria minoritaria, pasa a ser un evento de casualidad. No voy a permitir que Costa Rica sufra más y que se malinforme al pueblo de Costa Rica sobre qué es la realidad de las cosas, desinformando, reportando verdades parciales, omitiendo el fondo de los hechos", apuntó el presidente.
El 7 de setiembre pasado CRHoy.com reveló que el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, se había mantenido reuniones privadas, que no se comunicaron a la prensa y donde no hubo actas, con el gerente de SPC, Ricardo Ospina.
El miércoles 16 de noviembre, en la Comisión Especial de Puntarenas, Ospina fue convocado a comparecer ante los diputados donde confirmó las reuniones que fueron pactadas por ellos en un hotel capitalino donde no hubo actas.
Ospina insistió ante las consultas de los legisladores que no se habló de la renovación del contrato y que en ellas participaron empresarios y funcionarios del Incop, con el fin de hablar de las medidas paliativas urgentes.
El diputado del FA, Ariel Robles cuestionó en la comisión que si bien el tema de Caldera es urgente de resolver, no hay razón para hacer reuniones secretas con funcionarios públicos, donde no hay actas y donde no se informa a la prensa de las mismas.
Comisión Puntarenas:Sociedad Portuaria dice que han hablado de la extensión de la Concesión de Caldera con Gobierno, sin actas y ni el ojo público en un hotel pagado por la empresa.Negocio irregular desde el PAC que le están dando continuidad ahora.¿Ya no es posible corrupción?
— Ariel Robles Barrantes (@RoblesBarrantes) November 19, 2022
Este tipo de reuniones ocultas o secretas, parece ser recurrentes en la administración Chaves Robles.
Otro caso se dio el pasado 27 de julio cuando la diputada Cisneros Gallo organizó una reunión secreta entre el presidente Chaves, el ministro de Hacienda Nogui Acosta y los diputados que integran la Comisión de Asuntos Económicos para hablar sobre los eurobonos.
CRHoy.com, tras conocer del encuentro, preguntó en aquel momento a Cisnero ¿por qué no se informó de la reunión?
"¿Por qué deberíamos informar?", respondió la diputada.
Al preguntarle si no creía que por un tema de transparencia, Cisneros respondió: "¿qué es la transparencia?, ¿todas las reuniones tienen que ser públicas, todas las sesiones tienen que ser públicas?".