Ampliación de ruta 32 en apuros: se requerirían más de $192 millones para finalizar obra
Ministro Amador es claro en que urge preingeniería para tener certeza de lo que se necesita
(CRHoy.com). Nogui Acosta, ministro de Hacienda, y Luis Amador, jerarca de Obras Públicas y Transportes, comparecieron este martes 25 de octubre ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa para referirse al financiamiento adicional requerido para concluir la ampliación de la ruta 32, entre Río Frío y Limón.
El proyecto, que comprende 107 kilómetros y está a cargo de la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC, por las siglas en inglés), tiene fecha de conclusión prevista actualmente para el 8 de febrero de 2023. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, las autoridades de gobierno han enfatizado en que se requerirá una ampliación del plazo, hasta 2024, para lograr finalizar la obra, que comenzó a ser construida en 2017.
Melvin Quirós, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, quien acompañó a Acosta y a Amador, detalló que el proyecto de ley que se discute en el foro legislativo, presentado por el pasado gobierno (Alvarado Quesada, 2018-2022) estimaba en $150 millones adicionales bajo un presupuesto extraordinario destinado en terminar el proyecto a más tardar abril de 2024.
Estos recursos, que serían excluidos de regla fiscal, se destinarían a intervenciones adicionales y las obras complementarias que enlazarían con los cantones y las comunidades impactadas por el paso de la carretera.
Según datos de las autoridades, hasta este 25 de octubre el proyecto registra un avance físico del 73%.
Sin embargo, el ministro Amador puntualizó que se requiere mucho más dinero para finalizar el proyecto y no se animó a dar con certeza absoluta un monto total para finalizar la obra a cabalidad. Solo dijo que, de acuerdo a análisis preliminares, se necesitan 64 pasos peatonales, 7 retornos, aceras y ciclovías.
"Con base en el inventario, el costo total de hacer esas obras ronda los $192 millones. Si agarramos la carretera y degradamos esos pasos sobre nivel y bajamos todo a un mínimo, aun así se ocuparían alrededor de $5 millones. Estamos empezando este análisis. No existe certeza de eso, porque no hay una preinversión aprobada", reconoció Amador.
El jerarca apuntó que se necesitarían 4 meses para solventar los aspectos técnicos de preinversión. De paso, el titular de Hacienda fue claro en que bajo la óptica financiera y de recursos estatales, se debe tener muy claro lo que se requiere
"Desde el punto de vista, el acuerdo del Fondo Monetario Internacional (FMI) establece un límite de endeudamiento para acometer estos proyectos. Primero necesitamos saber qué se requiere. Ese es el problema con este proyecto de ley, se estimó una cantidad de recursos ($150 millones) sin saber cuánto se iba a necesitar", aseguró Acosta.
Así las cosas, los ministros están en desacuerdo con el proyecto de ley que presentó la pasada Administración para avalar el uso del dinero a través de un proyecto de ley.
El 30 de mayo de 2022, la Contraloría General de la República (CGR) publicó un informe que advirtió numerosas deficiencias en la conceptualización del proyecto y en las obras complementarias.
Estas intervenciones se requieren en los 5 cantones limonenses (Limón, Pococí, Guácimo, Matina y Siquirres). Están fuera del diseño original del proyecto desarrollado por la constructora, pero fueron solicitadas por los municipios donde la obra genera impactos directos. El contrato estipula que las obras las debe realizar CHEC. Hoy no hay recursos para este fin.
Entre lo requerido hay: pasos peatonales, salidas para vehículos de primera respuesta, pasos de fauna, aceras, retornos, rotondas en cruces, bahías para autobuses, vías marginales o intercambios viales.
La ampliación de la ruta tiene un costo estimado de más de $530 millones, de los cuales $465 millones son financiados por el Exim Bank de China mediante 2 créditos. El resto de los recursos, $164 millones, son gestionados por una contrapartida nacional dirigida a cumplir con las expropiaciones o la reubicación de los servicios públicos.