Álvaro Ramos sobre suspensión de Marta Esquivel: “Una situación sin precedentes”

Álvaro Ramos, expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se refirió a la suspensión de varias personas, entre ellas Marta Esquivel, presidenta ejecutiva, por el caso Barrenador y aseguró que es "una situación sin precedentes".

Actualmente, en la Junta Directiva hacen falta 5 miembros, 4 por la suspensión por orden del juez Paúl Fuentes y uno por reciente renuncia, quien también es imputado en el caso.

Los suspendidos son Esquivel, Zeirith Rojas, vicepresidente, María Isabel Camareno, representante del gobierno y Johnny Gómez, quien representa al sector patronal. Quien renunció fue Jorge Porras, posterior a que la directiva, Martha Rodríguez, lo denunció por presunto nombramiento ilegal.

En el caso de quienes fueron suspendidos, Ramos considera que deberían renunciar para simplificar las cosas. "Sobre todo el de la Uccaep (Gómez) creo que lo que procede es que renuncie y simplifique mucho la situación de la Uccaep porque le complica muchísimo las cosas", manifestó Ramos.

Para Ramos, en este momento la situación más relevante es designar a la brevedad a las personas  que van a sustituir a los suspendidos por orden del Juzgado Penal de Hacienda y Asuntos Públicos, tras solicitud de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

Impacto del caso Barrenador

De acuerdo con declaraciones dadas por el expresidente ejecutivo a crhoy.com, la situación del caso Barrenador "es terrible" e impactará la confianza que tienen los asegurados en la institución.

El principal activo de la Caja, más que cualquier otro, es la credibilidad de que es una institución que nos pide a todos los costarricenses que le entreguemos una gran parte de nuestro salario todos los meses. Los costarricenses merecemos tener toda la confianza de que eso que entregamos, esos recursos que le damos a la Caja se están usando bien.

Yo me temo que para la inmensa mayoría de los costarricenses va a ser difícil distinguir entre las posibles irregularidades que hayan cometido algunos funcionarios de la Caja versus seguir desconfiando cada vez más de la Caja como un todo, una desconfianza hacia todo el sistema, en vez de algunos actores que pueden haber cometido irregularidades.

Y esa lógica de a qué le estoy dando la plata, la usan mal, es una lógica muy peligrosa, va destruyendo y minando la paz social del país.

Muy triste porque la gente está desilusionada, la gente asustada, les sorprendería cuantos se me han acercado, empleados de las cooperativas, personas de los cantones afectados pensando ‘¿qué va a pasar con ellos? ¿va a haber algún cambio?', yo trato de tranquilizarlos que por lo menos de inmediato no, pero claro es una incertidumbre injusta para todos, comentó Ramos.

Los sindicatos del sector salud, se han referido a la suspensión de los funcionarios. Mario Quesada, presidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname), mencionó que es una decisión prudente.

"El caso Barrenador está escribiendo uno de los capítulos más oscuros y sombríos en la historia de más de 80 años de nuestra querida CCSS. Esto porque a pesar de las recomendaciones que los entes técnicos de la institución giraron a la Junta Directiva en cuanto a sobreprecios en las ofertas de cooperativas, algunos directivos al final tomaron la decisión de adjudicar. Consideramos más que prudente la medida cautelar de suspensión en el cargo contra estas personas", indicó Quesada.

Desde Siname pidieron a Rodrigo Chaves, presidente, que nombre a los 3 representantes del Estado para que se pueda continuar con la toma de decisión desde la Junta Directiva.

Desde la Unión de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), celebran la decisión de suspender a los imputados.

"El órgano jurisdiccional, no se dejó intimidar por las presiones reiteradas y constantes realizadas desde el Poder Ejecutivo, violentando el principio constitucional de separación de poderes De esta manera, se viene a salvaguardar la integridad de la investigación y evitar cualquier acto de coacción y persecución de los testigos y del Ministerio Público", expresaron desde Undeca.

El caso Barrenador se relaciona con la adjudicación de 10 áreas de salud a 4 cooperativas y una asociación de salud pese a varias alertas de sobreprecios.