Alvarado cita a sindicalistas para hablar de empleo público

Después de meses de un enfrentamiento constante con él y su administración por la discusión fiscal, que dejó el cierre del curso lectivo de 2018 con grandes deficiencias, el presidente Carlos Alvarado intentará mejorar su relación con los sindicatos del sector educativo del país de cara a otra discusión que se avecina: las reformas al empleo público. 

El mandatario citó para el próximo martes 29 de enero a los líderes sindicales del Magisterio Nacional a su despacho en la Casa Presidencial para discutir sobre este tema que resulta sensible para el sector educativo, pues la discusión pasará por  aspectos como la evaluación de desempeño, capacitación, incentivos y particularidades del sector educación. Además del tema de empleo público el gobierno también quiere dialogar con los sindicalistas sobre el plan de educación dual.

Después de meses de enfrentamientos por el plan fiscal este año el Poder Ejecutivo y los sindicatos discutirán sobre las reformas al empleo público

Antes de la reunión con el gobernante, los ministros de Educación y Trabajo; Edgar Mora y Steven Nuñez, se reunirán con los representantes de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), el Sindicato Nacional de Educadores (SEC) y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE). Esta reunión será el 23 de enero.

Además también serán recibidos el 25 de enero por la ministra de Planificación, Pilar Garrido.

"Demostrémosle al país que hay buena voluntad de diálogo y de búsqueda de acuerdos para que podamos tener condiciones que generen confianza. Tenemos que dejar atrás el enfrentamiento porque lo que importa es buscar el entendimiento", dijo el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza sobre estas próximas reuniones.

Antes del receso de fin de año el gobierno anunció  que la base del proyecto de empleo público será el proyecto de Ley para Regular las Remuneraciones Adicionales al Salario Base y el Auxilio de Cesantía en el Sector Público, el cual fue propuesto en la pasada administración por la exdiputada de Liberación Nacional (PLN), Sandra Piszk.

El plan de Piszk propone fijar un tope de cesantía de 8 años para todo el sector público y aboga por renegociar las convenciones colectivas de forma periódica.

Actualmente, este incentivo se le paga a las tres categorías, lo que abarca a más de un 99% de los funcionarios. En el 2015, según datos del Ministerio de Hacienda, solo 49 de más de 33.500 empleados perdieron este beneficio.

En el caso de los "muy buenos", el plus iría  entre un 1,45% y un 1,92% anual sobre el salario base, mientras que los empleados "excelentes" recibirían entre un 1,94% y un 2,56%.

En cuanto al pago por dedicación exclusiva, los porcentajes no varían en la propuesta de la diputada Piszk: se mantiene un 20% sobre el salario base a los empleados con grado de bachiller universitario y un 55% para los que tienen licenciatura o grado superior.

Lo que haría el proyecto es obligar a las instituciones públicas a demostrar la necesidad de que ciertos funcionarios no se dediquen liberalmente a su profesión y, por ende, firmar un contrato de dedicación exclusiva con un plazo específico.

En cuanto al plus de prohibición,  el proyecto prohíbe pagarle este incentivo a los no profesionales, mientras que a los bachilleres se les reduciría a un 25% y a los que tienen licenciatura o grado superior, se les bajaría a un 60%.

Actualmente, se paga por prohibición un 25% sobre el salario base a trabajadores públicos no profesionales, un 30% a bachilleres y un 65% a funcionarios con posgrado.

Además, se exigiría que el funcionario acredite tener el grado académico correspondiente y que está incorporado al colegio profesional respectivo.