Allanamientos sin orden judicial son “el camino al autoritarismo de los dictadorzuelos”, afirman abogados

Dos abogados expertos en temas constitucionales y penales consideran que la propuesta de realizar allanamientos policiales sin orden judicial es muy peligrosa, pues sería el camino hacia el autoritarismo por parte de los "dictadorzuelos". Esto surge a raíz de las más recientes declaraciones del diputado electo Nogui Acosta, quien volvió a insistir y defender esa medida para combatir la inseguridad.

"Los jueces naturales son los encargados de dictar y aplicar la justicia en un Estado de derecho que garantice la seguridad, la libertad y los derechos humanos en general. Es muy fácil para los 'dictadorzuelos' tratar de someter a la justicia desde el Poder Ejecutivo, la administración pública o desde algún órgano del Estado", aseguró Manrique Jiménez Meza, abogado constitucionalista.

El martes, Acosta brindó una entrevista en el programa Interferencia de Radioemisoras UCR, donde reiteró la propuesta de que los allanamientos policiales deberían realizarse sin orden judicial para combatir el crimen.

Acosta insistió en que el país debe pensar en las medidas que se tomarán para frenar la ola de delincuencia y puso como ejemplo el caso en el que una jueza no permitió que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ingresara a un edificio de una empresa de seguridad, pese a que había droga en esas instalaciones.

Según relató, otro juez sí firmó la orden de allanamiento, lo que permitió encontrar 400 kilogramos de estupefacientes. Además, señaló que, si se hubiese actuado desde el primer momento, también se habría logrado detener a los criminales.

El diputado cuestionó cómo se puede actuar en un régimen "que no responde" a la dinámica actual de violencia.

Explicación del abogado constitucionalista

Jiménez Meza afirmó que en Costa Rica se están poniendo de moda "ocurrencias" que pretenden trasladar potestades del Poder Judicial a la administración pública, lo cual viola principios básicos del Estado constitucional de derecho y del sistema republicano, dado que la administración pública debe estar sometida al control judicial.

Según precisó, de esa forma se garantiza no solo la seguridad, sino también la libertad ciudadana. Sin embargo, cuando el Poder Judicial queda sometido a la administración pública, se abre la puerta a las dictaduras.

Para el abogado, los allanamientos sin orden judicial son una "barbaridad", pues violan principios básicos del derecho constitucional, así como convenciones y tratados de derechos humanos, la Ley General de la Administración Pública, el Código Procesal Contencioso Administrativo, entre otras normas.

El experto explicó que el problema de esa propuesta es que podría llevar a un Estado policial, donde la administración actúe sin autorización judicial, cuando precisamente el juez es la garantía, en un Estado de derecho, de que no se afecten las libertades públicas ni los derechos ciudadanos.

El jurista detalló que también se abriría la puerta al régimen de responsabilidad administrativa. Esto, porque si se ingresa a una vivienda sin orden judicial, se causan daños y no se encuentra nada, se daría pie a una demanda y eventual condena contra el Estado por afectar el patrimonio privado.

"Está de por medio la presunción de inocencia, que es un derecho humano, guste o no. Están de por medio también las libertades y los derechos humanos en general de los ciudadanos", recalcó.

El abogado agregó que incluso el Poder Judicial puede cometer errores, pero es ese mismo poder, a través de sus distintos órganos, el encargado de corregirlos y sancionarlos, como ocurre en una democracia efectiva como la de Costa Rica.

Asimismo, consideró que el levantamiento de ciertas garantías individuales abre un portillo hacia una dictadura, lo cual no se puede permitir. También calificó la propuesta de Acosta como una "ocurrencia".

Explicación del abogado penalista

Rodolfo Brenes Vargas explicó que la Constitución Política establece, como garantía para todas las personas, la inviolabilidad del domicilio, por lo que para realizar un allanamiento siempre se requiere la orden de un juez. Este es el actor que garantiza que la medida sea necesaria y que se protejan los derechos de las personas.

Las garantías judiciales son una protección frente a la arbitrariedad del poder y, por ello, propuestas como la del diputado electo son "absolutamente populistas", de "corte autoritario" y "sumamente peligrosas". El jurista recalcó que los costarricenses deben resistir la tentación de modificar la Constitución Política y abrir un portillo a la arbitrariedad.

Brenes Vargas considera que es falso que los allanamientos sin orden judicial puedan ayudar a combatir la inseguridad, pues existen otras opciones, como dotar de mejores equipos a los oficiales o brindar mayores capacitaciones.

"La inseguridad se combate primero con políticas coordinadas y con todos los poderes del Estado trabajando de manera conjunta. Dotando a la policía de suficientes recursos materiales para combatir el crimen: que tengan patrullas, que tengan delegaciones y que haya más presencia policial", explicó.

También señaló que se trata de "engaños" para hacerle creer a la población que así se combate la delincuencia, cuando en realidad se debilita la democracia. Añadió que, entre todas las acciones posibles para enfrentar la criminalidad, retroceder en materia de derechos fundamentales no es una de ellas.

El abogado calificó la propuesta de Nogui Acosta como un "pensamiento simplista", "incorrecto" y que, además, "desconoce nuestro derecho".

"Cuando comienzan a retroceder los derechos, se van eliminando otros. Hoy nos piden permitir un allanamiento sin orden judicial; mañana van a pedir escuchas telefónicas sin orden de un juez, y así se erosionan los derechos de las personas y desaparece la democracia", detalló.

No hay daño

Nogui Acosta insistió en que, si los allanamientos sin orden judicial no arrojan resultados o no se ubican indicios de delito, entonces no pasa nada.

"¿Y cuál fue el daño?", indicó durante la entrevista.

A pesar de que se le señaló que allanar una vivienda sin autorización judicial constituye una violación a la propiedad privada, el diputado respondió: "Si hubo un daño, se lo tienen que pagar".

Diputada electa también se pronunció

Abril Gordienko López, diputada electa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien es abogada y notaria pública, también se pronunció sobre las declaraciones de Nogui Acosta.

"Si por la víspera se saca el día, no podemos bajar la guardia, porque con ocurrencias así podríamos perder garantías fundamentales y derechos humanos", escribió en sus redes sociales.

De acuerdo con la legisladora, en una democracia este tipo de propuestas son "inaceptables", "inconstitucionales" y "muy preocupantes", ya que corresponden a reglas propias de regímenes autoritarios, dictatoriales y totalitarios.

Gordienko López recalcó que eliminar la exigencia de orden judicial para allanar una vivienda vulneraría garantías constitucionales básicas. Además, advirtió que solo se obtendrían eventuales pruebas ilegales, lo que derivaría en la nulidad de los procesos judiciales.

La diputada explicó que, a nivel internacional, Costa Rica está obligada por tratados que protegen la vida privada y la inviolabilidad del domicilio, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Por lo tanto, una reforma como la planteada pondría al país en riesgo de incumplimientos internacionales y de eventuales responsabilidades ante órganos de derechos humanos.