Allanamientos sin orden judicial: Nogui Acosta insiste y defiende medida para combatir inseguridad

Que los allanamientos policiales se realicen sin una orden judicial es una propuesta que plantea el diputado electo Nogui Acosta, una posición que ha reiterado en varias ocasiones para combatir la inseguridad en el país.

El economista recalcó su postura sobre el levantamiento de ciertas garantías sociales durante una entrevista en el programa Interferencia de Radioemisoras UCR.

La periodista Hulda Miranda le consultó al exministro de Hacienda que explicara qué es lo que busca el Partido Pueblo Soberano (PPSO) con la propuesta de ese levantamiento de garantías y si, durante los cuatro años de la presidencia de Rodrigo Chaves Robles, no hubo otras alternativas para llegar a escenarios que, si bien la Constitución los prevé, son para momentos extremos.

Acosta respondió que, como país, se debe pensar en qué medidas se tomarán para frenar la ola de delincuencia. Puso como ejemplo un caso en el que, "hace algunos días", una jueza no permitió que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) entrara en el edificio de una empresa de seguridad, pese a que había droga en esas instalaciones.

Según relató, 72 horas después, otro juez sí firmó la orden de allanamiento, lo que permitió encontrar 400 kilogramos de droga. Además, señaló que, si se hubiese actuado desde el primer momento, también se habría logrado detener a los criminales.

El diputado cuestionó cómo se puede actuar en un régimen "que no responde" a la dinámica actual de violencia. Además, insistió en que el levantamiento de garantías "no tiene que ver con todas", pues, según su tesis, podrían limitarse, por ejemplo, el movimiento en un barrio en particular. "Yo creo que ha habido una mala interpretación de lo que se busca", aseguró.

Nogui Acosta detalló que los allanamientos sin orden judicial "no serían todo el tiempo" y que, en esos casos, la Asamblea Legislativa deberá rendir un informe sobre qué fue lo que encontró, cuáles fueron las razones y qué se logró con esa intervención.

También catalogó de "alarmista" afirmar "que vamos a perder las garantías" por la propuesta de la presidenta electa Laura Fernández y su próxima fracción legislativa.

¿Y cuál fue el daño?…

Miranda le cuestionó a Acosta qué ocurre en el caso en que se realiza uno de esos allanamientos sin que ningún juez haya valorado si existían indicios de delito y, una vez en el lugar, no se encuentra nada.

Por su parte, Nogui contestó: "¿Y cuál fue el daño?". Explicó que, si entran a una casa y resulta que no había droga, por ejemplo, entonces no hay ninguna afectación. No obstante, Hulda le recordó que eso constituye una violación a la propiedad privada.

Él insistió en que no pasaría nada porque la persona no tuvo ninguna repercusión, aunque la periodista le cuestionó si a él le gustaría que entraran a su casa sin ninguna orden y le señaló que eso también puede generar daños en la propiedad.

"Si hubo un daño, se lo tienen que pagar", respondió Acosta, a lo que Miranda replicó: "Hay daños que no son solo materiales".

El exministro finalizó señalando que está de acuerdo con esa premisa, pero que, en esos casos, serían los tribunales de justicia los que tendrían que responder por esos otros daños que van más allá de lo económico.

Garantías individuales

Las garantías individuales son mecanismos legales que amparan y protegen los derechos humanos y las libertades básicas de cada persona.

Están consagradas en el Título IV de la Constitución Política e incluyen, entre otros, la libertad de tránsito, el derecho a la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y la propiedad, el derecho de reunión, la libertad de expresión, el derecho de asociación y la igualdad ante la ley.

La misma Constitución especifica los derechos y garantías que pueden ser suspendidos mediante una votación no menor a 38 votos. Estos son los siguientes:

• Libertad de tránsito: impedirle salir de su casa, moverse por el país o incluso regresar a Costa Rica.
• Inviolabilidad del domicilio: allanar su casa sin orden judicial, alegando razones de seguridad.
• Derecho a la intimidad y a las comunicaciones: intervenir llamadas, leer mensajes y revisar documentos privados sin que exista una orden judicial o una investigación penal abierta.
• Garantías contra detención arbitraria: nadie puede ser detenido sin indicios de haber cometido un delito ni sin orden de un juez; sin embargo, podrían detenerle aun sin esos requisitos.
• Derecho de reunión: impedirle reunirse pacíficamente, ya sea para negocios privados, discutir asuntos públicos o examinar la conducta de funcionarios públicos.
• Libertad de opinión: ser perseguido por lo que diga o piense, aunque no cometa ningún delito.
• Libertad de expresión: censurar medios, publicaciones en redes sociales o limitar lo que usted comunica.
• Libre acceso a la información pública: ocultarle información de carácter público o negársela.