Allanamientos por cementazo se extendieron durante 16 horas
Decomisaron documentos, computadoras y celulares de 3 políticos
Imágenes del allanamiento en el Ministerio de Hacienda. Mauricio Mora. CRH
Poco más 16 horas después, los 7 allanamientos hechos por el Ministerio Público en relación con el cementazo concluyeron a las 12:30 a.m. de este jueves.
Las pesquisas, iniciadas a eso de las 8:30 a.m. del miércoles, tuvieron como último punto de acción la casa del viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez Garro.
Previo a eso, fueron allanadas las oficinas de Rodríguez y la de los diputados Otto Guevara Guth (Movimiento Libertario) y Víctor Morales Zapata (legislador independiente) en la Asamblea Legislativa. Además, viviendas de esos diputados.
La Fiscalía General, a través de una publicación en Twitter, confirmó que la evidencia decomisada será revisada por un perito del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
En cada uno de los 7 puntos revisados se encontraron documentos, computadoras y fueron decomisados los teléfonos celulares de los imputados.
"Los carros no fueron objeto de decomiso, únicamente de registro, para localizar pruebas. En los operativos ya concluidos (oficinas públicas) se logró el decomiso de evidencia varia, como computadoras y documentos, así como los teléfonos celulares de los tres investigados, elementos probatorios que serán analizados por peritos del OIJ", señaló la fiscalía, en un comunicado enviado durante la tarde de ayer.
El delito investigado contra Guevara y Morales es el tráfico de influencias (expediente 15-00022-0033-PE). De igual forma, Rodríguez es investigado por ese mismo presunto hecho en el expediente 17-00032-0621-PE.
En los allanamientos participaron 7 fiscales del Ministerio Público y 5 magistrados suplentes de la Sala Tercera.
El viceministro Rodríguez está investigado por aparentemente favorecer el deselmacenaje de cemento chino propiedad del empresario Juan Carlos Bolaños Rojas, propietario de Sinocem Costa Rica y quien permanece detenido por aparentes irregularidades en el manejo de un crédito de $30 millones que le fue otorgado por el Banco de Costa Rica (BCR). Mientras, en el caso de Morales y Guevara se señala un aparente interés para procurar favorecer las actividades comerciales del empresario cementero.
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