Alianza sindical acude a la Sala IV por suspensión de directivos de la CCSS

(CRHoy.com) La Unidad en la Acción Sindical -compuesto por 21 organizaciones laborales- interpuso un amparo contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y su Consejo de Gobierno, por la suspensión de cinco directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El recurso está bajo estudio de admisibilidad desde el 13 de diciembre, un día después de que fuera notificada la separación de cargos, confirmaron la oficina de prensa de la Sala Constitucional y el coordinador de la alianza de trabajadores, Lenín Hernández Navas, ante consulta de CRHoy.com. Al caso se le asignó el expediente 28375-22.

Dicho amparo, del que este medio tiene copia, alega una violación de los artículos 1, 9, 11, 73, 147,148,149, 188 y 189 de la Constitución Política. Estos incluyen, entre otros asuntos, la instalación de la autonomía e independencia administrativa de la institución encargada de los centros de salud públicos, así como la determinación de la responsabilidad del mandatario de turno y sus ministros en caso de que el Gobierno de la República viole una ley expresa.

El recurso se presentó en favor de José Luis Loría Chaves, Mariza de los Ángeles Jiménez Aguilar, Martha Elena Rodríguez González, Carlos Jesús Salazar Vargas y Jorge Arturo Hernández Castañeda. Los tres primeros son los representantes de los trabajadores en la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, el penúltimo representa al Estado y el restante a los patronos. Mediante la solicitud de medidas precautorias (parecida a una disposición cautelar), los recurrentes pretenden la reinstalación en sus cargos hasta la resolución del amparo.

A todos ellos, el Consejo de Gobierno acordó abrirles un órgano administrativo y denunciarlos ante el Ministerio Público, junto al expresidente ejecutivo de la institución, Álvaro Ramos Chaves.

Sin indicar sus nombres, Chaves Robles, así como la actual presidenta ejecutiva de la Caja de Seguro Social, Marta Esquivel Rodríguez, señaló a los cinco directivos de haber incurrido en un supuesto conflicto de intereses al votar a favor de descongelar y aplicar un aumento salarial retroactivo. No obstante, el 26 de octubre pasado, el diario La Nación reveló que Loría Chaves, Rodríguez González, Salazar Vargas y Hernández Castañeda votaron en favor del incremento, aun cuando en apariencia les correspondía abstenerse, en el tanto que familiares directos suyos se beneficiarán de la mejora en sus remuneraciones como funcionarios de la entidad.

Adicionalmente, a tres miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social -cuyos nombres no fueron detallados- se les acusó de supuestamente haber participado en decisiones en contra del salario mínimo inembargable, a pesar de que son integrantes de organizaciones financieras que se beneficiarán con esa determinación.

Otro de los motivos dados por la jerarca para aplicar la suspensión a los directivos tiene que ver con un presunto incumplimiento de deberes, toda vez que, se cree que estos omitieron una valoración actuarial y criterios técnicos, así como la política salarial que seguía la institución, a la hora de acordar el ajuste salarial. Un último punto que trajo a colación Esquivel Rodríguez son supuestas irregularidades en el nombramiento del gerente administrativo, Gilberth Alfaro Morales.

"Es una intromisión muy peligrosa"

La suspensión dispuesta por el Consejo de Gobierno en el marco de la investigación que se sigue contra los cinco directivos es vista como un "agravio nunca antes visto en la historia de la Caja Costarricense de Seguro Social", desde los ojos del coordinador de la Unidad en la Acción Sindical, Lenín Hernández Navas. Por eso es que pretenden que la separación de puestos sea anulada, ya que el órgano que dispuso la suspensión no tiene competencias para tal fin, opinó el vocero.

El dirigente expuso que el amparo era necesario como una primera acción legal en defensa de la autonomía de la institución, así como de la representatividad de los trabajadores en la Junta Directiva de esa entidad. En ese sentido, recordó que que la misma Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) también se pronunció en contra de esta decisión y expuso su profunda preocupación, al tiempo que recordó que el numeral 8 de la Ley Constitutiva de la Caja de Seguro Social establece que los representantes de los sectores son inamovibles, salvo que se declare en su contra alguna responsabilidad legal.

"Consideramos que es una intromisión muy peligrosa la gestión que se pueda realizar desde la institución y su máximo órgano, que es la Junta Directiva. Esto prácticamente sería que el Ejecutivo está interviniendo la Caja. Eso es lo que está sucediendo, a hoy la Caja está siendo intervenida por el Ejecutivo.

"Nótese como ya ocurrió lo mismo con el Banco Popular, al que se le hizo una intervención al nombrarse una Junta Directiva pro tempore, siendo una potestad de la Asamblea de los Trabajadores nombrar a estos representantes. Vemos muy peligroso, de cara al respeto a la institucionalidad, que esa sea la estrategia política del Ejecutivo, de intervenir instituciones públicas en donde su política no le conteste a sus intereses. Por eso nosotros vimos esa necesidad imperiosa de interponer este recurso de amparo", destacó el coordinador de Unidad en la Acción Sindical en entrevista con CRHoy.com.

Otro punto que preocupa a Hernández Navas es que el Gobierno tome control total de la Junta Directiva. "Imagínese lo que es que los representantes del Ejecutivo tomen todas las decisiones con relación a la Caja. Estamos hablando del portafolio de inversiones, de equipamiento, de tecnología, de medicamentos, de procesos de compras de más de $1 millón, de recurso humano… eso solamente en el Seguro de Salud, ¿y el de Pensiones?", indicó.

Ahora bien, tras la suspensión, la Junta Directiva tiene solo cuatro miembros: Marta Esquivel Rodríguez, Juan Ignacio Monge Vargas (Estado), Marielos Alfaro Murillo (patronos) y Adrián Torrealba Navas (patronos).

El mínimo necesario para sesionar son cinco integrantes, según el ordinal 18 de la Ley Constitutiva de la institución. Sobre las implicaciones de la paralización de la cúpula, Esquivel Rodríguez mencionó al portal de noticias AmeliaRueda.com que "no hay nada extraordinaria" en la agenda próxima de la Junta Directiva y abonó que únicamente esta pendiente una autorización de compra. Explicó que se hará el un esfuerzo para que los sectores "nos ayuden si es del caso, a nombrar de la forma más rápida posible y poder tener una integración lo más pronto posible".