Alianza Evangélica pide a presidente no firmar Reglamento Sanitario Internacional
RSI ES UN INSTRUMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL.
Foto AFP
La Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC) anunció este jueves 23 de mayo que rechazan con determinación las posiciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales, ya que aseguran que pretenden acabar con la soberanía como nación y atentar contra la vida de los más indefensos.
Es por eso que, ante el llamado hecho por la ONU a despenalizar el aborto en Costa Rica y dejarlo por la libre, hacen un llamado vehemente a las autoridades del Gobierno de la República.
"Defender nuestra soberanía como Estado costarricense ante las presiones de organismos internacionales, respetar y proteger el derecho fundamental a la vida de toda persona. No renunciar a proteger la vida como principal derecho humano", indicaron mediante comunicado de prensa.
Además, aseguran que creen firmemente en que los valores y principios humanos están por encima de todas las cosas y entre esos está el valor supremo de la vida.
También, aprovecharon para pedirle al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, que no permita que Costa Rica firme las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional (RSI), que pretende poner en conocimiento la Organización Mundial de la Salud (OMS) a los países miembros en los próximos días.
"De aprobarse las enmiendas, las recomendaciones de la OMS ya no serían recomendaciones, sino disposiciones que deben ser acatadas obligatoriamente ante una eventual emergencia sanitaria ocasionada por una pandemia como la vivida por el Covid-19, con todas las implicaciones que eso pueda traer a nuestro país", explicó el pastor Ronald Vargas, presidente de la FAEC.
El RSI es un instrumento de derecho internacional, legalmente vinculante, que cubre medidas para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas. Fue aprobado por la 58a Asamblea Mundial de la Salud en el 2005.
En el caso de Costa Rica, fue aprobado y oficializado en nuestro ordenamiento jurídico costarricense mediante el Decreto Ejecutivo No. 34038.