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Alejandro Picado sobre investigación en su contra: “No me voy a referir a aspectos específicos del caso”

Es al único imputado de "Pista Oscura" al que no le dictaron medidas cautelares

Por José Adelio Murillo | 20 de May. 2025 | 11:23 am
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La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) señala en la investigación que el jerarca habría incurrido en conductas delictivas al incluir datos falsos en un informe que abrió la puerta para destinar fondos de emergencia a un contrato de casi $40 millones, otorgado por el Gobierno a la empresa Constructora MECO S. A. para las reparaciones en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Guanacaste.

Consultado por la prensa sobre los señalamientos del Ministerio Público, Picado aseguró que no entraría en detalles sobre los hechos que se le imputan. Así lo señaló este lunes, tras salir de la audiencia de medidas cautelares.

"No me voy a referir a aspectos específicos del caso", se limitó a indicar ante la consulta de CR Hoy.

La orden de allanamiento recopila parte de los actos que se le achacan a Picado, en la misma causa en la que se investiga al exministro Mauricio Batalla Otárola, al director de Aviación Civil, Marcos Castillo Masís, y a otras once personas imputadas por presuntos delitos como tráfico de influencias, influencia contra la Hacienda Pública y malversación de fondos.

La causa está relacionada con la adjudicación de un contrato para que esa empresa asumiera la reparación de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (AIDOQ), bajo el argumento de que presentaba daños provocados por el paso de tres tormentas tropicales que realmente no afectó Liberia.

No obstante, informes técnicos previos descartaron que ese fuera el origen de la afectación estructural.

Aun así, Batalla impulsó una modificación al contrato para que MECO continuara con las obras y pudiera cobrar la totalidad del monto acordado, sin recibir sanciones por los incumplimientos detectados.

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Desde el inicio, Picado fue quien trabajó con el mandatario Rodrigo Chaves Robles, la entonces ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, y el exjerarca de Obras Públicas, Luis Amador, en la elaboración del decreto ejecutivo que permitió licitar esos trabajos por la vía de emergencia, sin necesidad de fiscalización previa por parte de la Contraloría General de la República (CGR).

Según la FAPTA, Picado figura como uno de los principales gestores de las irregularidades, al facilitar la firma del decreto mediante acciones calificadas como delictivas.

"(…) tenemos la posible conducta delictiva del imputado Alejandro Picado Eduarte, quien también como funcionario público y nombrado al momento en que ocurren los hechos Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, se denota que el mismo aprovechó su posición en su cargo para insertar hechos falsos en el informe para la inclusión de la rehabilitación en el Decreto Ejecutivo",señala la Fiscalía en la orden de allanamiento.

Añade que Picado sostuvo que los daños en la capa subyacente de la pista fueron provocados por las ondas tropicales 11 y 12, así como por la tormenta tropical Bonnie, ignorando los análisis técnicos previos que señalaban la inexistencia de un nexo causal.

Según la Fiscalía, esta afirmación tuvo como propósito facilitar la aprobación de las propuestas de reparación incluidas en el decreto de emergencia firmado por el mandatario Chaves, con el fin de utilizar fondos de la CNE como parte de un procedimiento de contratación por excepción, a sabiendas de que se incurría en una irregularidad.

El informe destaca que se manipularon datos para justificar la inclusión del evento en dichas gestiones, pese a que no guardaba relación con una situación de emergencia, lo que habría generado una afectación a la Hacienda Pública y al interés público.

Pese a que contra Picado no se dictó ninguna medida cautelar, el fiscal del caso, Diego Maroto, afirmó que no se ha refutado la posible comisión de un delito.

"La señora jueza consideró que había algunos aspectos relacionados con la participación de él. Es importante aquí aclarar que con respecto a los hechos en específico, la jueza no los cuestiona, considera que sí existe la delincuencia que aquí se ha investigado por parte de la Fiscalía.

Sin embargo, ella tiene dudas con respecto a la influencia que don Alejandro pudo haber generado sobre otras personas que también participaron", puntualizó el fiscal.  

No obstante, para José Francisco Madrigal, abogado defensor de Picado, lo que dijo la jueza fue que el Ministerio Público había presentado prueba para demostrar que no existía un nexo causal entre las tormentas tropicales y los daños en la pista del aeropuerto Daniel Oduber, pero que, a la fecha, no se ha aportado prueba para demostrar que el jerarca falseó la información en documentos públicos.

"Básicamente es que no hay todavía ninguna prueba suficiente para sostener un juicio de sospecha y de culpabilidad por parte de mi representado", señaló el jurista.

Tras quedar sin limitaciones legales, Picado quedó habilitado para regresar a la presidencia de la CNE.

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El documento judicial confirma que Picado actuó irregularmente desde el inicio, al emitir el 20 de junio de 2023 el informe titulado "Solicitud de inclusión en decreto de emergencia no. 43626-MP ante afectación grave de la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Daniel Oduber Quirós".

"(…) en forma espuria y a sabiendas de que las ondas tropicales número 11, 12 y la tormenta tropical Bonnie no afectaron el cantón de Liberia en la provincia de Guanacaste, solicitaron que se incluyera dicho cantón en el decreto de emergencia 43626", detallan.

En una solicitud se indicaba que la tormenta Bonnie y otros eventos meteorológicos del año 2022 ocasionaron una contaminación generalizada de la base de la pista con materiales orgánicos, los cuales afectaron los drenajes y redujeron la capacidad estructural en un 60 %.

Ambos efectos combinados, según se argumentó, habrían acelerado la tasa de deterioro del pavimento.

Sin embargo, tanto ese como otros argumentos resultaron ser falsos, ya que múltiples informes técnicos evidenciaban que los daños descritos ya existían con anterioridad a dichos fenómenos naturales. Por lo tanto, el supuesto nexo de causalidad entre los eventos climáticos y el deterioro de la pista no se sostiene.

Esta situación provocó que otros problemas estructurales, ocasionados por desastres ocurridos meses después, no pudieran atenderse adecuadamente, ya que los recursos fueron desviados a obras que no guardaban relación con una emergencia real.

"(…) mediante estas acciones, se ocasionaría que se le diera un destino diferente a los dineros públicos provenientes del fondo de emergencias, el cual se rige por las normas del régimen de excepción que es exclusivo para la atención de esta naturaleza, para atender en forma oportuna y con celeridad las emergencias que azotan al país, es decir, se utilizaron recursos financieros finitos y escasos del Fondo Nacional de Emergencias, cuya finalidad primordial es la atención de eventos de emergencia.

(…) lo que imposibilitó la atención de otros eventos de atención urgente como los provocados por el Huracán Julia que si tiene nexo de causalidad con relación a los efectos que generó en el país", sostiene el informe judicial.

 A partir de lo hecho por Picado, el exministro Luis Amador y el exdirector de Aviación Civil, Fernando Naranjo —quienes también figuran como imputados en la causa— iniciaron el proceso para dar apariencia de legalidad a la intervención de emergencia en el aeropuerto.

Con el proceso concluido, se lanzó un cartel de licitación que finalmente se adjudicó a MECO, pese a que existían propuestas más baratas y con ofertas similares. El Gobierno justificó que se eligió a esa empresa por su "experiencia".

Por ello, a las personas investigadas se les atribuye haber actuado en forma conjunta para dirigir el proceso mediante el cual se logró modificar el contrato entre la CNE y la constructora.

Además, se les achaca haber aprovechado la influencia política y la posición jerárquica que ostentaban para influir sobre funcionarios públicos a fin de que firmaran la orden de modificación, en contra de los criterios técnicos que se habían emitido respecto de la improcedencia de dichos cambios.

Picado fue capturado en su vivienda en Heredia hace una semana. La Fiscalía apeló su liberación.

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