Aldesa apelará quiebra: Decisión destruye severamente el valor de los activos

(CRHoy.com) Aldesa Corporación de Inversiones S.A. anunció que apelará la resolución que convirtió su proceso de convenio preventivo de acreedores en uno de liquidación, llamada "quiebra" antes de la entrada en vigencia de Ley Concursal de Costa Rica el 1° de diciembre pasado.

La decisión -que carece de efecto suspensivo- la informó el presidente de la empresa, Javier Chaves Bolaños, mediante un comunicado enviado el 25 de julio a los inversionistas, al que CRHoy.com tuvo acceso. El documento fue publicado un día más tarde en la sección de opinión del diario La Nación.

El representante de la compañía aseguró que actuó "con buena fe" al emprender tres años atrás el convenio de acreedores con el que pretendía hacer un pago "ordenado" de pasivos, "seguros de que el desenlace no tenía que ser este que vemos ahora". Recalcó que, al ordenarse la liquidación, los acreedores perdieron la posibilidad de decidir si aceptaban o no el plan de desembolsos propuesto por Aldesa.

"Al cambiar la propuesta por una liquidación, el Juzgado Concursal nombrará a un liquidador, quien deberá ‘subastar' los activos en un plazo de tan solo seis meses. Todos sabemos que salir a vender en estas condiciones, en vez de desarrollar esas propiedades como era nuestra propuesta, hará que se destruya severamente el valor de los activos, en perjuicio de los inversionistas", escribió el empresario.

La "quiebra" establecida el 22 de julio por la jueza Jennifer Arroyo Chacón, al resolver una solicitud de insubsistencia del proceso (mecanismo mediante el cual se cuestiona la viabilidad del convenio preventivo) se justifica en una incapacidad de la compañía para cumplir una ruta de saneamiento financiero que tenía como fin el cancelar una serie de obligaciones de pago.

Esa gestión fue promovida por el abogado Ronny García González así como la inversionista Flora Fernández Amón. Chaves Bolaños señaló que, "paradójicamente", el órgano jurisdiccional se inclinó por el planteamiento de esa parte aún cuando no representa "ni el 1% de los acreedores, en perjuicio de más del 99%".

Consultados por este medio sobre el particular, el jurista dijo que no respondería y más bien pidió al presidente de Aldesa que revele la lista de activos con los cuales pretendía cumplir con la propuesta de pago, mientras que la afectada destacó que lo hizo para "terminar con esta angustia y agonía".

Camino a la "quiebra"

Javier Chaves Bolaños además enumeró una serie de elementos que llevaron al Juzgado Concursal a concluir que la compañía no honrará el plan de reembolsos.

Uno de ellos es que el propio ente permitió el remate bancario sobre una parte importante de los terrenos del proyecto Monte del Barco, "clave" para la recuperación de la compañía, según el escrito.

"Para explicarlo resumidamente, la regla es que solo se puede rematar una propiedad sometida a un convenio de acreedores, si el remate es notificado antes de la apertura formal del convenio. En nuestro caso, el convenio fue aprobado en julio del 2020, sin que constara en el expediente la convocatoria del remate, que se efectuó en febrero del 2021, es decir, fuera del plazo y en contraposición a lo que dicta la norma. El juez debió preservar el patrimonio en beneficio de todos los acreedores y no favorecer a uno solo", resaltó el empresario.

Tal gestión derivó en un ajuste contable del Fondo Monte del Barco que, al sacar ese activo de su balance, ocasionó un incremento en la razón de endeudamiento, con lo que sobrepasó el 60% dispuesto en la normativa aplicable a los fondos de desarrollo inmobiliario.

Por lo anterior, Aldesa convocó a una asamblea de inversionistas con el objetivo de desinscribir el fondo y continuar operando como sociedad anónima (a la cual no le aplicaba el límite de endeudamiento). De esa manera, pretendía eliminar la causal de intervención de la Superintendencia General de Valores (Sugeval), reconoció su presidente.

"Sorpresivamente, menos de 24 horas antes de la celebración de la asamblea que corregía el problema, María Lucía Fernández Garita, superintendente general de Valores, emitió la orden de suspenderla y, una semana después, la empresa fue intervenida por la misma causal que se hubiera corregido de haberse podido celebrar la asamblea.

"Claramente, la intervención vino a ser la forma en que la Superintendencia quiso defenderse de su supuesto incumplimiento de deberes, en perjuicio de los intereses de todos los inversionistas. Este fue el segundo detonante", subrayó el presidente de la compañía.

De acuerdo con Chaves Bolaños, la intervención de la compañía se dirigió a liquidar el Fondo Monte del Barco, trasladar la administración de un segundo fondo inmobiliario a otra sociedad administradora de fondos de inversión y cerrarlo.

"En distintas oportunidades le hicimos ver por escrito al interventor que esas decisiones harían que los inversionistas del Fondo Monte del Barco, a quienes la intervención estaba llamada a proteger, perdieran la totalidad de su inversión. Le señalamos, además, que eso afectaría también a todos los acreedores que de buena fe se habían acogido al convenio de acreedores. Finalmente, le hicimos ver que también causarían el cierre de la empresa en su totalidad, debido a que su decisión disminuía los ingresos en dos terceras partes, sin los cuales no se podría seguir operando. Lamentablemente, los funcionarios de la Superintendencia desoyeron nuestras advertencias. Fue así como se llegó a la resolución de liquidación", indicó el empresario.

"Las decisiones tomadas por autoridades desde fuera de la empresa, a las cuales siempre nos opusimos, imperaron en perjuicio de todos los inversionistas", agregó.