Alcaldesa sobre cobro de ¢9 millones a exfuncionaria: “Estamos resolviendo”

Edificio de la Municipalidad de Jiménez.

La alcaldesa de la Municipalidad de Jiménez, Ana Isabel Azofeifa Pereira, indicó que el Concejo Municipal envió una respuesta a la Contraloría General de la República (CGR) por el caso de un cobro de poco más de ¢9.9 millones, por salarios indebidos pagados a una exfuncionaria municipal.

El caso se remonta al año 2017, cuando la sobrina de la entonces alcaldesa, Lissette Fernández Quirós, presentó una certificación falsa de la Universidad de Costa Rica (UCR), que la acreditaba como bachiller en Antropología Social.

La entonces funcionaria municipal de apellidos Fernández Fallas usó el título falso para lograr que se le promoviera de categoría, pasando de técnico municipal 1 a la categoría profesional 1, dentro del Departamento de Gestión Vial de la Municipalidad de Jiménez.

La Contraloría está exigiendo que la municipalidad cobre los salarios y envió gestiones desde finales del 2023 para presionar por el proceso.

Azofeifa señaló que ella conocía del caso antes de llegar a la alcaldía, que incluso fue tema de discusión en la pasada campaña municipal.

Explicó que tras llegar a la alcaldía en mayo pasado comenzó a revisar los casos pendientes.

Buscar abogado

Señaló que anteriormente se hicieron algunas gestiones del cobro a la exfuncionaria, pero que no obtuvieron respuesta.

Razón por la cual se decidió contratar un abogado para llevar el caso.

"En el caso del cobro a esta muchacha, ahorita, la municipalidad no cuenta con un abogado de planta para llevar el caso. Lo que estamos haciendo es redactando los términos de referencia para hacer esa contratación y llevar el caso y empezar el proceso de cobro como corresponde", explicó.

"Esperamos tener esta contratación lista en las próximas 2 semanas y contar con el abogado para resolver, pero si es un tema que estamos resolviendo", agregó.

Azofeifa indicó que para evitar que casos similares ocurran en su administración ha pedido una reunión para revisar los expedientes de los funcionarios municipales y los atestados de cada uno.

"De aquí en adelante vamos a corroborar con más sigilo los atestados y referencias que es parte esencial de un proceso de contratación", comentó.