Sociedades y llamadas: así operó red de trámites cedidos por influencia de alcalde de Santa Cruz
Jorge Arturo Alfaro Orias, alcalde de Santa Cruz desde el 2020.
El alcalde de Santa Cruz, Jorge Arturo Alfaro Orías, en apariencia aprovechó su jerarquía para que sociedades anónimas, una de ellas presidida por su hijo, obtuvieran concesiones en playas como Junquillal, Playa Blanca y Avellanas y las vendieran luego a terceros, según el describe la investigación del Ministerio Público sobre el caso relacionado con los allanamientos de este martes a la municipalidad.
El documento destaca un esquema o modo de operación con tres fases, la mayoría de estas gestionadas por llamadas a las que tuvo acceso el Ministerio Público.
Primero, las sociedades, creadas con ese propósito, habrían aprovechado la posición del alcalde para influir en los funcionarios del Departamento de Zona Marítimo Terrestre.
Luego, habrían obtenido derechos sobre concesiones muy cotizadas por inversionistas nacionales y extranjeros y por último, habrían vendido las acciones o cedido esos derechos por montos altos, con lo que los participantes, incluidos funcionarios que valoran y otorgan las concesiones, habrían aumentado su patrimonio.
La estructura la integrarían el alcalde, quien se autodenomina "El Gallo"; su hijo Jorge Alfaro Molina, presidente de Tamarindo Los Sueños Tres Marettimo S.A., y los empresarios Sergio José Canales Solís y André Canales Cárcamo, padre e hijo y representantes legales de diversas sociedades. También colaborarían otros funcionarios de la Municipalidad de Santa Cruz.
El documento señala que aprovechando su jerarquía, Alfaro Orías influyó de manera ilegítima en los funcionarios del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, encargados de los trámites.
La Fiscalía investiga a nueve personas por estos hechos, pero ninguna fue detenida en los cuatro allanamientos dirigidos por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).
Llamadas de alcalde
Como parte de las pesquisas, el OIJ analizó comunicaciones telefónicas entre 2021 y 2024 y detectó un flujo importante de llamadas entre los empresarios, el alcalde, su hijo y funcionarios municipales.
Los análisis citados en el expediente identificaron contactos con empleados cuyas funciones estaban relacionadas con permisos constructivos, inspecciones y otros actos administrativos de interés para los particulares.
La Fiscalía relaciona ese intercambio de llamadas con el crecimiento de los proyectos de Masorati. Según los registros del CFIA citados en la causa, la empresa pasó de presentar un proyecto en 2020 a 15 en 2021 y 43 en 2022.
Por separado, el documento contabiliza 145 permisos de construcción hasta 2024 y señala que una actualización a 2025 incorporó otras 21 construcciones, para un total de 166 registros durante el período investigado. El fragmento no detalla el estado de aprobación de cada gestión.
Además del alcalde y su hijo, el documento identifica al asesor de alcaldía Mauricio Zumbado Arrieta; a José Francisco Moreno Zapata, encargado del Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo, y a los inspectores José Ángel Hidalgo Miranda y Carlos Otoniel Cedeño Leiva.
La Fiscalía sostiene que estos funcionarios habrían actuado de común acuerdo con los empresarios para favorecer las gestiones. En su comunicado confirmaron que se indaga la presunta comisión de los delitos: tráfico de influencias, cohecho y enriquecimiento ilícito.
La Municipalidad de Santa Cruz manifestó, en un comunicado del 20 de octubre, su disposición a colaborar con las autoridades judiciales y expresó respeto por las actuaciones de la Fiscalía y del OIJ.